Lo hacen también con pobladores de Coatzingo donde no se han reportado agresiones ni desplazados. Anuncian que se organizará el acceso a los programas sociales y que se restablecerán operaciones del Ejército y la GN. No confían en estas instituciones, le dicen refugiados a la funcionaria federal y piden que se encargue de la seguridad la policía de García Harfuch. Testimonios de dos víctimas que sobreviven de la caridad
▶️Temen desplazados regresar a sus casas, destruidas por ‘Los Ardillos’; piden a la policía de @OHarfuch en #Chilapa @SSPCMexico
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Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 14 de mayo de 2026. Habrá presencia permanente del gobierno federal en Chilapa, y se espera que también la haya del gobierno estatal, anunció en su conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las autoridades federales y estatales se comprometieron con pobladores de comunidades de Chilapa a restablecer operaciones del Ejército y la Guardia Nacional, crear un corredor seguro para acceso a víveres y una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo de paz .
La secretaria Rosa Icela Rodríguez visitó con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda las comunidades de Alcozacán, en donde se refugiaron desplazados por laos ataques con armas y drones, y de Coatzingo, controlada por la organización Paz y Justicia a la que se vincula con el grupo delictivo Los Ardillos y contra la cual no se ha reportado ninguna agresión en los últimos días de violencia.
“Se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribarán las brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar”, informó Gobernación en un comunicado.
La secretaria Rodríguez aseguró que resultaba fundamental mantener el diálogo debido a que no se considera la violencia como el camino a seguir, luego de seis días de bloqueos y ataques de drones con explosivos de los grupos criminales “Los Ardillos y Los Tlacos”, que provocó el desplazamiento forzado de pobladores.
“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, planteó la secretaria.
La dependencia federal no hizo referencia alguna a los ataques que sufrieron los indígenas nahuas del grupo Los Ardillos durante casi una semana, que provocaron el desplazamiento de alrededor de mil 300 personas, según cifra de los afectados.
En la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno federal tendrá presencia permanente en Chilapa, y se espera que también haya participación del gobierno del estado.
“El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero”, ofreció.
Durante seis días, pobladores de las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán sufrieron ataques con disparos y drones artillados que provocaron seis muertos, seis heridos, 15 desaparecidos y personas desplazadas de sus propias comunidades en el municipio de Chilapa.
Luego de casi una semana de enfrentamientos, el martes la presidenta instruyó a la secretaria Rodríguez a que resolviera el problema de seguridad, por lo que la funcionaria se trasladó a Chilpancingo.
El martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló que Tlacos y Ardillos eran los responsables de la confrontación y negó rotundamente que haya diálogo con los grupos delictivos.
En Alcozacán brindaron servicios médicos, alimentación y seguridad
Este miércoles la secretaria Rosa Icela Rodríguez estuvo en Chilpancingo para la Mesa para la Construcción de Paz que se realiza de manera diaria en cada uno de los estados y a nivel federal, posteriormente cerca de las nueve de la mañana se trasladó a la comunidad de Alcozacán con la gobernadora Evelyn Salgado.
La gobernadora afirmó en una publicación en redes sociales que se mantiene atención coordinada para garantizar la seguridad y fortalecer la paz en la zona de la Montaña baja del estado.
“No vamos a dejar solas a las familias; seguimos trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad, atender a la población y fortalecer la paz en la región”, publicó la gobernadora.
En X, la secretaria Rodríguez comentó sobre su visita a la comunidad de Alcozacán, en la que dijo que se logró el retiro de bloqueos y se brindaron servicios médicos, así como alimentación y seguridad.
“Junto con la gobernadora Evelyn Salgado estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajamos de forma coordinada para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”, expuso.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) mencionó que Alcozacán sirvió como refugio para familias que huían de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, luego de los ataques de criminales.
Anuncia la reanudación de clases, internet y electricidad en Coatzingo
La gobernadora añadió que también se realizó una asamblea con comisarios y pobladores de Coatzingo, en Chilapa, para conocer las necesidades y con el objetivo de la construcción de acuerdos de paz.
“Reiteramos que no están solas ni solos. En esta ruta de atención permanente, hoy más que nunca privilegiamos la unidad, el diálogo y el entendimiento para seguir avanzando juntas y juntos. Por ello, mantenemos presencia institucional y acompañamiento permanente de las distintas dependencias de la región”, compartió en redes.
La secretaria detalló que se restableció el servicio de electricidad e Internet en Coatzingo, además anunció la reanudación de clases, servicio médico y la entrega de medicinas.
