Señalan que Guerrero no sólo es el estado más violento de México y con más fosas clandestinas, sino que las instituciones eligieron cobardemente mirar hacia otro lado mientras las familias entierran su dolor en cada cerro y fosa
Chilpancingo, Guerrero, 11 de mayo de 2026. El sábado, madres buscadoras denunciaron acoso sexual, manipulación de cifras y omisión por parte del titular de la Coordinación General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y del mismo titular, Zipacná Jesús Torres Ojeda.
En la víspera del 10 de mayo, al grito de “¡10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta!”, decenas de madres de víctimas de desaparición de municipios de la región Centro, Norte y Acapulco marcharon en Chilpancingo para denunciar la negligencia de las autoridades y exigir a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum que dejen de obligarlas a realizar su trabajo, que es la búsqueda y la identificación de desaparecidos.
Colocaron losetas con los rostros de decenas de víctimas y la frase “HASTA ENCONTRARLES” afuera de la FGE.
A las 10 de la mañana del sábado, colectivos de familiares de víctimas de desaparición marcharon del monumento de las Banderas hacia las instalaciones de la fiscalía estatal.
Recorrieron la avenida Lázaro Cárdenas y el bulevar Vicente Guerrero. En su trayecto, en monumentos, postes, paredes y oficinas de gobierno pegaron fichas de búsqueda.
Lanzaron consignas como: “¡Señor, señora, no sea indiferente, secuestran a nuestros hijos delante de la gente!”; “¡La presidenta decía que todo cambiaría! ¡mentira, mentira, la misma porquería!” e “¡hijo escucha, tu madre está en la lucha!”. También “¡Padre, escucha, tu hija está en la lucha!”.
Participaron integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Fe y Esperanza hasta encontrarles Guerrero; Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos y el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello.
A la actividad acudieron niños y niñas que esperan a sus padres o madres, tíos, tías y hasta abuelos.
Después de colocar las losetas para ampliar el memorial que las madres iniciaron el año pasado afuera de la FGE, se ofició una misa para pedir el regreso de sus seres queridos.
En la actividad las madres leyeron un pronunciamiento, denunciaron que Guerrero no sólo es el estado más violento de México y con más fosas clandestinas, sino que es la entidad donde sus instituciones eligieron deliberada y cobardemente mirar hacia otro lado mientras las familias entierran su dolor en cada cerro y fosa.
La FGE, señalaron, es en este momento una de las instituciones más fallidas, cínicas y peligrosas para las familias de desaparecidos.
“No busca a los desaparecidos, no sale al campo, no rastrea, no investiga con la urgencia que exige cada hora que pasa desde que una madre reporta la ausencia de su hijo”.
“Lo que sí hace es maquillar, manipular, esconder, alterar cifras para que los números no griten lo que la realidad está bramando”.
Dijeron que no hay certeza de cuántos desaparecidos realmente hay en Guerrero, porque la institución responsable miente. “No es negligencia, es complicidad”.
Agregaron que el fiscal general, Zipacná Jesús Torres Ojeda, todo lo permite, consiente y avala con su silencio cómplice, incapacidad y falta de voluntad para poner orden en una institución que debería ser el último bastión de justicia para quienes no tienen a dónde recurrir.
En el estado con una crisis de identificación forense, indicaron, la Coordinación General de los Servicios Periciales de la FGE no tiene antropólogos forenses suficientes ni capacidad técnica real para identificar a las víctimas.
Y denunciaron que esa Coordinación bajo el mando de Héctor Ramírez Chávez manipula, esconde y falsea cifras de desaparecidos y cuerpos sin identificar.
También lo acusaron de hostigamiento sexual en contra de dos antropólogas, lo que las obligó a renunciar.
“Dos antropólogas forenses renunciaron por conductas inaceptables, vejatorias y criminales de quien debería liderar con ética y compromiso ese servicio. Se fueron y con ellas la capacidad técnica para el análisis de restos humanos”.
Exigieron la destitución inmediata de Héctor Ramírez Chávez como Coordinador General de los Servicios Periciales y que el fiscal general Zipacná Jesús Torres asuma una responsabilidad real, no con comunicados, sino con acciones e investigaciones.
“Exigimos que el Estado busque, que haga su trabajo, que deje de obligar a las madres a hacer lo que debería estar haciendo. Somos las madres buscadoras de Guerrero. Cargamos una cruz que nunca pedimos. No nos van a callar ni detener”.
Expresaron que detrás de cada número maquillado hay un nombre; de cada cuerpo sin analizar una familia esperando; y de cada fosa hallada hay una historia que el Estado quiso enterrar. Las madres exigieron que Guerrero “deje de ser tierra de impunidad”.
Luis Daniel Nava
