“La CNDH nunca ha estado con las víctimas, se va con lo que le digan (las autoridades), no tienen pruebas para sostener lo que está hablando, nosotros sí las tenemos”, dice el señor Mario González de los ataques del organismo al GIEI y a la Covac y de su respaldo al Ejército
Chilpancingo, Guerrero, 11 de julio de 2026. El señor Mario González, papá de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, denunció que cada año antes del aniversario de los crímenes del 26 de septiembre, el gobierno federal trata de desacreditar su movimiento y a sus representantes, para encubrir al Ejército y otros responsables.
Así como en los sexenios del priista Enrique Peña Nieto y luego del morenista Andrés Manuel López Obrador, indicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum actuó mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que carecen de autonomía.
En consulta telefónica lamentó que la hija de una defensora de derechos humanos como Rosario Ibarra de Piedra, la actual presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra dicte una recomen-dación donde se desestima el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y el Aceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVaj) que encabezaba Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La recomendación de la CNDH a siete dependencias y organismos federales dice que el grupo de expertos manejó una narrativa “sensacionalista”, para responsabi-lizar a los militares de la desaparción de los 43 normalistas, que sus búsquedas fueron “prácticamente nulas” y que buscaba imponeer “agendas exernas”.
El señor Mario consideró que la CNDH de Piedra Ibarra “sigue el guión que le ponen, y es una falta gravísima porque su mamá tiene un hijo desaparecido, y tomó esa causa para colarse en el puesto que está”.
Advirtió que está desprestigiando a todo el mundo, “a los licenciados que nos acompañan, diciendo que sería bueno hacerles una auditoría, es ella quien debe de dar cuenta de los recursos”.
Recordó que en los informes del GIEI se establecieron líneas de investigación distintas a la llamada “verdad histórica”, con la que Peña Nieto pretendía cerrar el caso para proteger al Ejército y a los funcionarios que participaron en el encubrimiento.
Además señaló que desde que comenzó su gobierno, López Obra-dor firmó un decreto presidencial para tener una comisión de investigación (la Covaj), donde pueden estar integrantes del extinto GIEI, a czuyos integrantes han tratado de desprestigiarporque la Fiscalía General de la República (FGR) no puede hacer su trabajo.
Sin embargo, no quieren integrar a los expertos indepen-dientes porque saben que van a llegar más lejos de lo que estamos, “no quieren saber la verdad”.
En este sexenio, dijo, tampoco ha habido un buen seguimiento de las líneas de investigación.
Señaló que la Fiscalía Especial de la FGR detuvo a 10 personas, pero ninguna está procesada por el caso Ayotzinapa, sino por delitos del crimen organizado, como portación de armas y drogas.
“La CNDH nunca ha estado con las víctimas, se va con lo que le digan (las autoridades), no tiene pruebas para sostener lo que está hablando, nosotros sí las tenemos”.
También aclaró que son 43 los estudiantes desaparecidos, no 40 como dice la CNDH en su documento, porque los hallazgos positivos de tres normalistas desaparecidos fue a partir de restos óseos, a la fecha no han dicho dónde se encuentra el resto de cada cuerpo.
A dos meses del 12 aniversario de los crímenes de Iguala señaló que vuelven a atacarlos desde las instituciones, “van tres sexenios que no se hacen uno”.
Adelantó que el próximo 28 de julio las madres y padres de familia tendrán una reunión para revisar el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con sede en Tamaulipas, que ordenó la creación de una comisión de investigación con representantes de la víctimas y la supervision de la CNDH.
La comisión cuya validez revisará la Suprema Corte tras admitir un recurso de “revisión extraordinaria de la Consejería Jurídica” de la Presidencia.
“Ese es el gran problema de todas las instancias que se dicen autónomas pero no es cierto, sí saben a quién proteger”, señaló.
Ratificó que hay una estrategia de todas las instancias porque la FGR también tiene órdenes de aprehensión por aplicar, incluido al exprocurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y no se aplica. “Cuántos años podemos aguantar los padres, hay unos que no pueden ni caminar”.
También expuso que los padres han dejado claro que la única reparación del daño es conocer el paradero de los 43 normalistas.
Demandó a las autoridades que dejen de despertar sentimientos que los padres ya habían superado, como cuando presentaron la versión del basurero de Cocula, que con el tiempo quedó desacreditada por sus representantes, mediante el GIEI.
Lourdes Chávez/Foto: Archivo
