La audiencia que comenzó el martes después de mediodía concluye a las 2:31 horas del miércoles. Padres de los normalistas comparecen mediante videoconferencia y señalan al ex gobernador como responsable de la desaparición de sus hijos. La defensa anuncia que apelará la decisión judicial
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 13 de agosto de 2026. Un juez federal vinculó a proceso durante la madrugada del miércoles a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano.
Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la FGR ofreció los datos de prueba suficientes para presumir que existe un hecho que la ley marca como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.
El impartidor de justicia también fijó un término de cuatro meses para la investigación complementaria, un plazo previsto para que las partes acopien sus respectivas pruebas y que fenecerá el próximo 4 de diciembre.
Aguirre fue procesado por el delito de desaparición forzada de personas, en una modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La imputación específica consiste en que habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La base de la imputación son los testimonios de la magistrada Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora general de la misma institución.
Estrada declaró que el 29 de septiembre de 2014 robó en la oficina de Galeana el disco con los videos de la noche de las desapariciones y los entregó ese mismo día a las 20:30 horas a Aguirre, en Chilpancingo.
Al día siguiente, dijo que hubo dos reuniones en el Palacio de Gobierno en la capital de Guerrero, en las que Aguirre cuestionó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso de los normalistas, porque estas desapariciones no podían pasar a mayores, ya que él tenía muchas relaciones con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Estrada asegura que ella y Galeana acudieron a esas reuniones.
La FGR ofreció 13 datos de prueba contra Aguirre, entre ellas los testimonios de las ex funcionarias, ambas también procesadas, mientras que Aguirre presentó 31 datos de prueba.
“Entre los datos de prueba que aportó la FGR se acredita que la instrucción para realizar dicho ocultamiento, fue girada de manera directa, dolosa y deliberadamente, por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de primer nivel”, destacó la Fiscalía en un comunicado.
El juzgador dijo que en el delito de desaparición forzada, la norma le obliga a realizar un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.
Esta audiencia originalmente estaba programada el martes a las 10:00 horas, pero inició hasta las 12:47 y concluyó hasta las 2:31 horas de este miércoles.
Los abogados ofrecieron 31 datos de pruebas para tratar de desacreditar la imputación, seis de ellas testimonios, además de notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, documentos notariales y actas de nacimiento, entre otras.
De acuerdo con los testigos, el 29 de septiembre de 2014 el entonces mandatario no estaba en la capital del estado, porque sostuvo a las 18:00 horas una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en una oficina privada del octavo piso de la Torre Chapultepec, en Rubén Darío 281, Polanco, Cdmx.
Uno de los datos adicionales que ofrecieron al respecto es una nota periodística de Grupo Reforma que da cuenta de la reunión de Aguirre con Osorio.
Al día siguiente, participó en tres reuniones en Casa Guerrero, la residencia oficial del Gobernador en Chilpancingo: una con el equipo de futbol Avispones, atacado a balazos el 26 de septiembre anterior en Iguala; otra con militantes del PAN y una más con el Grupo de Coordinación Guerrero.
En esta última, participaron miembros del gabinete de seguridad del Gobierno Estatal, así como autoridades federales como los Delegados de la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como Rafael Ojeda Durán, comandante de la Octava Zona Naval y más tarde Secretario de Marina.
Las tres reuniones del 30 de septiembre no se llevaron a cabo en el Palacio de Gobierno, como señala la ex Visitadora del TSJEG, y en ninguna de ellas participaron Galeana ni Estrada.
Para acreditar lo anterior, los abogados ofrecieron la impresión de la agenda del gobernador y un tweet del mandatario, ambos de la misma fecha, además de testimonios.
La defensa de Aguirre presentó ayer como testigos de descargo a Everardo Ramón García Mondragón, su ex secretario particular; Armando Añorve Perea y Ángel Benigno Marín, sus ex choferes; Pedro Julio Valdez Vilchis, su ex director de Comunicación Social; el Coronel Felipe Martín Ornelas Rebollo, su excoordinador General de Seguridad y Transporte Aéreo; y el ya referido Martínez Garnelo.
