Chilpancingo, Guerrero, a 5 de junio de 2026.- A 28 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, la sobreviviente Ericka Zamora Pardo se reivindicó, finalmente, como miliciana del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y reconoció que como tal se encontraba la noche de ese día en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde fueron atacados por los militares.
En un comunicado emitido ayer por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, se informó que en un conversatorio con motivo del 28 aniversario de la masacre de El Charco, realizado el viernes pasado, Zamora Pardo reconoció abiertamente su militancia en el ERPI, cuyos integrantes pernoctaban la noche del 7 de junio de 1998 en la primaria Caritino Maldonado Pérez, cuando fueron atacados por el Ejército mexicano.
Hasta antes de este aniversario, Zamora Pardo se reconocía como estudiante de la Universidad Autónoma de México (UANM) que realizaba investigaciones en la zona cuando ocurrió la masacre en esa escuela.
De acuerdo con el comunicado de la Red Solidaria Década contra la Impunidad enviado ayer a los medios de comunicación, Zamora Pardo se reivindicó como ex integrante del ERPI, en un conversatorio realizado el 29 de mayo en la Ciudad de México, en el que exigió al Estado mexicano “deje de proteger a los militares responsables de la masacre”.
La madrugada del 7 de junio de 1998, el Ejército mexicano irrumpió en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez de la comunidad de El Charco y ejecutó a 11 personas; 10 indígenas ñuu savi de la región, y un estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala Tapia.
Además, otras cinco personas quedaron heridas y veinticinco fueron detenidos y trasladados a la Novena Región Militar de Acapulco, entre ellas Zamora Pardo.
Para la Red Década contra la Impunidad, el reconocimiento de Zamora Pardo como integrante del ERPI “desactiva” el único argumento que el Estado mexicano ha sostenido durante casi tres décadas para eludir la responsabilidad: “que la presencia del ERPI convierte la masacre en un operativo legítimo”.
Refiere que el derecho internacional humanitario, los estándares de la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana son inequívocos: “la participación de un grupo armado no suprime el derecho a la vida de quien está fuera de combate”.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó la petición de admisión del caso de la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de julio de 2012, y fue registrada en el número P-1315-12.
El 14 de diciembre de 2018, mediante el informe 166/18, la CIDH declaró admisible la petición, reconociendo que la falta de investigación y sanción de los responsables podría constituir violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Red Década contra la Impunidad informó que actualmente el caso se encuentra en la etapa de fondo.
Exigen que el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Mientras tanto, Zamora Pardo, el sobreviviente Efrén Cortes Chávez y la familia de Ricardo Zavala Tapia, el tercer asesinado en el ataque de los militares, exigieron que una vez concluido el informe de fondo de la CIDH, el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para obtener una sentencia vinculante que obligue al Estado mexicano a investigar, sancionar a los responsables y garantizar la no repetición.
En su comunicado, la Red Solidaria Década contra la Impunidad exige al Estado mexicano en este 28 aniversario, que la CIDH emita a la brevedad posible el informe de fondo en el caso P-1315-12 y, de acreditarse las violaciones, lo remita a la Coidh.
Pide, también, la identificación, juzgamiento y sanción penal de los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica y Luis Humberto López Portillo Leal, que encabezaban el operativo militar la noche del 7 de junio, y de todos los mandos y elementos del Ejército mexicano responsables de las ejecuciones y la tortura.
Asimismo, demandan el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano ante las familias de las 11 personas ejecutadas, los cinco heridos y los 25 detenidos arbitrariamente.
Además, las reparaciones integrales para las víctimas y sus familias, incluyendo garantías de no repetición, así como la desmilitarización de las comunidades indígenas de Guerrero como condición estructural para la no repetición.
El organismo de derechos humanos anunció que el próximo 7 de junio el obispo emérito José Raúl Vera López, en su calidad de presidente de Red Solidaria Década Contra la Impunidad e integrantes de la organización, acompañarán a la comunidad de El Charco a Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, en el 28 aniversario de la masacre de El Charco.
Texto: Zacarías Cervantes
