EDITORIAL
El Sur, periódico de Guerrero cumple este domingo 33 años de ejercicio periodístico profesional ininterrumpido, bajo una línea editorial crítica y al servicio de los lectores. Ha sido un trayecto en medio de dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión en el país y, más particularmente, en el estado de Guerrero.
México vivió durante décadas un esquema de relación perversa entre los medios de comunicación y el Estado. La abrumadora mayoría de las empresas periodísticas acataban con complacencia los dictados del gobierno en turno, a cambio de contratos de publicidad o de favores colaterales. El presidente José López Portillo (1976-1982) acuñó una frase que resumía con cinismo ese estado de cosas, para justificar el boicot que impuso a la revista Proceso: “No pago para que me peguen”.
La quiebra del modelo de partido hegemónico en los años noventa abrió paso a otras condiciones, en las cuales los gobernantes tuvieron que enfrentar una crítica creciente y los medios pudieron explorar un mundo para entonces desconocido. Pero nunca murió por completo lo viejo y no ha terminado de afianzarse lo nuevo. Prácticas del pasado son todavía recurrentes en distintas esferas de los poderes públicos.
En tiempos de la llamada Cuarta Transformación aún hay autoridades que creen que el presupuesto público está sujeto a su absoluto arbitrio y que lo pueden usar para presionar, chantajear, amedrentar y hasta para violar la ley en su beneficio personal o de grupo. Así fue en el pasado la gestión de la publicidad oficial y así hay prácticas en el presente. Hay quienes no aceptan la discrepancia o la crítica, quienes quisieran un coro de medios que agachan la cabeza y entonan elogios al gobernante.
Quizás la diferencia con el pasado es que, ahora, ese uso faccioso y patrimonialista de los recursos, que salen de los impuestos de todos los mexicanos, es políticamente incorrecto. Hay autoridades que inundan sus discursos de respeto a las libertades públicas, al derecho a la crítica y a la libertad de expresión, pero en la oscuridad de las oficinas y los pasillos del poder golpean a esa misma crítica condicionando de diversas formas la publicidad gubernamental.
Una variante del uso arbitrario de la autoridad contra los periodistas se ha perfilado en los últimos años en la forma de encubrir la represión con recursos judiciales. Con alegatos de género, defensa del honor personal u otros, en la práctica funcionarios públicos han encontrado un camino para sofocar la discrepancia y mantener bajo amenaza a comunicadores o a sus empresas.
La realidad del país, sin embargo, se ha trastocado de tal manera que el autoritarismo gubernamental no es la única fuente de acechanza a la libertad de prensa. La violencia criminal ha rebasado a estas alturas cualquier límite. Ya no es sólo el combate entre bandas o la resistencia a la persecución policial, sino la ofensiva contra la propia sociedad, incluyendo a los medios de comunicación.
México vive una dramática realidad en la que han surgido zonas de silencio. El condicionamiento de qué publicar, cuándo y cómo o qué callar, se ha vuelto práctica recurrente en algunas regiones, siempre como resultado de la presión de las mafias.
Un escenario nacional con esos agravios coincide hoy con fenómenos iguales o peores en el resto del hemisferio. En Centroamérica, Sudamérica y el Caribe ya se conoce la categoría de periodismo en el exilio, en la cual califican medios que han tenido que salir de su país sin renunciar a su cobertura nacional. Son los casos de periodistas perseguidos o amenazados que no han tenido más remedio que instalarse fuera de sus fronteras para persistir en su empeño profesional. Ha habido redacciones enteras que han tenido que emigrar en masa y cuyas empresas han perdido su patrimonio.
Y para oscurecer más el panorama, el país que se supone adalid de las libertades civiles, tiene de presidente a un magnate que, un día sí y otro también, ataca a medios y periodistas que defienden las instituciones y prácticas de la democracia y que critican sus agresivas políticas antimigrantes y de injerencia incluso militar en otros países.
Como se ve, no son buenos tiempos para la libertad de prensa. Pero El Sur celebra un nuevo aniversario con la satisfacción de mantenerse como una opción periodística seria, rigurosa y profesional para los guerrerenses.
Al mismo tiempo, la continuidad de este proyecto editorial refleja, sobre todo, que esa población mantiene su interés en disponer de esta herramienta como un recurso para el ejercicio de un elemental derecho democrático, el de tener acceso a una información creíble, oportuna y de calidad. Un valor así se potencia cuando el medio ambiente informativo se caracteriza por la improvisación, el amarillismo, la frivolidad, la mentira o el sometimiento al gobierno.
No es este un diario con una brújula abstracta. Desde nuestro nacimiento estamos comprometidos con causas de fuerte arraigo popular. Hemos defendido la supremacía de la Constitución y de un auténtico Estado de derecho, las libertades democráticas y el derecho de las mayorías a un mejor horizonte de vida. Con este nuevo año ratificamos nuestros compromisos, con la confianza de que cada día más guerrerenses mantendrán con su lectura diaria su respaldo a este esfuerzo.
