Chilpancingo, Guerrero, 4 de junio de 2026. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que las personas detenidas por extorsión a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), son parte del expediente por la investigación del homicidio de Marco Antonio Suástegui, que tiene la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
Esto, dijo, debido a que Marco Antonio Suástegui denunció amenazas de esta misma red de extorsionadores, con la que tuvo problemas en la playa Icacos, donde rentaba motos acuáticas.
En consulta telefónica, estimó que la red debe ser mayor de lo que muestran las detenciones del gobierno federal, pero, “así como está la estructura, con el líder, entendemos que está dentro del mismo expediente de Marco Antonio y que se tiene que profundizar”.
Estimó que el gobierno estatal ya debe tener todas las pruebas y testimonios de las investigaciones federales que llevaron a las detenciones. La FGE “tiene ahora mayor compromiso y responsabilidad de ejercer las órdenes de aprehensión que no han realizado contra los responsables materiales del asesinato de Marco Antonio”.
“No sabemos qué están esperando. En este entramado delincuencial están esas personas y ahí le toca a la autoridad (ministerial) actuar”.
También dijo que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda debe demostrar su “compromiso con un defensor emblemático de Guerrero, como Marco Antonio, cumplir a la sociedad, al consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), a la familia y a la comunidad de defensores de que en verdad tienen compromisos con la justicia”.
Advirtió que el seguimiento de este caso “es una prueba de fuego” para la FGE, para hacer un trabajo más meticuloso del que realizó la FGR y la SSPC.
Aclaró que la familia y el movimiento social esperaban que antes de que se cumpliera un año del asesinato del vocero del Cecop, el 25 de abril, la FGE iba a detener a los responsables materiales y a la fecha no ven resultados. “Esto nos generaba desconfianza, suspicacia, ¿por qué no se logra esa detención?”.
Este miércoles, la SSPC del gobierno federal informó que detuvo a 11 personas por extorsión a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, entre ellos, los dirigentes del Frente de la Zona Federal Marítima Terrestre en Acapulco, Jesús Zamora, y de la Unión de Cooperativas en Vanguardia de Deportes Acuáticos, Arturo Pantoja Guatemala, así como los líderes de vendedores y mobiliario, Marco Antonio Velázquez Girón y Abad Esparza Bustos.
En consulta sobre las detenciones, Barrera Hernández dijo que precisamente Marco Antonio Suástegui dijo que había una red de extorsionadores con la que había tenido problemas en la playa, donde no tuvo más alternativa que ceder al cobro de piso.
Recordó que el vocero del Cecop dijo que además le estaban aumentando la cuota y tomaban las motos acuáticas que dejaban en la playa, “para sus propios negocios”.
Explicó que era gente que delinque y nadie hacía nada contra ellos, porque aparecían como líderes de vendedores de playa, parte de la fachada del negocio.
“Ellos tenían controladas casi todas las playas y lo peor de todo es que aparecían como líderes que se regodeaban y se rodeaban de políticos. Por ahí deben aparecer muchas fotografías”.
Sin embargo, en Guerrero “no se dieron cuenta, no hacen este trabajo de investigación profundo de las redes delincuenciales que se tejen en estos grupos, que aparecen como líderes sociales, que tienen organizaciones y que llegan a acuerdos con funcionarios o con políticos”, denunció.
Se convirtió en el modus operandi que prevalece en el estado, “estamos hablando de una red delincuencial que las autoridades habrían de investigar, no sólo la extorsión sino de homicidios, desapariciones, asesinatos que se daban en la playa, que es obvio que estaban relacionados con el cobro de piso cuando no se atendían los acuerdos”.
En marzo, Fonatur reveló que identificó la existencia de extorsión y amenazas en playas
Desde marzo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reveló que identificó la existencia de extorsión, amenazas, cooptación, violencia, cobro de piso, intermediación y cooptación de liderazgos en todas las playas de Acapulco.
Como informó El Sur, el 3 de marzo el director general de dicha institución, Sebastián Ramírez Mendoza, mostró una cartografía con la información recopilada al presentar el nuevo modelo de equipamiento y gestión para el mantenimiento de playas –como parte del programa Acapulco Se Transforma Contigo–, con el que la recaudación del pago de los permisos y concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) pasó del Ayuntamiento al gobierno estatal.
La cartografía indicaba que había un total de mil 468 concesiones, en su mayoría en la zona Dorada con 916, seguida de la Tradicional con 190, la Diamante con 180, Puerto Marqués con 114, Pie de la Cuesta con 41 y Las Brisas con 27.
El adeudo histórico en total sumaba mil 122.2 millones de pesos, y de acuerdo con lo dicho por Ramírez Mendoza el adeudo recuperable alcanzaba los 448 millones.
En el acto también se adelantó que como parte de las acciones para el mejoramiento de playas se aplicaría videovigilancia y colocación de botones de pánico conectados al C5 en todos los accesos.
Aunado a esto, el 29 de abril en estas páginas el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reveló que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, tuvo reuniones “públicas” en playa Icacos con miembros del grupo delincuencial Los Rusos para decirles que los prestadores de servicios turísticos de ese lugar no podían pagar el “cobro de piso” que les estaba exigiendo.
Barrera Hernández expresó que el también fundador y dirigente de la asociación Turisteros en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi) era “un analista de lo que pasaba, de la situación de Acapulco, él sabía cómo estaban controladas las playas, él llegó a tener varios incidentes con los grupos que extorsionaban en la playa”, en referencia las motos acuáticas y mobiliario de playa que rentaba y fueron quemadas en 2014, 2018 y 2024.
“O sea, que de repente tenían una cuota de mil pesos y ya después era casi como el 100 por ciento (más); como decir, ‘es que nosotros no podemos trabajar nada más para ustedes’; o sea, él mismo los encaraba, ‘no podemos trabajar para ustedes, está bien, vamos a cooperar porque el gobierno no ayuda, no acompaña, pues déjenos trabajar’”, añadió y alertó de la situación en la que “la misma gente se ve obligada a tener que confrontarse o negociar o tener que reunirse con gente de la delincuencia precisamente por ese vacío de las instituciones”.
El director de Tlachinollan precisó que dichas reuniones empezaron un año antes del asesinato y eran “públicas en la playa y por esa razón él los ubicaba y de ahí que no solamente los ubicaba, la gente las ubicaba, pero obviamente que decían, ‘no’; y los ubicaba y a un lado estaba la Guardia Nacional, a 50 metros estaba el vendedor de droga”.
Los abogados de la organización le decían a Suástegui Muñoz que no le tocaba cruzar esa frontera, pero él les contestaba: “es que no puedo, tengo que trabajar, son chingaderas, de las cinco, seis motos que tengo, se llevan tres para hacer sus chingaderas”.
El vocero del Cecop fue atacado a balazos en la playa Icacos el 18 de abril de 2025 y murió después de una semana en el hospital. Más tarde se supo que había recibido amenazas de muerte, que reconoció como el responsable de éstas al sicario que le disparó, quien posteriormente fue detenido, pero luego de unos días liberado.
Lourdes Chávez/ Redacción
