Redacción
Chilpancingo
Por más de 10 años el gobierno y el crimen organizado han agredido a comunidades originarias de la Montaña, buscando su desplazamiento, su sumisión o su desorganización para garantizar su control, denunció la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Exigió la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y justicia para todos los pueblos desplazados por la delincuencia organizado y los “narco gobiernos” en Guerrero.
Responsabilizó al gobierno municipal de Chilapa, de Mercedes Carballo Chino, al gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda y al gobierno federal de Claudia Sheinbaum de lo que le suceda al líder comunitario y a su familia, que está en pie de lucha por su libertad.
En un comunicado de prensa difundido ayer domingo la organización que nació en Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez y coordinada por Norma Mesino Mesino, aseguró que habitantes de comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán, del municipio de Chilapa de Álvarez, siguen sin poder regresar a sus casas.
Señaló que la delincuencia ha sido parte del capitalismo y de la contrainsurgencia.
La misiva es dirigida al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Sexta Nacional e Internacional, a las Redes de Resistencia en Rebeldía, al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, al Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y a los pueblos originarios indígenas y campesinos del mundo.
El texto rememora el desmantelamiento de la producción de alimentos a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y el inicio de la “doctrina de seguridad norteamericana” aplicada a partir de los años 80 a países de Latinoamérica, incluido México.
En el tema del apoyo al campo, la organización dijo que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los recursos se destinaron a subsidios individuales y a programas como el de precios de garantía, que no han funcionado.
Sin mecanismos e instituciones de financiamiento, comercialización, ni seguros, los productores agrícolas quedaron a merced de una competencia desigual con la agricultura norteamericana, fuertemente subsidiada y de una banca comercial que celebra sus grandes ganancias, dice.
En cuanto a la seguridad, menciona que los narcotraficantes norteamericanos no se persiguen ni se mencionan, y que parece que quieren vender el cuento que con Al Capone se acabaron las mafias en Estados Unidos.
Agrega que por medio de su secretario de estado, Marco Rubio, han decretado una cruzada contra “el terrorismo político”, que contra los que están en desacuerdo con ellos.
“Un abanico donde caben antiimperialistas, socialistas, comunistas, anarquistas, defensores de la naturaleza, de los derechos de los pueblos originarios, defensores de derechos humanos, luchadores de izquierda, progresistas, feministas, buscadores de desaparecidos y los gobiernos de Cuba, China, Vietnam, Corea del norte, Rusia e Irán”.
Además, se presiona a otros como los de México, Brasil y Colombia.
Cuestionan que en la coyuntura de otra reunión Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se detuvo a Jesús Plácido Galindo, a quien califican como un luchador social plenamente identificado con la lucha de los pueblos originarios de la Montaña.
“¿Es un mensaje para agradar a los imperialistas norteamericanos?, ¿se estará preparando alguna ofrenda para bajarle intensidad a la presión norteamericana?”.
Minerales
Considera que es claro el interés de los Estados Unidos en materiales como el zinc, cobre, grafito natural y hierro para sus procesos industriales dentro de sus planes internos y de dominación mundial.
“Además del oro y la plata. Y de esto hay en la región de la Montaña. Grupos como Los Ardillos han diversificado sus actividades, ya no están solo en la siembra y trasiego de amapola, sino también están en la extorsión, actividades comerciales ligadas al transporte y los alimentos, la minería ilegal, la seguridad y la imposición de los intereses de las empresas mineras.
“Durante más de 10 años han agredido a comunidades originarias de la Montaña, buscando su desplazamiento, su sumisión o su desorganización, para garantizar su control”.
“Ha sido muy clara y señalada la relación de Los Ardillos, el grupo narcotraficante de los Beltrán Leyva, y el exsuegro de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), Joaquín Alonso Piedra, amigo de Félix Salgado (Senador de la República)”.
Señalan que las autoridades en vez de investigar o combatir a este grupo delictivo, detienen al dirigente del CIPOG-EZ, que ha resistido las agresiones del grupo delincuencial.
Le recordaron a los tres niveles de gobierno que cerca de mil habitantes de las comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán del municipio de Chilapa de Álvarez siguen sin poder regresar a sus casas, desde las agresiones armadas a sus comunidades del 6 al 11 de mayo pasado por parte del grupo criminal que opera en la zona.
“El 2 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación sobre el caso de Ayotzinapa donde claramente se defiende al Ejército. ¿Se está reeditando una nueva guerra sucia?
“La delincuencia ha sido parte del capitalismo y también de la contrainsurgencia”.
A través de la historia, desde el poder se han usado calificativos contra luchadores sociales como “robavacas”, “asaltantes”, “secuestradores”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ayotzinapos”, “los Atilas del sur” y otros.
El objetivo es descalificar las causas de las organizaciones autogestivas y justificar las agresiones en su contra, finaliza.
