Acapulco, Guerrero, a 17 de agosto de 2026.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que sigue la exigencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) de profundizar las investigaciones del asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, para “saber quiénes más participaron” en su asesinato.
Ayer en la asamblea con integrantes del Cecop, en el embarcadero de El Fraile, a la orilla del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, recordó que esta organización, que ha llevado la defensa del Cecop, tuvo que presionar a las autoridades para que detuvieran al autor material del asesinato de Marco Antonio; “no lo querían detener, tuvimos que presionar”.
Consideró que el asesinato de Marco Antonio Suástegui es porque estorbaba (al gobierno) su lucha por la defensa de las playas, contra las empresas gravilleras que explotan los recursos pétreos del río Papagayo y las movilizaciones en contra de la presa La Parota. “Por eso estamos luchando para que continúe el proceso”, que sentencien con la pena máxima al presunto responsable y “sepamos quiénes más participaron”.
“Se siguen ampliando las investigaciones y la intención es que se profundice en estas líneas que hemos planteado, que tiene que ver más por su lucha como defensor, tanto de los Bienes Comunales, como de las playas y más ahora que hubo denuncias contra estos grupos de extorsionadores, (en referencia a la detención de 11 hombres, tres ellos líderes del Frente de Defensa de Zona Federal), que también se investigue en esa línea”, dijo.
El defensor de derechos humanos dijo que la Fiscalía debe de ampliar las investigaciones, “porque hay más autores, tanto los materiales, porque obviamente esa persona no actuó sola, sino que tuvo que tener el apoyo de otros, y de los autores intelectuales”.
Además en la asamblea, Abel Barrera Hernández informó que el sábado al mediodía acudió junto a representantes de otras organizaciones sociales, académicos y artistas, a visitar a los dos comuneros que se encuentran detenidos desde 2022 en el penal de Las Cruces, Rodrigo y Modesto León Jacinto, pero, no les permitieron entrar, acción que consideró “grave”.
“Tenemos que solidarizarnos, no los podemos dejar ahí, así como encerraron a 34 por el problema de La Concepción, y que fue difícil sacarlos, pero se hizo un buen trabajo con equipos de abogados, tenemos que pedir la libertad de estos compañeros”, dijo.
Después, en declaraciones, dijo que la acción “nos desconcertó mucho, de que ahora posturas sean burocráticas, que sean posturas de poca sensibilidad y voluntad política de parte de las autoridades penitenciarias”. Recordó que acudieron con la Subsecretaría de Asuntos Políticos pensando que es una “visita solidaria de la sociedad civil”, y les pusieron muchas trabas al grado que les enviaron un oficio como si “fuéramos familiares de los presos, tres fotos infantiles, un acta de nacimiento, Curp, credencial de elector, vacunación del Covid; o sea, de qué se trata”.
Consideró que todos los documentos que les solicitaron “fue un pretexto para no permitir la entrada, y lo calificamos como algo arbitrario, autoritario, nada solidario, con la intención de golpetear a las organizaciones civiles y cerrarnos las puertas”.
Aurora Harrison / Foto: Lenin Ocampo-Archivo