Por pedido de la FGR, que consideró que sus testimonios resultaban sobreabundantes, el juez sólo autorizó que Ornelas y Martínez Garnelo fueran interrogados en la sala de audiencias.
El primero detalló que trasladó a la Cdmx a Aguirre para su reunión con Osorio Chong a las 18:00 horas; la cita concluyó una hora después y enseguida partieron de regreso a Chilpancingo, a donde llegaron alrededor de las 23:00 horas.
El segundo dijo que en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero no participaban Galeana ni Estrada.
El fiscal presenta una geolocalización
Cuando concluyó la exposición de las pruebas de Aguirre, el fiscal federal David Roberto Rojas Ramírez ofreció dos pruebas de refutación, como último intento para tratar de acreditar que el exgobernador sí estuvo en Guerrero, cuando menos el 29 de septiembre de 2014.
El funcionario presentó una geolocalización y una declaración ministerial rendida hace más de una década por el ex mandatario, en la que constaba el número telefónico del que supuestamente era portador y había sido rastreado.
La defensa reveló que ambas pruebas eran parte de una averiguación previa del 2015 y fueron incorporadas al expediente apenas el 9 y 10 de agosto, razón por la que cuestionó que la FGR no las presentara en la imputación original.
Además, reveló que el número celular era de un abogado de Aguirre, de apellido Villalobos. Adicionalmente, pidió que la geolocalización fuera declarada ilegal, porque no había sido autorizada por una autoridad judicial.
Aunque la FGR dijo que en el 2015 no se requería la orden de un juez para obtener la geolocalización, el juzgador Mario Elizondo determinó no admitir esta prueba.
El juez precisó que esta prueba no la iba a declarar ilegal sino imperfecta, porque hacía falta más información para valorarla y más adelante la Fiscalía tenía la posibilidad de perfeccionarla en su investigación.
Toman la palabra los padres de los 43
Una vez desechada esta prueba que parecía clave para la FGR, tomaron la palabra los padres y madres de algunos de los 43 normalistas desaparecidos, quienes le solicitaron al juez -incluso al borde del llanto- procesar y dejar en la cárcel a Aguirre.
Más de uno de los deudos, quienes comparecieron por videoconferencia desde el Centro Pro, señalaron a Aguirre como responsable de la desaparición de sus hijos.
“Queremos que vincule a proceso a este señor, yo le pido de favor como mamá, que no le dé la libertad a este señor, por favor, yo le pido que no salga en este momento”, le solicitó la señora identificada con las siglas M.M.O.
Otra de las madres dijo: “El ex gobernador necesita estar en la cárcel, es lo que nosotros queremos, porque no sabemos nada de nuestros hijos y queremos saber a dónde se los llevó y también investiguen a Peña Nieto”.
Al final, el juez Mario Elizondo decretó la vinculación a proceso y uno de sus argumentos fue una tesis aislada de un tribunal colegiado, que establece que si la defensa presenta una hipótesis alternativa y verosímil de los hechos, eso no quiere decir que la expuesta por la Fiscalía no sea probable.
La tesis en cuestión, que no es de aplicación obligatoria, es del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX.El juez manifestó que ninguno de los testigos, tuits o notas periodísticas le generaban la convicción de que Aguirre no estuvo involucrado en los hechos.
“No son suficientes para corroborar que esa reunión (en la que supuestamente le entregaron los videos) no ocurrió, porque si le imputan que la reunión fue a las 20:30 horas y él regresó a las 22:00 horas a Chilpancingo, pues no es del todo imposible que no se haya reunido (con Blanca Estrada Ortega)”, dijo.
“La tesis del magistrado Juan José Olvera (del citado Tribunal Colegiado) no impide vincular a proceso si hay una versión verosímil y alterna, porque todo es una aproximación, tanto los horarios que menciona la defensa como los de la Fiscalía”.
