-Habrían conspirado con Los Chapitos para introducir drogas a ese país a cambio de apoyo para ganar la elección de 2021 y sobornos.
-Las organizaciones criminales “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, dice el fiscal a cargo del caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York
-Usaron sus cargos públicos para “proteger las operaciones” del Cártel de Sinaloa, dice el director de la DEA
-La solicitud de extradición llegó sin pruebas y se violó la confidencialidad, responden la FGR y Cancillería
Ciudad de México, 30 de abril de 2026. En un hecho sin precedente en la historia de las relaciones bilaterales, la fiscalía federal de Estados Unidos anunció ayer acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, y otros nueve funcionarios o ex funcionarios del estado, por delitos de tráfico de drogas y armas.
La acusación incluye a un senador, un vicefiscal y al alcalde de Culiacán, todos en el ejercicio de sus cargos, y también a dos ex secretarios del gobierno estatal.
Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Estados Unidos nunca había formalizado antes una acusación penal de ese calibre contra un gobernador mexicano dentro de su mandato ni había involucrado en la misma causa a funcionarios en ejercicio de la misma administración.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos implican que Rocha Moya y sus coacusados enfrentan condenas de por lo menos 40 años de prisión.
Los fiscales del Departamento de Justicia formularon la acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York con base en una resolución de un gran jurado. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
El 20 de febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue designado oficialmente por Estados Unidos como “organización terrorista extranjera”.
“Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas”, dijo enton-ces el Departamento de Estado.
Los Chapitos ayudaron a la elección del gobernador, según el documento judicial
Los nueve señalados colaboraron con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, el ex líder de la banda y quien ahora purga en Estados Unidos una cadena perpetua, según la acusación.
Los Chapitos ayudaron a la elección de Rocha Moya en junio de 2021, mediante secuestros e intimidación a los rivales del ahora mandatario, señaló el documento judicial.
A cambio, Rocha Moya, ya como gobernador, asistió a reuniones con los delincuentes y prometió protección para sus operaciones, dijo la versión.
Rocha Moya y sus coacusados ayudaron a proteger a miembros del Cártel de Sinaloa de investigaciones, arrestos y cargos; les brindaron información procedente de autoridades judiciales y militares y les permitieron cometer actos de violencia relacionados con el narcotráfico, agregó.
Los ahora acusados, dice el documento, recibieron millones de dólares del Cártel. Actuaron a todos los niveles del gobierno en Sinaloa y abusaron de sus posiciones y autoridad para ayudar a las operaciones de Los Chapitos.
“Rocha Moya ha permitido a Los Chapitoss operar con impunidad en Sinaloa”, concluyó la acusación.
Dos de Los Chapitos, Ovidio (El Ratón) y Joaquín Guzmán López están bajo proceso judicial en Estados Unidos. Ambos se declararon culpables de diversos cargos de narcotráfico, lo que sugiere que colaboran con la fiscalía.
Otros dos hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar están prófugos y es posible que mantengan sus operaciones en Sinaloa.
El año pasado, 17 familiares de El Chapo, incluso su ex esposa Griselda López Pérez, se entregaron a las autoridades estadunidenses, sin que hasta la fecha se conozca públicamente su situación.
En julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada, quien fuera líder de la otra facción del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López en circunstancias no esclarecidas, y llevado a Estados Unidos. México ha reclamado información del caso, hasta ahora sin éxito. Zambada está procesado también por la justicia estadunidense.
Los otros acusados
El alegato de la Fiscalía estadunidense señaló que el ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, está acusado de recibir mil 600 dólares mensuales para dar acceso a Los Chapitos a esa corporación, facilitarles el uso de oficinas y que pudieran así mantener el control de la ciudad, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
De acuerdo con la acusación, en octubre de 2023 Valenzuela Millán ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y a un familiar, a quienes torturaron y asesinaron.
El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, dijo que “el Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, dijo Jay Clayton.
