Chilpancingo, Guerrero, a 25 de abril de 2026.- Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), así como organizaciones sociales y colectivos de víctimas de desapariciones en la entidad, marcharon ayer del parque Margarita Maza, ubicado en el norte de la capital, a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde protestaron por la falta de resultados en las investigaciones del asesinato del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, a un año de los hechos.
Suástegui Muñoz fue atacado a balazos el 18 de abril de 2025, al salir de la playa Icacos, en Acapulco y ocho días después, el 25 de abril, falleció a consecuencia de las heridas de bala que recibió.
Al grito de “justicia, justicia, justicia…” más de 200 marchistas llegaron a las 2:20 de la tarde afuera de la FGE, donde exigieron que una comisión fuera recibida por el fiscal Zipacná Torres Ojeda para que les informara de los avances de la investigación del caso.
El plantón se mantuvo frente a la FGE hasta a las 7 de la noche bloqueando el carril de sur a norte del bulevar del encauzamiento del río Huacapa. Hasta esa hora fueron recibidos por el funcionario.
Antes, en declaraciones a los medios de comunicación, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que la falta de resultados implica la complicidad que hay entre autoridades y la delincuencia organizada en el asesinato del dirigente histórico del Cecop.
Recordó que Suástegui había pedido protección al Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos, porque era perseguido y amenazado ante sus denuncias sobre la vinculación que hay entre autoridades, empresarios y el crimen organizado, pero se la negaron.
El defensor denunció que la FGE incurre en dilaciones y restringe el acceso al expediente, y ha mantenido un trato inadecuado hacia las víctimas, lo que ha generado desconfianza en los familiares y las organizaciones sociales.
“No hay órdenes de aprehensión ni acciones penales claras; vemos una actuación ambivalente que no da certeza”, dijo Abel Barrera y lamentó que, aunque es claro que hay responsables no sólo materiales, sino intelectuales, no haya ningún detenido, y ni siquiera se hayan profundizado las investigaciones.
Lamentó que, además, la autoridad argumenta falta de pruebas, cuando existe material videográfico que podría contribuir a la identificación de los responsables.
El director de Tlachinollan declaró que no ha habido un seguimiento puntual al caso, e indicó que la reunión que tuvo la familia de Suástegui Muñoz con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el año pasado, fue sólo mediática para contener la presión social puesto que no tuvo mayores efectos.
Después, durante el mitin frente a la FGE, Barrera Hernández exigió que se “rompa con esa inercia de seguir protegiendo a los autores materiales e intelectuales”.
Dijo que en este gobierno no se ha desmontado ni desmantelado el patrón de criminalidad; “pasó el PRI y generó una estructura criminal dentro de la Procuraduría de Justicia (hoy FGE) con policías violadores de derechos humanos y gatilleros de los caciques, vino el PRD y siguieron los asesinatos de estudiantes por policías estatales y federales, y no se castigó a nadie, se mantuvo la misma estructura delincuencial de hace más de cinco décadas”. Agregó que, ahora, con la FGE del gobierno de Morena “se mantiene el mismo patrón de impunidad en Guerrero”.
Indicó que por eso continúa la “cauda de violencia” y las efemérides de todo lo que ha causado dolor a las familias, generado mucha ingobernabilidad y daño a las víctimas, por eso no podemos decir que este es un gobierno democrático y que hemos transitado a la justicia, ni que hay gobierno comprometido con las víctimas ni con los luchadores sociales, porque éstos son perseguidos, encarcelados y ejecutados, como sucedió con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente que sigue desaparecido”.
En un boletín de prensa, Tlachinollan señaló también que “el gobierno de la Cuarta Transformación de Guerrero se muestra impasible y condescendiente con los perpetradores que le arrancaron la vida a Suástegui”.
Agregó: “Se cumple un año sin que la FGE entregue resultados fehacientes para detener a los responsables”.
Criticó que el vocero del Cecop haya sido atacado y ningún cuerpo policiaco acudiera a auxiliarlo, “a pesar de que en ese Viernes Santo se habían desplegado más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional”.
Y ahora, la FGE “ha dejado que el tiempo desgaste a las víctimas y que la carpeta de investigación no avance, haciendo más cruento el sufrimiento de sus familiares que nunca imaginaron que con este gobierno se recrudecerían los vicios de la dilación, colusión, complicidad, inacción, desprecio a las víctimas y denostación de la memoria del defensor del territorio Marco Antonio Suástegui”.
Recordó que la Fiscalía informó el año pasado la detención del autor material, pero después aclaró que el detenido fue por otro delito y el órgano investigador lo puso en libertad, y posteriormente negó la detención del personaje.
“Esta forma opaca y truculenta de informar a las familias pone en duda la veracidad de las investigaciones, su imparcialidad y su verdadero compromiso para cumplir con su responsabilidad de investigar los delitos tomando en cuenta las pruebas y testimonios recabadas durante el proceso de investigación”, indicó Tlachinollan.
Exigió a la Fiscalía que cese la simulación, “que actúe conforme al compromiso asumido de cara a la sociedad de procurar justicia y atender a las víctimas, que ejecute las órdenes de aprehensión y combata la impunidad”.
Pidió al gobierno del estado que deje “las ambigüedades y tibiezas; que se pronuncie y se coloque del lado de las víctimas. Que como autoridad fije postura y exija avances en las investigaciones, máxime cuando las víctimas han dado su testimonio y han presentado pruebas y existen señalamientos precisos para detener a los responsables”.
Entrevistado por teléfono por la noche, después de la reunión con el fiscal Torres Ojeda, Barrera Hernández informó que le pidieron que le diera celeridad a la investigación, avanzar en la petición de las órdenes de aprehensión, que se garanticen resultados, además de que haya una mejor comunicación con las víctimas y sus representantes.
Barrera Hernández declaró que el fiscal les dijo que hay avances, pero que “por cuestiones de la secrecía de la investigación no les podía informar de lo que están haciendo para no afectar el proceso”.
Barrera dijo que le respondieron que son respetuosos del sigilo de la investigación, pero que los avances se vean en los hechos, con resultados tangibles, y que esperan que el caso no se demore más.
Reconoció que salieron satisfechos porque la familia de Suástegui Muñoz quería que el fiscal los escuchara y, también, escuchar la opinión del fiscal sobre el caso.
Participaron en la manifestación, además de los integrantes del Cecop, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino; integrantes de Tlachinollan, del Frente Popular de la Montaña (FPM); del colectivo Lupita Rodríguez de Chilpancingo; el vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega; una comisión de trabajadores de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández.
Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