Celebran padres de los 43 y alumnos proceso a Aguirre; el caso no debe cerrarse ahí, dicen
Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos y un representante de los alumnos de la institución, celebraron la vinculación a proceso al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; coincidieron con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, de que “es importante” su detención para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Sin embargo, discreparon de su aseveración respecto a que el ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch –en 20º4 comisionado de la Policía Federal– no está implicado en el caso y expresaron su preocupación de que con la detención del ex gobernador se pretenda cerrar el caso, sin llegar a encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, declaró por teléfono a El Sur, que la detención del ex gobernador es importante porque estuvo al tanto en tiempo real de lo que estaba pasando la noche del 26 de septiembre del 2014, porque le estaban informando a través del C-4.
Agregó que la declaración de las dos testigos que lo señalan por la destrucción de los videos de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia, confirma que sí está enterado de lo que pasó esa noche “y con eso creo que hay suficientes elementos para su detención y ahora vinculación a proceso”.
González Contreras, agregó que con más tiempo se podrán encontrar nuevas pruebas para que se fortalezca el proceso en su contra y hable de lo que pasó con los estudiantes y dar con su paradero.
Insistió que con respecto a la responsabilidad de Aguirre Rivero no tienen dudas, “ese no es el problema para nosotros, el riesgo que vemos es que el caso lo quieren volver estatal, cuando está comprobado que hubo también la participación de la autoridad federal, y entre los funcionarios está el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch”, indicó.
Alertó que el gobierno federal pretende deslindar a personajes del ámbito federal que participaron, ya sea por omisión, actuación, “o por construir la mentira histórica”.
Don Mario, advirtió que esperan que no sea así, “que no sea ese el objetivo del actual gobierno, porque nosotros vamos a seguir exigiendo los 800 folios que están en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Advirtió que los padres van a seguir señalando, también, la responsabilidad de todos los que participaron en las reuniones para tratar el caso Ayotzinapa, “porque no se trata de decir solamente ya agarramos a Aguirre y quedarnos hasta ahí, nosotros vamos a seguir exigiendo hasta que se resuelva lo mas importante que es saber dónde están los muchachos, eso es lo principal para nosotros, para que quedemos con cierta calma en nuestros corazones”.
Cristina Bautista Salvador, madre del estudiante Benjamín Ascencio, consideró por su parte que la detención y vinculación a proceso al ex gobernador es positiva “y no es una simulación” como la detención de personajes anteriores, “que son la causa que sigamos aquí exigiendo a nuestros hijos a casi 12 años”.
Declaró que, como gobernador, Aguirre Rivero sí supo dónde están y qué hicieron con los videos, “si él los entrega, habla o dice quien le dijo que ocultaran la información, vamos a alcanzar la verdad, vamos a saber dónde están nuestros hijos, no es justo que, a casi 12 años, sigamos sin saber nada de ellos, sin saber a dónde están”.
Bautista Salvador insistió que el ahora ex gobernador sí sabía lo que estuvo pasando esa noche en Iguala, “no es posible que ahora diga que no estaba enterado y no diga lo que pasó”.
Reconoció que la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sí está investigando, “está trabajando y va avanzando, por eso ya cayó este ex gobernador”.
También admitió que en su caso confía en la presidenta, “porque está haciendo un buen trabajo y va avanzando en las búsquedas en campo y se han encontrado restos, y aunque no sean de los nuestros, son de otras familias, sabemos que no somos los únicos que sufrimos la desaparición de un hijo, hay más familias que buscan a sus seres queridos.”.
Un representante del Comité de Base Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, declaró que la detención de Ángel Aguirre Rivero “es importante” porque es el responsable de la desaparición de pruebas contundentes.
Sin embargo, atajó: “Pero que no nos quieran venir engañar que con su captura se termina el proceso,: ¿A dónde está Harfuch, en qué puesto se encuentra actualmente y que puesto ocupaba en el 2014? ¿No se supone que era el encargado de la seguridad federal y no hizo su trabajo?”.
Alertó que con las declaraciones de Ariadna Montiel pretenden deslindarlo del caso Ayotzinapa “porque lo tienen apuntando para algo mas grande, lo quieren hacer presidente de México, pero se les olvidan los sucesos de Iguala”.
