Tlapa, Guerrero, a 6 de agosto de 2026.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció la falta de atención de las autoridades a las familias jornaleras en la Unidad de Servicios Integrales (USI), donde toman los autobuses que los transportan y han salido más de 5 mil personas en lo que va del año.
La integrante del área de Fortalecimiento Comunitario, Javiera Feliciano Pacheco, comentó en el programa de radio Tlajtoltlapalehuilistli, que se transmite por la radiodifusora la XEZV La Voz de Montaña, que de enero a julio han salido de la región 5 mil 526 familias, lo que es una cifra alta a mediados del año, porque aún no se habla de la temporada alta y en 2025 registraron 13 mil 36.
De la misma área, Armando Galeana Méndez dijo que las condiciones de la USI o Casa del Jornalero no cumplen con lo básico para atender a las familias que acuden, para el ascenso y descenso de los autobuses, mientras esperan su salida o llegan de los campos.
Mencionó que la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia) dota de algunos insumos mensuales para preparar alimentos, pero resultan insuficientes o llegan a destiempo, como la falta de gas para cocinar, al menos frijoles, que obligó a las familias a comprar sus alimentos.
Además de las carencias en los servicios de agua y de energía eléctrica, que no tenían este miércoles, está en mal estado la infraestructura para que descansen o duerman mientras están en tránsito en la ciudad.
A eso se suma la falta de verificación de las condiciones de los autobuses, el trato laboral en los campos y los apoyos en los traslados de los cuerpos por algún deceso de jornaleros.
Isael Rosales recordó que la USI es un espacio que se buscó en 2006, para albergar a las familias jornaleras que se concentraban en el río Jale, donde varias veces fueron arrastradas por sus aguas.
Las cifras de la desatención
Los integrantes de Tlachinollan mencionaron que era importante que se atendiera la migración interna de familias jornaleras, ante la indiferencia de las autoridades, y que el día martes 4 de agosto habían salido de la comunidad de Cuautololo, municipio de Copanatoyac.
En un boletín de la organización, se detalló que salieron 117 jornaleros, 25 fueron niñas y 26 niños de 0 a 17 años, a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora, al corte de chile y tomate verde.
Se registró que el 53 por ciento son familias na savi, el 33 por ciento nahuas y el 14 por ciento me’phaa.
Este año 34 familias jornaleras salieron del municipio de Copanatoyac, de Cochoapa el Grande salieron 28, de Tlapa 25, de Metlatónoc 20, Alcozauca seis, Olinalá dos y uno de Tlacoapa. Las comunidades de Cochoapa el Grande y Metlatónoc han sido las más pobres del país con marginación, precariedades, conflictos agrarios y feminicidios, como el de Leuteria, en enero de 2025 en Alcozauca.
En el boletín mencionaron que las secretarías de los Migrantes y Asuntos Internacionales, del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han abandonado a la población jornalera y a veces cuentan con el apoyo de la Sedepia, estas últimas, de atención a población indígena.
Destacaron que los niños que se fueron con sus padres, el 4 de agosto, son 20 en edades de 0 a 5 años, sin posibilidad de recibir educación porque sólo unos campos cuentan guarderías y escuelas de Conafe. En la mayoría de las “rancherías” los niños se quedan bajo una sombrilla, en un árbol o entre las plantas de chile y tomate verde.
De igual manera, los niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años dejan de estudiar para ayudar a sus padres a trabajar en los campos agrícolas, porque no tienen dinero para solventar los gastos de la educación de sus hijos ya que las autoridades estatales y federales no le garantizan el derecho a la educación.
En un resumen breve de los jornaleros que viajaron a los campos agrícolas, 52 pudieron estudiar algún grado de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, mientras que 64 no tuvieron acceso a la escuela.
A eso se suma la falta de maestros e infraestructura escolar en sus comunidades y la dificultad para acceder a las becas y programas sociales.
Los 117 jornaleros salieron en dos autobuses destartalados, llegaron desde las 9 de la mañana del lunes 3 de agosto a la USI, donde durmieron entre los colchones rotos.
Doña Ofelia
En el boletín mencionan que doña Ofelia, indígena ñuu savi de la comunidad Loma Canoa, municipio de Cochoapa el Grande, fue una que recibió comida caliente en la casa del jornalero, vestía su huipil y llevaba huaraches, tenía en brazos a Crispin de un año; Yanet de tres, sentada a un lado y Brayan de cinco jugaba en el piso, ambos bajo el techado de lámina.
Su fuente de ingreso es tejer huipiles, que cuestan hasta 3 mil pesos, lo cual es insuficiente para mantener a su familia porque su elaboración tarda meses y los compran eventualmente, mientras que los apoyos del gobierno no son suficientes.
Las autoridades indiferentes
Las autoridades estatales y federales dejaron de lado las mesas interinstitucionales y sólo atendieron la emergencia de inseguridad en noviembre del año pasado, cuando un grupo criminal cobró cuota a los conductores de los autobuses que se fueron a Sinaloa y quienes no acataron las órdenes de los delincuentes fueron agredidos a balazos y a pedradas, despojándolos de los pocos ahorros que llevaban para vivir la primera semana en los campos agrícolas en los límites de Puebla y Guerrero.
Texto: Carmen González Benicio