Los otros acusados son:
–Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena, ex presidente del Poder Judicial de Sinaloa y primer secretario de Gobierno de Rocha Moya.
–Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
–Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal.
–Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal sustituto de Culiacán.
–Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juanito.
–Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad del estado.
–Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación del estado.
–Alberto Jorge Contreras Núñez (Cholo), ex comisario general de Policía de Investigación del estado.
–JoséAntonio Dionisio Hipólito (Tornado), ex subdirector de la Policía Estatal.
Los acusados usaron sus cargos públicos para “proteger las operaciones del cártel”: DEA
El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, expresó que los funcionarios de Sinaloa utilizaron sus cargos para proteger actividades del Cártel de Sinaloaa.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una Organización Terrorista Designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, expresó Cole.
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, añadió.
“Agradecemos a nuestros socios estadunidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadunidense y salvar vidas’’, detalló el director de la DEA quien estuvo como director regional de esa agencia en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Se investigará en todos los casos la “corrupción que facilita el crimen organizado”: Johnson
Tras conocerse la acusación, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado serán castigados.
“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, aseveró.
EU no ha aportado pruebas y violó la confidencialidad: FGR y Cancillería
La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Estados Unidos no aportó evidencias contundentes contra el Gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, y otras nueve personas en la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por delitos de narcotráfico.
Ulises Lara, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, informó que se analizará si es viable pedir a un Juez la detención de los acusados con fines de extradición y que, al mismo tiempo, se iniciará una carpeta de investigación para determinar si la acusación tiene fundamento.
“Es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud”, dijo en un mensaje a medios transmitido por internet.
“De manera paralela, esta FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
“De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, aseveró.
La Ley de Extradición Internacional y el Tratado Bilateral en la materia no exigen presentar las pruebas de una imputación en la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
En este procedimiento, la FGR primero debe pedir la detención a un Juez y, una vez que se gira la orden y el extraditable es detenido, se abre un plazo de 60 días para que el país requiriente, ahora sí, presente las pruebas en la solicitud formal de extradición.
A pesar de lo anterior, Lara dijo que las leyes mexicanas señalan que, para solicitar una orden de aprehensión -mandato que no es el que pide Estados Unidos- se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
“No obstante, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país”, dijo.
“Por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de Gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos”.
En su mensaje, el Fiscal reprochó que las autoridades del país vecino hayan violado la confidencialidad de la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rocha y sus coimputados.
La solicitud de extradición llegó desde la tarde del martes, informa Relaciones Exteriores
El Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su Gobierno.
En un comunicado, la Cancillería indicó que, como ocurre en este tipo de trámites, turnó la solicitud a la FGR, que determinará si existen elementos suficientes para proceder a la entrega de los solicitados.
“Como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, indicó.
La Cancillería señaló que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos y se le dio el trámite establecido conforme al marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional.
La SRE sostuvo que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información; por esta razón, se enviará un extrañamiento a la Embajada de los EU por la forma en que se dio a conocer.
El gobernador y coacusados rechazan las acusaciones; Morena evita espaldarazo
El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha rechazó las acusaciones formuladas por Estados Unidos en el que lo señalan de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa y dijo que demostrará la “falta de sustento”.
Señaló que no es sólo un ataque a su persona, sino a todo el movimiento de la Cuarta Transformación y sus liderazgos. “Demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, escribió.
Rocha aseguró que se encuentra tranquilo y ya platicó con la presidenta Claudia Sheinbaum tras la acusación del Gobierno de Estados Unidos de narconexos.
“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada”, dijo a medios locales.
-Ya platicó con la Presidenta, le preguntaron.
“Sí, ya hablé con la Presidenta”, respondió.
Imputaciones falsas y dolosas: senador Inzunza
El senador de Morena, Enrique Inzunza, calificó como falsas y dolosas las imputaciones del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. “No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación”. Consideró que los señalamientos también buscan afectar a Morena y al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Inzunza figura en la lista de quienes por Morena formarán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que esta misma tarde se instalará en el Senado. El tablero electrónico registró el nombre de Inzunza, pero el sinaloense ya no se presentó al Pleno.
El Alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil (Morena), rechazó también las acusaciones de Estados Unidos. A pregunta expresa, el Edil descartó la necesidad de separarse del cargo y ratificó que su agenda de trabajo continuará sin modificaciones.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa solicitó respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia tras los señalamientos contra diversos funcionarios estatales, incluido su Vicefiscal Dámaso Castro.
Las acusaciones de EU violan tratados internacionales, reprocha Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena evitó dar un “espaldarazo” al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y dirigió su respaldo a la postura del Gobierno mexicano sobre la petición de extradición que presentó el Gobierno de Estados Unidos contra el Mandatario local y otros funcionarios locales, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Por medio de un comunicado de prensa, seis horas después de que se difundió la información, el CEN de Morena reprochó la forma en que dio a conocer la información y la falta de pruebas contra el Gobernador.
Sin embargo, no dirigió ninguna frase para el Gobernador señalado ni se pronunció sobre la exigencia de la oposición para que deje el cargo o que el partido se deslinde de él.
“La forma en la cual se comunicó por parte de la Embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países”, señaló el CEN de Morena y agregó que el partido refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, deba dejar el cargo y acusó motivaciones políticas tras los señalamientos en contra del Mandatario local y nueve funcionarios más.
“No tiene por qué hacerlo, el hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la Fiscalía General de la República cuando lo requieran. Están actuando conforme a la ley, eso dice la Constitución y eso dice la Ley de Extradición Internacional”, señaló.
Cuestionado sobre si la bancada de Morena volverá a arropar a Rocha como lo hizo en octubre de 2024, ante la situación de violencia en la entidad, el líder de la mayoría señaló que siempre van a arropar la ley y la justicia sin excepción.
En tanto, el senador morenista Saúl Monreal aseguró que el Gobierno no protegerá a nadie.
Citlalli Hernández, ex Secretaria de la Mujer y recién nombrada titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, cuestionó si las acusaciones desde Estados Unidos por narconexos contra funcionarios de Sinaloa son con fines jurídicos, o bien en contra del Estado mexicano y su soberanía.
En agosto de 2024, Gobernadores y legisladores de Morena, así como el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, dieron respaldo político a Rocha ante acusaciones de Ismael El Mayo Zambada.
El PAN pide la desaparición de poderes en Sinaloa
El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que las acusaciones de EU contra Rubén Rocha ha generado una crisis de Estado que requiere que el Senado declare la desaparición de poderes en esa entidad. “Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas.
El vocero de la bancada del PAN en San Lázaro, Federico Döring, indicó que estas es la consecuencia de “meterse a la cama con el narco” y advirtió que la única esperanza real para meter a la cárcel a los “narcos del bienestar” es la justicia estadounidense.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que las acusaciones contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirman que Morena es un “narcopartido”.
El ex Gobernador priista de Sinaloa, Francisco Labastida, aseguró que Rocha sí está ligado al narcotráfico y que en la entidad existe conocimiento sobre sus vínculos con grupos criminales, así como de su entorno político.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, llamó al Gobernador Rubén Rocha a pedir licencia.
Se enciende la Permanente por los señalamientos contra Rubén Rocha
La primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició con gritos y manotazos de legisladores de Oposición, así como de Morena y aliados, por las recientes denuncias de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Gobernadora de Sinaloa, y otros 9 funcionarios, por sus presuntos nexos con el grupo criminal Los Chapitos.
El senador panista, Ricardo Anaya, mostró desde el templete principal la indagatoria que reveló la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo cual provocó el enojo de varios de los presentes, quienes decidieron rodearlo para evitar siguiera hablando sobre el tema.
Después, Lilly Téllez, también del PAN, provocó que el morenista Gerardo Fernández Noroña se pusiera a su lado a exigir a gritos que dejara de hablar del tema que, de acuerdo a lo acordado, no estaba aprobado en la agenda política.
Agencia Reforma y Redacción