Indicó que con la detención de Ángel Aguirre se quiere deslindar la participación del gobierno federal, “cuando tenemos las pruebas suficientes para apuntar y señalar que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado”.
Pidió la detención de Abarca, dice Aguirre y señala negligencia de la PGR en el caso
Tres meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Guerrero pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero no lo hizo, denunció el exgobernador Ángel Aguirre.
En la audiencia en la que la madrugada de ayer fue vinculado a proceso acusado de desaparición forzada, Aguirre afirmó que si la antecesora de la Fiscalía General de la República (FGR) hubiese atendido su solicitud, no hubiera ocurrido la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al tomar la palabra, le dijo a Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, que la petición para proceder contra Abarca primero se hizo al delegado de la PGR en Guerrero y luego personalmente la planteó a Murillo Karam, pero no hubo interés.
“Le ruego revise cómo el gobierno del estado planteó dos o tres meses antes al delegado de la PGR detener a José Luis Abarca, si eso hubiese sucedido, no hubiera ocurrido lo de Iguala”, dijo Aguirre, vestido con pants gris oscuro y sentado en silla de ruedas.
“Después le pedí personalmente a Jesús Murillo Karam que actuara y detuviera a Abarca para evitar el trámite del desafuero a nivel local; Murillo Karam me dijo en ese entonces que se iba a operar de la garganta y que se lo iba a pedir a Mariana Benítez Treviño (entonces subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales y ahora diputada federal de Morena). Plantee que se detuvieran o investigaran a otros presidentes municipales. Nunca en mi vida he tenido un vínculo con un grupo de la delincuencia organizada, tengo la conciencia tranquila. Jamás me he sentado con un miembro de la delincuencia organizada ni he recibido un peso de la delincuencia organizada. El día que me lo acrediten, como se trata de insinuar, que proceda el juez a castigarme”.
En su intervención, defendió la actuación de las autoridades estatales en el caso Ayotzinapa, antes de que la PGR atrajera la indagatoria, ya que su administración incluso evitó que la tragedia fuera más grande, al rescatar a decenas de víctimas.
“Aunque se quiera decir que fuimos omisos, no lo fuimos, nosotros detuvimos a los agentes de la Policía Municipal de Iguala y, aunque se niegue, nosotros rescatamos a más de 60 jóvenes que bien pudieron seguir la misma suerte que los 43 normalistas”, sostuvo.
Antes de tomar la palabra, padres y madres de los 43 normalistas intervinieron en la diligencia y le pidieron a Aguirre que les informara dónde estaban sus hijos, ya que lo acusaron de ser uno de los responsables de la tragedia.
La respuesta del exmandatario fue que, si tuviera esa información, ya se las habría comunicado.
“Yo entiendo el dolor de los padres de Ayotzinapa, sé lo que es perder un hijo porque mi hijo murió de un aneurisma hace seis años. Si yo supiera dónde están sus hijos, lo dijera, tengan la absoluta certeza, sería un desalmado si no aportara la información. Al contrario, estos 12 años han sido cargar una losa para mí y toda mi familia”, expresó.
“Yo escucho la condena de las madres, las entiendo perfectamente, sé del dolor, quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Ojalá Dios quiera que se encuentre algo allí (en las funerarias) a través del nuevo Fiscal Mauricio Pazarán”.
“Es una delincuente”, dice el ex gobernador
También se refirió a la magistrada Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general de la misma institución, quienes declaran en su contra.
De hecho, dijo que esta última es una “delincuente” que debiera ser investigada por sus probables vínculos con “El Patrón”, un hombre que supuestamente ordenó entregar a los 43 normalistas al grupo criminal “Guerreros Unidos”, pero su identidad aún no ha sido esclarecida.
“Ya me habían advertido que esto podía venir, porque la señora que hace la denuncia (Estrada) me había pedido que la hiciera Procuradora, Presidenta del TSJEG o magistrada. Sería importante que ustedes los fiscales investiguen los vínculos de la señora con El Patrón”, expuso.
