Gaspard Estrada
La situación política en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la crisis de 2019. Las masivas movilizaciones registradas durante mayo de 2026 contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz han puesto en evidencia el hecho que la alternancia política producida tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) no logró resolver las tensiones estructurales del país. Por el contrario, la combinación entre crisis económica, polarización política y debilitamiento institucional ha reabierto fracturas históricas que parecían parcialmente contenidas.
Lo que comenzó como una protesta sectorial contra medidas económicas y reformas impulsadas por el nuevo gobierno terminó transformándose en un movimiento nacional de contestación. Sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, mineros y sectores urbanos han protagonizado bloqueos y manifestaciones que paralizaron parcialmente el país durante varias semanas. Más de 70 cortes de ruta provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos, afectando especialmente a La Paz y El Alto.
La raíz inmediata de la crisis es económica. Bolivia enfrenta la peor situación financiera en décadas, marcada por inflación superior al 20 por ciento, escasez de dólares, problemas energéticos y creciente deterioro del poder adquisitivo. El gobierno de Rodrigo Paz, elegido en noviembre de 2025 con una agenda de apertura económica y reformas promercado, decidió reducir subsidios estatales y aplicar medidas de austeridad para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, estas decisiones afectaron directamente a sectores populares que habían apoyado su candidatura como alternativa al desgaste del MAS.
El problema para Paz no es únicamente económico. Su principal dificultad es política. Diversos sectores sociales perciben que el nuevo gobierno rompió con las tradiciones de inclusión simbólica y representación social que caracterizaron gran parte del ciclo político inaugurado por Evo Morales. Analistas bolivianos señalan que decisiones como la composición del gabinete, la exclusión de organizaciones indígenas de espacios de poder y ciertos gestos políticos durante la transición alimentaron rápidamente el descontento social.
En este escenario, Evo Morales reaparece como un actor central. Aunque enfrenta procesos judiciales y continúa políticamente debilitado respecto a sus años de mayor poder, el exmandatario conserva una capacidad significativa de movilización social, especialmente en el Chapare y entre organizaciones campesinas e indígenas. El gobierno acusa directamente a Morales de estimular las protestas para desestabilizar al Ejecutivo y forzar elecciones anticipadas. Morales rechaza estas acusaciones y presenta las movilizaciones como una respuesta legítima al deterioro económico y al giro neoliberal del gobierno.
Sin embargo, reducir la crisis a una disputa entre Paz y Morales sería simplificar excesivamente la situación. Las protestas reflejan transformaciones más profundas dentro de la sociedad boliviana. La fractura ya no se limita al viejo conflicto entre izquierda y derecha, sino que atraviesa al propio campo popular, dividido entre distintos proyectos de representación indígena, sindical y territorial. La crisis actual evidencia la fragmentación del bloque social que durante años sostuvo al MAS.
La dimensión regional también resulta relevante. La llegada de Paz al poder fue observada favorablemente por Estados Unidos y por gobiernos conservadores de la región, mientras que sectores progresistas latinoamericanos interpretaron su victoria como el fin de un ciclo político iniciado con Evo Morales. Las protestas modifican parcialmente ese escenario. Washington ha respaldado al gobierno boliviano y llegó a denunciar intentos de desestabilización, mientras algunos gobiernos de izquierda expresaron comprensión hacia las demandas sociales.
La situación se volvió aún más delicada tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La muerte de al menos un manifestante durante operativos policiales y militares incrementó la presión sobre el Ejecutivo y reforzó las críticas de organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Frente a la escalada del conflicto, Rodrigo Paz intentó abrir espacios de negociación, anuló órdenes de arresto contra algunos dirigentes sociales y anunció medidas simbólicas como la reducción del 50 por ciento de los salarios presidenciales y ministeriales. Sin embargo, estas concesiones todavía no han logrado desactivar completamente las movilizaciones.
En definitiva, la crisis boliviana de mayo de 2026 revela algo más profundo que un rechazo coyuntural a determinadas políticas económicas. Expone las dificultades para construir una nueva legitimidad política tras el largo ciclo del MAS y pone en evidencia el hecho que Bolivia continúa enfrentando una cuestión fundamental: cómo articular estabilidad institucional, representación social e inclusión económica en una sociedad marcada por profundas divisiones históricas.
Lo que está en juego ya no es únicamente la supervivencia política de Rodrigo Paz, sino la capacidad del sistema político boliviano para evitar que la crisis económica se transforme en una nueva crisis de régimen.
* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics.
X: @Gaspard_Estrada