“Dialogamos con las familias y comisarios en la localidad de Coatzingo, en Chilapa, Guerrero, para establecer la paz en la región. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se reanudarán las clases en las escuelas, el servicio médico y la entrega de medicinas; se cuenta ya con luz eléctrica y comunicación por Internet y se restablecerán las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal”, publicó en redes.
Coatzingo es una comunidad señalada por el Cipog-EZ como el lugar en el cual integrantes de Los Ardillos realizaron los ataques a la comunidad de Tula, y en todos estos días no se ha reportado que sus vecinos hayan sufrido ninguna agresión ni que tengan desplazados.
En las reuniones participaron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Francisco Rodríguez Cisneros y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Diálogo antes que fuerza, insiste Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum aseguró que la responsabilidad con el pueblo es decir la verdad y actuar en el marco de la ley, e insistió en que si hubiera entrado el Ejército o la Guardia Nacional los civiles pudieron correr riesgo.
“Imagínense nada más lo de ayer, otro gobierno. Hay tres bloqueos en carreteras, algunas de las personas estaban armadas. Imagínense ustedes si hubiera llegado el Ejército o hubiera llegado la Guardia Nacional, lo que hubiera podido pasar ahí, con muchos civiles, mujeres, incluso había niños en algunos lugares, si nuestro objetivo fuera la fuerza, no se dialoga”, expuso.
La presidenta indicó que el objetivo principal es pacificar la zona mediante el diálogo, además que Chilapa tiene una problemática específica, y si existe un asunto criminal a investigarse lleva su camino propio.
“Es una problemática específica la que existe ahí, sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. El objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo, si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse lleva su propia vía, pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo pueda establecerse una condición de paz”, añadió.
Reiteró que existe una visión completamente distinta a gobiernos anteriores y que “lo criminal tiene su propia vía y se hacen investigaciones. Lo importante era sacar a los heridos, que se generara una condición de paz y que se abrieran los caminos, lo primero, y así se hizo. Y la investigación criminal sigue su curso, pero lo importante es proteger a la población, es una visión completamente distinta”.
Desconfían de la operación de seguridad, le dicen refugiados en Alcozacán a Rosa Icela
Autoridades comunitarias, habitantes y víctimas de los pueblos nahuas del municipio de Chilapa que fueron atacados del 6 al 11 de mayo por el grupo delictivo de Los Ardillos, le dijeron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que desconfían del operativo que se desplegó el martes para restablecer la seguridad y la paz en la zona.
Le pidieron que se encargue de la seguridad de manera permanente la Policía Federal que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que es titular Omar García Harfuch, sin embargo la titular de Gobernación no les dio respuesta.
En declaraciones después de la visita de la funcionaria, el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia explicó que la desconfianza radica en que el primer día que comenzaron los ataques en la comunidad de Tula, había militares y agentes de la Guardia Nacional pero se retiraron, “por eso decimos que el Gobierno nos abandonó”.
La secretaria de Gobernación y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegaron ayer a esta localidad a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 11 se trasladaron a la comunidad de Coatzingo, una comunidad controlada por el grupo delictivo de Los Ardillos.
En Alcozacán aún se encuentran los refugiados de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán que fueron atacados por ese grupo delictivo desde el 6 de mayo pasado.
Mientras en la cancha techada del pueblo aún se encontraba personal de los gobiernos federal y estatal atendiendo a las víctimas de la violencia para incluirlos en programas sociales y en la entrega de despensas, colchonetas, cobertores y atención a la salud, el dirigente indígena declaró en la Casa de la Cultura, que desconfían en el operativo de los gobiernos federal y estatal, y, como consecuencia, se sienten inseguros.
Por ello, a pesar de que desde el martes las autoridades de los tres órdenes de Gobierno les dijeron que pueden regresar a sus comunidades, los desplazados seguían ayer en esta comunidad, y coincidieron en que se sienten más seguros que en sus comunidades a pesar de la vigilancia de los militares y agentes de la Guardia Nacional.
Alcozacán es la sede de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Cipog-EZ, a donde acudieron los desplazados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán a refugiarse tras los ataques del grupo delictivo.
Seis muertos, seis heridos y un número aún no cuantificado de casas incendiadas
Alcozacán se encuentra a unos 30 minutos de Chilapa, la cabecera municipal, y es paso obligado para Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, bastión del grupo delictivo Los Ardillos.
“Por eso tienen interés en controlar estos pueblos, quieren todo el corredor desde Chilapa hasta Hueycantenango”, explicó el dirigente indígena.
