Chilpancingo, Guerrero, a 21 de julio de 2026.- Los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exonera a las fuerzas armadas de los crímenes del 14 septiembre de 2014 en Iguala, equivale a una traición a las víctimas que han sufrido desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado fechado el viernes 17, convocaron a la sociedad civil, a las organizaciones nacionales e internacionales a no callar ante este atentado contra los derechos humanos en México.
En el escrito exponen que la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, no busca esclarecer los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino exonerar a la institución militar de sus responsabilidades, al desestimar las pruebas de las investigaciones de expertos independientes.
Señalaron “cinismo”, “descaro” y una “enorme insensibilidad” de la presidenta María del Rosario Piedra, que desestime los hallazgos sobre las acciones y omisiones de elementos del 27 Batallón de Infantería de la Defensa Nacional, que varios organismos defensores han resaltado, porque existen elementos para investigar e incluso 20 militares ya han sido vinculados a proceso por este caso.
Al exonerar a los militares, la CNDH no sólo se convierte en cómplice de la impunidad, revictimiza a los estudiantes y desvía la atención de las evidencias sobre el papel de las Fuerzas Armadas, afirman.
Explican que la resolución “parece retomar narrativas desechadas por falta de sustento técnico, ignorando años de investigaciones independientes y los señalamientos de opacidad en la entrega de información de inteligencia. Nuestra exigencia siempre ha sido la de encontrar una justicia real y no a modo”.
Ratificaron que “la CNDH no busca esclarecer la verdad, sino exonerar a la institución militar de sus responsabilidades, al desestimar pruebas y exculpar a las Fuerzas Armadas de su participación en casos de Estado, equivale a una traición histórica hacia quienes hemos sufrido desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.
Observan un ataque sistemático de la CNDH contra los informes de expertos independientes, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, para desacreditar rigurosas investigaciones.
Así revela que la Comisión responde a intereses políticos, protegiendo a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Denunciaron que el organismo abdicó a su mandato y a su autonomía para convertirse en un apéndice de las Fuerzas Armadas, y encubrir las omisiones y acciones castrenses, violentando su propia misión de defender el orden jurídico y garantizar un recurso efectivo a las víctimas.
“La dignidad de las víctimas no se negocia ni se desaparece mediante recomendaciones confeccionadas a modo para proteger al poder militar. La ombudsperson ha demostrado que la institución que encabeza carece de la independencia, el rigor técnico y la sensibilidad moral para seguir ostentando el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Exigieron que el organismo deje de operar como la oficina de relaciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lourdes Chávez
