La presencia de activistas y familiares en el penal de Las Cruces para ver a Rodrigo y Modesto León Jacinto, fue anunciada y solicitado el permiso para ingresar, pero el gobierno estatal respondió con requisitos y pretextos, señala el director de Tlachinollan Abel Barrera. El grupo que se proponía entrar al penal exigió a las autoridades judiciales estatales y federales actuar con estricto apego a la ley, para garantizar plenamente los derechos humanos de los dos luchadores encarcelados desde 2022
Acapulco, Guerrero, 17 de agosto de 2026. Integrantes de organizaciones sociales, académicos, periodistas y artistas nacionales e internacionales, así como familiares y amigos, manifestaron su inconformidad con las autoridades del penal de Las Cruces, porque no les permitieron visitar este sábado a Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto (padre e hijo), miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), presos desde hace 4 años, acusados de un homicidio en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco.
En conferencia de prensa, cerca de la entrada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, en Las Cruces, familiares e integrantes del Cecop y abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que la visita de una comisión de 10 representantes de organizaciones sociales y de defensores y promotores de derechos humanos en México y el mundo, no pudo llevarse a cabo, a pesar de que se solicitó con anterioridad el acceso al reclusorio. Denunciaron que las autoridades pusieron muchos pretextos para finalmente negarles la entrada al penal.
En entrevista, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que fue hasta las 8 de la noche del viernes, cuando autoridades del penal respondieron “que no había visitas de amistades”.
También informó que antes de dicha respuesta, se exigieron requisitos como el acta de nacimiento, CURP, fotografías de tamaño infantil, y comprobante de la aplicación de la vacuna contra el Covid 19. Barrera Hernández considera que estos requisitos “fueron utilizados como pretextos” y “trabas” para poder negar la admisión a las organizaciones.
“Lamentamos la postura del gobierno. Apelamos a la Secretaría de Asuntos Políticos para que, en un ambiente de cordialidad, de respeto y hacer valer la solidaridad con los presos se pudiera facilitar la entrada, pero dijo que no podía intervenir. Prevaleció la cerrazón, la aplicación tajante de una normativa que regularmente es para los familiares que visitan a los presos, pero como organizaciones que hemos realizado estas visitas no había impedimento. Les pedimos a las autoridades que respeten los derechos porque no se les puede impedir que dialoguen Rodrigo y Modesto con organizaciones de derechos humanos. Una cosa es que estén procesados y otra que se les vulneren sus derechos”, señaló Abel Barrera.
Ante lo ocurrido, la acdémica de la UNAM y antropóloga social, Márgara Millán Moncayo, dio lectura al posicionamiento firmado por representantes nacionales e internacionales de diferentes profesiones, artes y oficios, e integrantes de organizaciones sociales, con el cual hacen el llamado a las autoridades judiciales estatales y federales, a dar el puntal seguimiento y con estricto apego a la ley, para garantizar plenamente los derechos humanos de Rodrigo y Modesto.
“Nos sumamos al llamado nacional e internacional, en solidaridad con los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), presos en el penal de Acapulco”.
Con dicho documento, reconocen también la lucha de más de dos décadas del Cecop, la organización de los pueblos en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales “que representa uno de los movimientos más emblemáticos de todo el país”.
En el documento manifestaron la preocupación por la situación jurídica de Rodrigo León Jacinto y Modesto León Jacinto, “acusados de los delitos que no cometieron, queremos sumarnos al llamado al Poder Judicial del Estado de Guerrero, así como a todas las autoridades locales y federales, a revisar con cuidado las pruebas de defensa que el prestigiado Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que encabeza su defensa legal, ha presentado demostrando su inocencia”, leyó Márgara Millán, quien añadió que la sociedad civil nacional e internacional seguirá con atención el proyecto judicial.
“Sabemos que pronto serán liberados, debido a su inocencia” expresó la doctora en Antropología, para finalizar la lectura del posicionamiento.