Mendoza Limpia informó que el recuento de los seis días de ataques son seis muertos, seis heridos, y un número aún no cuantificado de casas incendiadas.
De los desplazados contó que no se puede confirmar una cifra precisa porque no todos llegaron a refugiarse a Alcozacán, “algunos salieron huyendo por los cerros y no se sabe dónde andan, otros se fueron a Chilpancingo, e incluso algunos se fueron a Estados Unidos donde están solicitando asilo al Gobierno de aquel país”.
Reconoció: “La verdad no sabemos cuántos sean, porque no todos se vinieron a refugiar aquí, pues otros, por el miedo, se salieron a otros lugares”. Informó que una cifra preliminar de los que están en Alcozacán es de entre 200 y 300.
Contó que los atacantes eran más de 100 hombres “desconocidos; no sabemos de qué grupo sea”, dijo evitando señalar directamente al grupo delictivo de Los Ardillos, como ya lo ha conformado el Gobierno federal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, ha dicho la violencia en esas comunidades es por la confrontación entre este y el grupo criminal de Los Tlacos.
“El chiste es que los que nos atacaron venían bien armados los señores, traían armas parecidas a las de los militares y los pobladores están atemorizados porque este grupo actuó como terrorista; venían con equipo del Ejército, armas y uniformes”.
Dijo que por eso no confían en el operativo que llegó el martes integrado por militares y agentes de la Guardia Nacional, y le pidieron a la Secretaría de Gobernación que venga “la policía de Omar García Harfuch”.
Además, le solicitaron en la reunión que el Gobierno federal dé acompañamiento a los desplazados, “para ir a ver sus pertenencias, quieren ver si todavía existen o ya no, porque muchas casas fueron incendiadas y saqueadas”.
Por separado, una de las víctimas argumentó que no quieren ir solos a sus comunidades a ver sus casas porque tienen miedo, “no queremos volver a sentir ese terror”, dijo una de las desplazadas.
Además, según otra de las víctimas, no tienen ni para la gasolina, “pues todo está vacío aquí, ya se acabó todo, las tiendas ya están vacías”.
El dirigente del Cipog-EZ declaró que independientemente de la violencia que sufren por el grupo delictivo, los pueblos indígenas de esa zona se sienten estigmatizados, pues desde el 2010 que se fundó el sistema comunitario, los señalaron de pertenecer al grupo delictivo de Los Rojos, “y ahora nos señalan de pertenecer a otro grupo (el de los Tlacos)”, dijo en referencia al señalamiento del secretario García Harfuch.
Sin embargo negó el señalamiento, “nosotros como pueblos indígenas las autoridades, somos designadas en asambleas. Si dicen que aquí hay grupos criminales que vengan y los detengan”.
Aseguró: “Aquí nadie se anda escondiendo porque el pueblo los pone a trabajar al servicio del pueblo”.
Durante la reunión de ayer los funcionarios de los gobiernos federal y estatal les llevaron despensas, colchas y cobertores para los desplazados, pero Mendoza Limpia declaró que la ayuda es insuficiente, “nomás nosotros los de Alcozacán necesitamos mínimo tres mil despensas”, y reprochó que ayer les llevaron “nomás poquitas para los desplazados de las otras tres comunidades”.
Dijo que en respuesta a su señalamiento de que desconfían del operativo que llegó el martes, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, les garantizó que tendrán seguridad en todas las comunidades donde opera la CRAC-PF y el Cipog-EZ, pero insistió en que no hay confianza en los integrantes del operativo.
“Los vecinos de los pueblos y víctimas le insistieron que quieren la policía de García Harfuch y que el operativo sea permanente, que después no vayan a decir que la mandaron por un tiempo, aquí tienen que quedarse hasta que se calme la violencia del otro grupo”.
Indicó que también pidieron que visite esta localidad el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “para ver si de veras se está cumpliendo y se protege a la ciudadanía”.
El dirigente indígena recriminó que no hubo un compromiso formal y preciso de que ya no van a impedir que el grupo delictivo los vuelva a atacar, “ellos solamente dijeron que la seguridad va a estar permanente, esperemos que cuando menos con eso nos cumplan, porque hay veces que vienen por un rato, y ahora queremos que cumplan con la protección de los derechos de los indígenas”.
“No sabemos si hay desplazados allá o quien los desplazó, nosotros como pueblo indígena en ningún momento vamos a otras comunidades a agredir a nadie, ni actuamos donde no nos pertenece, ¿cómo vamos a entrar a una comunidad que no es nuestra?, no sabemos por qué dicen que hay desplazados allá”.
