Llega en silla de ruedas y manifestó padecer diabetes y presión arterial alta. Se dice ajeno a los hechos contra los normalistas de Ayotzinapa y que tiene la “conciencia tranquila y en paz”
Ciudad de México, 8 de agosto de 2026. Un juez de control dictó prisión preventiva al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero acusado de la destrucción de evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR)
Durante la diligencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano que duró poco más de seis horas, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del plazo, por lo que la audiencia continuará el martes y sera ese día cuando se decida si es vinculado o no a proceso.
Aguirre Rivero ingresó a la audiencia en silla de ruedas y manifestó padecer diabetes y presión arterial alta, además de haber estado hospitalizado por una infección en las vías urinarias. Una versión indica que se sintió mal después de su detención en la autopista México-Querétaro la mañana del jueves, y que recibió atención médica en el penal.
Con esos argumentos, más su edad –70 años–su defensa solicitó que su cliente enfrentara el proceso en prisión domiciliaria; sin embargo, el juez rechazó la petición y ordenó la prisión preventiva.
En un comunicado, la FGR dijo que derivado de una “acción de alta relevancia” relacionada con la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, obtuvo prisión preventiva en contra del ex gobernador “por su posible participación en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas”.
Agregó que “en audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso. No obstante, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional”, que permite ampliar de 72 hasta 144 horas el plazo para que un juez de control resuelva la situación jurídica sobre si se vincula o no a proceso.
En la audiencia, una de las testigos aseguró que entregó el 29 de septiembre del 2014 un disco que contenían esos videos a Aguirre, y que un día después el gobernador citó a sus colaboradores más cercanos, incluido el procurador Iñaki Blanco, para que ocultaran y destruyeran toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
De acuerdo con la nota que el periódico La Joanrada publicó en su portal, el ex gobernador escuchó atento la imputación y continuamente movía la cabeza en señal de desaprobación de lo que se decía e incluso llegó a soltar una sonrisa incrédula de lo que escuchaba.
Aunque Aguirre se reservó el derecho a declarar, al final si tomó la palabra para decir que lamentaba lo que había ocurrido esa noche con los normalistas, que él siempre ha colaborado con las investigaciones y esclarecimiento de los hechos e incluso dijo “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
Se dijo ajeno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró estar en paz con su actuación, antes de conocer que permanecerá encarcelado mientras se resuelve si es sometido a proceso.
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”, expresó el ex gobernador en la audiencia inicial que comenzó después de las 10 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 4 de la tarde. Al término, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, le impuso prisión preventiva oficiosa.
El ex mandatario aseguró que no tuvo absolutamente nada que ver con los hechos ocurridos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
También sostuvo que durante los casi 12 años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes, nunca buscó sustraerse de las investigaciones y que está abierto a la colaboración.
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Aguirre responsabilidad en el delito de desaparición forzada dentro de una nueva vertiente de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
El expediente presentado ante el juez incluye el presunto ocultamiento o destrucción de grabaciones obtenidas por cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
El material corresponde a las horas en las que los normalistas fueron perseguidos y atacados en distintos puntos de esa ciudad.
La investigación federal busca establecer qué ocurrió con esas imágenes, y determinar responsabi-lidades por su desaparición debido a que podían aportar información importante de los hechos.
Casi 12 años después de los ataques de Iguala, Aguirre enfrentará desde prisión la siguiente etapa de la audiencia en la que se resolverá si queda formalmente sujeto a proceso.
Revelan que dos ex funcionarias de Guerrero son las que declararon contra Aguirre
Dos ex funcionarias de Guerrero, ambas de edad avanzada, son las “personas colaboradoras” que declararon contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido el jueves por el supuesto ocultamiento o destrucción de videos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso informaron que se trata de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín.
Galena Marín obtuvo la semana pasada el beneficio de la prisión domiciliaria, como parte de un proceso en el que se la acusa de colaborar en la desaparición de los videos, captados por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La otra testigo es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fue detenida en marzo pasado luego de un cateo a su departamento en Chilpancingo, en el que fueron asegurados cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de “medicamentos controlados”, y que entonces se dijo que era en el momento de los hechos de Iguala subprocuradora de Justicia del estado. El cateo en la casa de quien otras fuentes presentan como visitadora del Tribunal Superior de Justicia fue parte de la investigación del caso Ayotzinapa.
Las fuentes informaron que ambas ex funcionarias habrían pactado un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una carpeta de investigación distinta a la que generó su detención.
Galeana Marín, de 81 años, estaba recluida desde mayo de 2025 en el penal femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos, por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, pero la semana pasada fue trasladada a su casa en Chilpancingo.
Estrada Ortega tiene 73 años, mientras que la persona con la que fue detenida durante el cateo, Margarita Anguiano Castro, tiene 83 años.
Una jueza del Reclusorio Norte las vinculó a proceso por los cartuchos y las armas, y, pese a que acreditaron varios problemas de salud, rechazó su petición de prisión domiciliaria, enviándolas al penal femenil de Tepepan.
La FGR cateó el departamento de Estrada en la colonia Jardín Balbuena por un testimonio que la relaciona con la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
Esas filmaciones pudieron haber captado el momento en que un autobús que trasladaba a los normalistas fue detenido por policías locales.
Agencia Reforma con información de Juan Luis Altamirano/ Foto: Archivo