Antes, el investigador del Instituto Mora, César Pineda, dijo en voz alta ante los familiares y amigos de los presos del Cecop, así como de las organizaciones, que se formó una comisión en un espacio de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Centro de Derechos Humanos “Francisco de Vitoria”, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Mora, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Global Exchange y Pablo de Cataluña, con la intención de entrar al penal para solidarizarse con Modesto y Rodrigo.
Al término de la lectura del posicionamiento, integrantes del Cecop, así como familiares y amigos de los presos, además de los integrantes de las organizaciones que vinieron a Acapulco para visitar a los presos, también exigieron justicia por el asesinato del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui.
Zoila Jacinto Antonio, esposa de Rodrigo León y madre de Modesto, así como Rosibel Suástegui Jacinto, esposa de este último, también participaron y declararon que las detenciones de ellos en diciembre de 2022 fueron arbitrarias violentas y sin órdenes de aprehensión.
Rosibel Suástegui narró que hace cerca de cuatro años, cuando policías ministeriales llegaron a su casa, no sólo detuvieron a su esposo Modesto, sino que se llevaron a ella y sus tres hijos menores, uno de ellos de apenas 10 meses y que además también la hirieron en la rodilla con un balazo, lesión que le fue curada por los mismos policías ministeriales en un hospital.
“Ya son 4 años que llevan, y sin delitos, llegó el gobierno y llegaron allá y los torturaron, y sin darnos cuenta a nosotros del porqué lo hacían”, narró doña Zoila Jacinto.
Las esposas denunciaron que no sólo fueron víctimas ellas y sus parejas de los abusos, agresiones y tortura, sino también sus hijos, todos menores de edad, quienes presenciaron todo en sus casas y que desde entonces ellas se encargan solas de mantener a sus familias trabajando en el campo y tratando de sacar recursos económicos para poder trasladarse desde la comunidad de Huamuchitos hasta el penal de Las Cruces.
Pidieron a las autoridades ya no aletargar más el proceso judicial y permitir que ya haya una sentencia, pues confían en que Rodrigo y Modesto son inocentes y que con las pruebas aportadas por Tlachinollan podrán salir libres.
“Mis hijos preguntan por su papá. Fueron detenidos por delitos que no cometieron y le pido al gobierno que nos ayude a ver el caso de mi esposo y mi suegro”, solicitó Rosibel Suástegui.
Al pedido de justicia se suma la señora Rosa, adulta de la tercera edad, esposa de Maximino Solís Valeriano, de 72 años, quien también pertenece al Cecop, y quien asegura que es inocente de los delitos por lo cuales ya se le sentenció a 60 años de cárcel.
Preocupada por la situación de su esposo que lleva 8 años preso en el penal de Las Cruces, la señora Rosa explicó que su esposo Maximino, fue acusado injustamente por el asesinato de tres hombres en el poblado de La Concepción en 2017, y que recientemente le informaron que ya fue sentenciado a 60 años.
Agregó que la salud de su esposo va en deterioro, sobre todo a consecuencia de los golpes y tortura que sufrió cuando fue detenido por policías ministeriales, quienes “lo pusieron en la patrulla, con llantas y unas tablas, y encima iban los policías, y el doctor le dice que eso le hizo daño y por eso está perdiendo la memoria, se está quedando sordo y la vista se le pone borrosa”, explicó con la voz entrecortada la señora Rosa.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, en entrevista antes de ingresar al penal de Las Cruces, porque sólo a los abogados defensores se les permitió el acceso, habló sobre la necesidad de la asignación de jueces que desahoguen el proceso, y que se puedan revisar las pruebas presentadas para demostrar la inocencia de los imputados.
Explicó que Rodrigo y Modesto, eran policías comunitarios y que al momento en que fueron detenidos iniciaron su proceso con el anterior sistema penal acusatorio.
Redacción/ Foto: Carlos Carbajal