Reyna huyó por el cerro, Lidia se quiere ir de la zona; ambas desplazadas sobreviven de caridad
Reyna Venancio, de 85 años, caminó más de dos horas por brechas accidentadas en el cerro desde Tula hasta Alcozacán la tarde del 6 de mayo, cuando comenzó el ataque a su comunidad. Ayer, ocho días después, su futuro era de incertidumbre, dijo que no sabe si va a poder regresar a su pueblo, de donde fue desplazada y lo dejó todo.
Lidia, de 23 años, es otra de las desplazadas por la violencia. Originaria de Xicotlán, acompañada de su madre de 54 años y enferma de diabetes, pidió ayer a los funcionaros federales y estatales que llegaron a Alcozacán, que le den acompañamiento para venir a refugiarse a Chilpancingo, porque ya no quiere regresar a su pueblo, pero le dijeron que espere la respuesta hasta el jueves de la próxima semana.
Reyna y Lidia son dos de las víctimas de los ataques del grupo delictivo de Los Ardillos y que se encuentran refugiadas en Alcozacán, en donde viven de la ayuda humanitaria de los vecinos, pero no saben por cuanto tiempo.
Reyna, enferma y de avanzada edad, salió sin nada de su casa; “sin ropa y sin comer, así nos salimos ya oscureciendo y se nos hizo noche en el monte, yo ya no podía caminar, traía hinchados los pies”, contó.
Dijo que la tarde del 6 de mayo apenas estaban haciendo la comida, “pero ya no comimos, nos salimos corriendo, fueron los vecinos y nos dijeron: sálganse y váyanse, yo no quería dejar mi casa, pero a ver, con miedo salí con mi hermano, mi cuñada y con otra hermana, nos unimos todos para venirnos y ahora andamos sufriendo hambre acá, sin dinero, sin nada”.
–El Gobierno dice que ya les mandó seguridad, ¿por qué no regresan a su pueblo?
–Sí, pero allá están ellos, no les hicieron nada yo creo, -dijo en referencia al grupo agresor.
–¿Tiene miedo de regresar?
–Sí, si tengo miedo.
–¿Hasta cuándo va a regresar?
–Como que ya no queremos, porque da bastante miedo, pero, también, ¿a dónde vamos a ir?, ya nos sitiaron todo; están para allá abajo, de aquel lado, por este lado y por éste lado también–, dijo señalando los cuatro puntos cardinales.
–O sea, ¿usted no se siente segura ni aquí, en este pueblo?.
–Pues no, además no tenemos familia aquí, nomás algunos de aquí que nos hacen el favor de estar afuerita de sus casas, así la vamos pasando, pero ya no queremos regresar por tanto miedo.
–¿Ante esta situación que está viviendo, que le pide al Gobierno?
–Que estemos seguros, que estemos más bien, según nos dicen que sí, pero quién sabe… quién sabe–, respondió en referencia a la respuesta indiferente de los funcionarios que llegaron ayer en Alcozacán.
Una zona devastada
Reyna fue una de las desplazadas que ayer les dijo a los funcionarios que encabezaron una asamblea, entre ellas la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado que “tiene bastante miedo”. Dijo que los que atacaron su pueblo le quemaron su casa, su troje de maíz y todo lo que había adentro.
En Tula, de donde es Reyna, se observan algunas casas incineradas en su totalidad. En la entrada del pueblo un caballo yacía ayer tirado en uno de los patios muerto, tal vez por una bala perdida.
En otras casas del fondo, hay cerdos, pollos y perros en los patios en espera de sus dueños y de comida.
Entre llano incontenible, Lidia, de Xicotlán, una localidad que se encuentra a unos 500 metros de Tula, a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, dijo que su familia aguantó la balacera la tarde y noche del 6 de mayo, también al día siguiente, “y ya ni recuerdo qué día nos salimos en la noche, pero fue cuando escuchamos que ya venían más cerca tirando; se escuchaban disparos y explosiones, venían quemando el cerro y las casas, por eso nos espantamos mucho y mejor nos venimos para acá”.
Contó que los días que estaban encerrados en su casa, durante los ataques, no comieron porque no podían salir a cocinar en el bracero.
Después que se salieron con su madre enferma de diabetes y con los pies hinchados, no podía caminar, “veníamos muy despacio, a veces cayéndonos en las barrancas y en el monte, de noche”.