“Yo estoy acreditando que nunca conocí esos videos, esa señora que dio esa información es una mitómana y una delincuente; la otra señora Lambertina Galeana debió haber entregado de inmediato esos videos ¿por qué me los tendría que entregar a mí?”.
Blanca María del Rocío Estrada Ortega enfrentó una acción penal a mediados de la década de los noventa por presuntas irregularidades en la investigación de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 en Coyuca de Benítez. En ese entonces, se desempeñaba como directora de Averiguaciones Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ubicó en su momento dentro del grupo de funcionarios estatales bajo investigación, Estrada Ortega resultó absuelta de dichos cargos judiciales.
Su nombre sale en una lista publicada en un reportaje de El Sur del 28 de junio de 2025, titulado “Ninguno de los funcionarios implicados en la masacre de Aguas Blancas está en prisión”.
La defensa de Aguirre apelará la vinculación a proceso; “hay frustración, enojo y tristeza”
La defensa legal del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que apelará la vinculación a proceso luego de la audiencia en la que se le señaló por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia.
Luego de 14 horas de audiencia, la madrugada de este miércoles el abogado Guillermo Barradas Cendón informó a su salida de la audiencia en el Centro Penal de Almoloya que apelarán a más tarde el lunes la decisión legal, por la que se ratifica que Aguirre Rivero se quedará en el Penal de Almoloya.
“Se ratificó y se queda por lo menos cuatro meses más, apelaremos. Nos vence el próximo lunes”, dijo Barradas, quien también defendió al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra los delitos de peculado y recursos de procedencia ilícita.
El abogado aseguró que en la audiencia inicial se dio un desahogo de pruebas donde incluso se buscó, por parte de la Fiscalía, ofrecer la geolocalización de un celular para desacreditar su prueba de que Aguirre no estaba en Chilpancingo cuando supuestamente le entregaron los videos, y dijo que el aparato no era del ex gobernador.
“Es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia que actualmente estamos viviendo. Ustedes presenciaron esta ardua audiencia en la que (mencionaron) una reunión de alto nivel en la que no se encontraba el señor Aguirre en el momento en el que supuestamente le entregaron los videos que supuestamente mandó a destruir”.
Y añadió que “quedó clarísimo que demostramos eso. La Fiscalía incluso en su desesperación pretendió ofrecer una geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre y que ni siquiera demostraba que estaba en Chilpancingo ese número”.
Barradas aceptó que la defensa tiene “frustración, enojo y tristeza” luego del resolutivo del juez de control, incluso que buscaron que más testigos participaran en la audiencia, pero no obtuvieron el resultado mejor.
“Quisimos traer más testigos, entonces ustedes lo vieron también, traíamos nosotros esa percepción de que muy probablemente habías de obtener un resultado favorable, no fue así y bueno, pues a seguirle en las siguientes etapas”.
El defensor ha tenido experiencia en otros casos de alto impacto: fue representante legal de cooperativistas de la Cooperativa Cruz Azul en 2020, en el caso contra el entonces presidente de la Cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, quien fue encarcelado. También es parte de la defensa legal de Víctor Manuel Álvarez Puga –señalado por facturero y desvío de recursos– y su esposa, la conductora televisiva Inés Gomez-Mont.
Barradas dijo que no apostaba a hacer una valoración sobre si la presión social afectó la decisión: “La verdad no sabemos cual sabemos cual sea la motivación detrás de esto, no hemos podido platicar mucho con él ahorita en la audiencia y las visitas aquí son complicadas”.
El abogado dijo que como defensa legal del señalado se solidarizan con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, además que ellos merecen que la investigación se realice a fondo y se encuentre la verdad.
“Es lamentable el hecho y nos solidarizamos como defensa también con lo acontecido con los padres y es algo muy lamentable y que no debiera nunca más acontecer y que se debe de llegar. Ellos merecen precisamente que se investigue a profundidad y encontrar la verdad” comentó.
Agencia Reforma, Zacarías Cervantes, Redacción de El Sur y Juan Luis Altamirano
