Chilpancingo, Guerrero, a 23 de mayo de 2026.- Familiares del asesinado dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, integrantes de colectivos de familiares de víctimas de desapariciones, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, exigieron ayer en un mitin afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), justicia, la detención de los responsables materiales e intelectuales y una mesa de diálogo con el fiscal Zipacná Torres Ojeda.
Luego de cuatro horas de plantón, el fiscal no los recibió y los manifestantes se retiraron.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el funcionario no haya recibido “con el pretexto de que tenía reuniones y atendiendo otros asuntos”, a la viuda de Marco Antonio, María de Jesús Pérez García, quien vino de lejos.
El dirigente histórico, opositor a la presa La Parota, fue atacado a balazos el 18 de abril en la playa Icacos, de Acapulco y falleció el 25 de abril, víctima de las heridas que recibió.
A casi 13 meses de su muerte, sus familiares e integrantes de organizaciones sociales denunciaron impunidad, omisión, inacción y complicidad de las autoridades de la FGE con los responsables del asesinado del activista.
Los aproximadamente 50 manifestantes se concentraron a las 11:30 afuera de la FGE, donde Barrera Hernández recordó que Marco Antonio había pedido al Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que le brindara protección con agentes de la Guardia Nacional, por incidentes anteriores que lo ponían en riesgo.
Sin embargo el organismo determinó que no había un riesgo inminente como para que le otorgaran protección, “es decir, lo dejaron indefenso”, denunció Barrera Hernández.
“Nos queda claro que los cuerpos de seguridad están asignados para los funcionarios del gobierno, no para proteger a la ciudadanía. El modelo de seguridad es proteger al funcionario; sólo gastan dinero, combustible, personal y viáticos cuando se desplazan los funcionarios.
Cuestionó: “Qué mal estamos en nuestra sociedad; se brinda protección a quienes mal gobiernan, no a quienes están en territorio defendiendo los derechos humanos como pasó con Marco Antonio, que durante 20 años de luchador social, en lugar de protegerlo lo denostaron, dijeron que era rijoso, machetero, chantajista, y cuando se había entregado a la causa, lo asesinaron”.
Informó que la exigencia de la protesta es que se ejerzan las órdenes de aprehensión contra los responsables materiales, justicia y audiencia con el fiscal para conocer los resultados.
Pero reprochó que, ahora, “ni para una reunión con el fiscal… no se puede, ¿en qué democracia vivimos?, ¿si los ciudadanos no tenemos el derecho de emplazar a una autoridad para que nos reciba?; no les importa el dolor, el sufrimiento, la ausencia de un familiar, el asesinato de un defensor, nadie actúa, nadie reacciona”, recriminó.
Preguntó el por qué se ha llegado a esta situación de inacción, de indolencia y hasta de insolvencia de los funcionarios.
Agitando violentamente las manos cuestionó, a manera de reproche: ¿Será que los ciudadanos ya bajamos la guardia y estamos contentos con este nuevo gobierno, que le apuesta a que estando en el poder no va a haber nadie que lo tumbe porque con sus programas sociales va a tener clientela segura para seguir ganando elecciones y seguir haciendo lo que se les hinche?”.
María de Jesús Pérez García informó que vino de lejos a ver al fiscal para exigirle justicia y que el asesinato de su esposo no quede impune, “que los asesinos paguen por este cobarde asesinato que cometieron contra un luchador social que perdió el estado de Guerrero”.
Reprochó al fiscal que “ya pasó más de un año y no es posible que no tengamos ningún asesino pagando por este cobarde asesinato”.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le pidió que recuerde que Marco Antonio confió y apoyó a su gobierno, “decía que en el gobierno de Evelyn no se iba a preocupar por la fabricación de delitos y que lo encarcelaran como en los gobiernos de René Juárez, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo, “pero en este gobierno lo mataron”.
Le exigió justicia; “queremos ver resultados pronto y que los asesinos paguen”.
La dirigente del Sindicato Independiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (CAPAMA), Rosalinda Gutiérrez, dijo que la esperanza de los desprotegidos era que llegara Morena al gobierno “para impartir justicia a los que no tienen voz, pero qué decepción”.
Preguntó que ante casos como el asesinato de Marco Antonio, “¿dónde está el fiscal?, ¿Dónde está la gobernadora, o el gobernador?, porque todos sabemos que quien gobierna es don Félix, con lo que ha violentado a su hija desde el primer momento que no la dejó gobernar”.
Pero también la criticó a ella, porque añadió que “como la que lleva las riendas del estado, ahorita debería estar sentando al fiscal para que atienda la mesa de trabajo”.
Llamó a la organización de la sociedad y hacer una convocatoria más grande para la exigencia de justicia, “porque este gobierno morenista no entiende de otra forma, más que con bloqueos”.
Criticó que el actual gobierno salió peor para impartir justicia, “nos sentimos agredidos, no hay conciliación por la gobernadora y el gobernador”.
David Molina, del Colectivo Lupita Rodríguez, exigió el esclarecimiento del asesinato de Marco Antonio Suástegui y el castigo a los responsables materiales e intelectuales, “ya identificados”.
“No venimos a mendigar o a pedir limosna, venimos a exigir justicia por Marco Antonio que es una víctima del Estado”.
La abogada de Tlachinollan y asesora del colectivo Luciérnaga de Tlapa, Neil Arias Vitinio, señaló que Suástegui Muñoz es una víctima de la criminalización del gobierno.
Exigió al fiscal que deje de ser indolente y que se hagan investigaciones eficientes, “porque el grave problema que se vive hoy, es la negligencia de las autoridades y por eso, a casi 13 meses del artero asesinato de Marco Antonio no hay resultados”.
El plantón se levantó a las 3 y media de la tarde, sin que el fiscal haya recibido a la esposa de Suástegui Muñoz.
Barrera Hernández, denunció que la negativa fue lamentable porque la viuda vino de lejos sólo para pedir resultados de la investigación del caso.
Informó que en la FGE argumentaron que el fiscal estaba en reuniones “atendiendo otros asuntos”.
Barrera Hernández dijo que con anticipación solicitaron la audiencia, por medio del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “pero seguimos con estas prácticas nefastas de no atender a las víctimas, y, ante todo, que no haya justicia”.
Insistió que el único objetivo del mitin fue pedir resultados de la investigación, justicia y que se judicialice la carpeta de investigación, “no estamos planteando cosas fuera del alcance de la autoridad”.
Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