Lidia pidió a los funcionarios que llegaron ayer a Alcozacán que la saquen de aquí, “ya no queremos vivir en nuestro pueblo porque siempre ha pasado así, pero nunca nos habían sacado, hasta ahora que nos sacaron de nuestra casa, nos salimos sin nada, sin ropa, todo dejamos en nuestra casa y no sabemos si la quemaron o no”, contó entre sollozos.
Explicó que ella no puede salir sola de aquí por su madre enferma y que no pude caminar, “por eso quiero que nos ayuden, que nos saquen, que nos lleven a Chilpancingo, ya no queremos vivir en nuestro pueblo porque ya no podemos ir a comprar a Chilapa, ¿qué vamos a comer si regresamos ahí?
Sin embargo, un funcionario al que le pidió que le ayude a salir a Chilpancingo no le respondió, “nomás nos pidió nuestro nombre y nos anotó en una lista”. Agregó que otro le dijo que espere hasta el jueves de la próxima semana, “pero ¿cómo voy a esperar tanto tiempo si mi mamá está enferma y no la puedo sacar a curar porque le duelen sus pies?, no tenemos ropa, no tenemos donde bañarnos, no tenemos nada”.
Su pueblo, Xicotlán, se encuentra a orillas de la carretera Chilapa-Hueycantenango, a unos 20 minutos de Chilapa y a 10 de Alcozacán. Ahí todas las casas se encuentran cerradas y abandonadas después de los seis días de ataques del grupo delictivo.
Frente a la Comisaría municipal, donde el lunes se encontró un cadáver tras las balaceras y ataques con explosivos que lazaron con drones, hay solo dos patrullas de la Guardia Nacional que vigilan el pueblo.
En el tramo de la carretera Chilapa a Alcozacán, sólo otras dos patrullas de la Guardia Nacional se vieron en el entronque hacia la población de El Jagüey, y dos más se vieron en Colotepec, una comunidad bajo el control de Los Ardillos que está adelante de Tula y de donde en otras ocasiones han ocurrido ataques tanto a Tula como a Xicotlán.
A las dos de la tarde de ayer, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los reporteros escucharon disparos a lo lejos, en los cerros que rodean a ambas localidades, lo que los obligó a salir de inmediato del lugar.
El grueso de militares, guardias nacionales y policías estatales, en cambio, acompañaron al convoy de funcionarios del gobierno federal que iban con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quienes visitaron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo.
Lanzan colecta de ayuda humanitaria para familias desplazadas de pueblos de Chilapa
Iglesias de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa y el Centro Minerva Bello lanzaron una convocatoria para recolectar ayuda humanitaria para las familias desplazadas de pueblos del municipio de Chilapa, mediante las redes sociales.
Participan en la iniciativa el Santuario de los Mártires, la parroquia de la Santa Cruz y el Centro Minerva Bello de Derechos Humanos de Chilpancingo, así como la parroquia Gerardo María Mayela de Iguala, y el Grupo de Apóstoles de la Palabra, que también funcionan como centros de acopio.
Llaman a la población en general a donar alimentos, agua embotellada, medicamentos, cobijas, productos de higiene personal y artículos para niñas y niños que se encuentran refugiados en la cancha de la comunidad de Alcozacán.
“Nuestros hermanos de Chilapa necesitan de tu solidaridad”, dice el documento donde explican que las familias salieron de sus hogares dejando sus pertenencias y que hoy necesitan del apoyo.
Desde el miércoles 6 de mayo, vecinos de la comunidad Alcozacán denunciaron que estaban siendo atacados por el grupo delictivo Los Ardillos que opera en la región Centro del estado, que los ha acosado y ha cometido asesinatos durante años.
Las agresiones se intensificaron el fin de semana y vecinos de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán se refugiaron en Alcozacán por las agresiones extendidas del grupo criminal, donde el lunes autoridades estatales iban a brindarles apoyo, pero fueron detenidos por un grupo base de Los Ardillos, de acuerdo con las versiones periodísticas.
El martes 12 y miércoles 13 llegaron las autoridades estatales y federales a dialogar con “las dos partes”, e incluyeron en los apoyos a otra localidad, Coatzingo, que se menciona como población de base de Los Ardillos.
La convocatoria de la colecta que se publicó el martes sigue abierta para reunir maíz, agua embotellada, medicamentos y botiquines, alimentos no perecederos, cobijas y colchonetas, pañales y leche para niños y niñas, productos de higiene personal, además de fruta, sal, azúcar, papel higiénico, pasta dental, entre otros insumos.
Juan Luis Altamirano, Lourdes Chávez y Zacarías Cervantes/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
