
Chilpancingo, Guerrero, a 24 de agosto de 2026.- Activistas y organizaciones plantearon reponer el proceso la consulta nacional sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, o prorrogar los plazos, para garantizar la consulta libre, previa e informada, adecuada a su cultura y para eliminar los artículos que limitan o ponen en riesgo sus derechos.
Denunciaron que la propuesta de ley limita la libre autodeterminación y autonomía, el acceso y control del territorio, no indica un porcentaje del presupuesto para los pueblos originarios y deja a discreción de los usos y costumbres los derechos de las mujeres, entre otros puntos.
En una reunión de análisis de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, realizada en un hotel de Chilpancingo, participaron alrededor de 60 activistas de las regiones Montaña, Costa Chica y Norte.
De los pueblos nahuas del alto Balsas, el activista Carlos de Jesús Alejandro explicó que la metodología de la consulta es limitada en tiempo, territorio y espacios.
Señaló como ejemplo que en esta reunión de organizaciones, durante todo el día no hubo tiempo suficiente para revisar en cuatro mesas los ocho libros de la propuesta, que el gobierno federal pretende deliberar en dos días en Guerrero.
Sin embargo, señaló que con este ejercicio, van a formular un posicionamiento político, que los participantes llevarán a asambleas consultivas, programadas para los días 28 y 29 de agosto en el estado.
Ahí, van a señalar lo que consideran insuficiente, violatorio, que pone en riesgo sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos, así como las limitaciones que los remiten a otros lineamientos jurídicos.
“Se nota que se requiere de un proceso de mayor tiempo, de mayor alcance y de reconocer mejor los derechos como pueblos indígenas, acorde con un marco jurídico que ya existe, que es el convenio 169, y la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas”.
Añadió que no hay mucha credibilidad en que las instituciones, con este modelo de consulta, puedan retroalimentar la propuesta para modificar, complementar o quitar artículos, incluso inconstitucionales.
Además, señaló que la federación no consultó a los pueblos indígenas sobre la integración del comité de expertos que formuló la propuesta de ley, “integración que palomeó” un Consejo Nacional Indígena, conformado por actores invitados del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Como referencia, indicó que la propuesta dice que en los proyectos estratégicos en los territorios comunitarios, el Estado mexicano tendrá la última palabra y asimismo limita la autonomía y libre determinación de los pueblos.
“El Estado mexicano se creó hace 200 años, nosotros somos pueblos ancestrales. Entonces ¿porqué nuestros derechos tienen que estar reconocidos por el Estado? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no nos reconocen plenamente y adecua el Estado su legislación a nuestros derechos ancestrales? Somos los primeros dueños de nuestras tierras y territorios”.
Ejercen derechos ancestrales: Felicitas Martínez
Como representante de la Red de abogadas Indígenas Capítulo Guerrero, la ex consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Felicitas Martínez Solano, recordó que en el sexenio del ex gobernador René Juárez Cisneros, se les dijo que la justicia indígena estaba fuera de la ley.
La CRAC en una asamblea resolvió que no necesitaba reconocimiento legal para operar, porque el reconocimiento venía de los pueblos y designaron a los comisarios como autoridades en la estructura de la coordinadora, para tener fuero constitucional, puntualizó.
Sobre la propuesta de Ley de los Pueblos Originarios advirtió que ni siquiera contempla un capítulo para las mujeres. Sólo menciona en la recomendación general 39, los usos y costumbres para resolver las infracciones en que incurran las mujeres. “Si el comisario es hombre, derechito voy a ir a la cárcel”.
Subrayó que la mayoría de los comisarios son hombres y el hecho de tener una mujer en presidencia y una gobernadora en Guerrero, no resuelve el acceso a la justicia de las mujeres en las comunidades.
Martínez Solano aclaró que las mujeres quieren participar en la consulta, siempre y cuando sea pertinente y adecuada, de acuerdo con la definición que diseñaron en la ONU los pueblos indígenas del mundo.
La activista trans afromexicana Jimena Jiménez denunció la discriminación en la salud a los pueblos originarios, que no tienen en sus territorios hospitales de tercer nivel.
Asimismo, dijo que apenas hace 70 años la población la población afromexicana comenzó a hablar de sus derechos y desde entonces están luchando contra la discriminación histórica, que con mayor crudeza enfrentan las personas de la diversidad sexual.
Intervenciones
El abogado indígena de Acatepec, Bautista Remigio Enrique, indicó que la mesa 3, planteó en este análisis que se reponga o se amplíe mínimo seis meses, o hasta dos años, no importa que ya esté desfasada.
Como ley secundaria del artículo segundo constitucional, la aprobación debió concretarse hace dos años, recordó.
El presidente del Instituto de Traductores e Intérpretes en Lenguas Indígenas en el Estado de Guerrero, Juan Carlos Rebaja, señaló que el artículo 438, fracción primera, de la propuesta, limita el acceso jurisdiccional a los pueblos y comunidades indígenas.
Explicó que así como presentan el texto, se necesitaría un porcentaje de personas para tener acceso a un juicio de amparo, lo cual violenta su derecho de acceso a la justicia, sobre las demarcaciones territoriales y de competencia.
Añadió que la propuesta tampoco incluye a la comunidad como cuarto poder, en las estructuras de gobierno.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leonel Cázarez García, advirtió que la iniciativa no plantea recursos específicos para garantizar los derechos, no obstante que la Constitución señala que habrá asignación directa de presupuesto para los pueblos originarios.
“Si no está indicado un porcentaje en la ley, los derechos no se van a materializar, y en ese caso, tampoco se consolida el sistema normativo indígena”.
Alto a la criminalización de la partería tradicional
La coordinadora de la Casa de Mujeres Indígenas (Cami) Manos Unidas, con sede en Ometepec, Valeriana Nicolás, denunció en este foro que funcionarios de salud amenazan a las parteras tradicionales con posibles demandas penales en situaciones de mala praxis, lo que conlleva a la criminalización.
Aclaró que no es un problema reciente, permanece a los largos de diferentes gobiernos, es uno de los factores por los que las parteras han abandonado este oficio.
Ahora denunció que tratan de someterlas, a través de un registro nacional de partería “voluntario”, donde no explican qué va a pasar con quienes no se inscriban.
Indicó que las parteras no confían en este mecanismo, porque su labor ya no se registra, los nacimientos que acompañan se integran directamente a la estadística oficial de los hospitales y centros de salud, cuando van a validar las constancias de alumbramiento.
Aseguró que no quedan antecedentes de su trabajo, cuando las obligan a ir a los hospitales a registrar las actas de alumbramientos. “De alguna manera invisibilizan el trabajo de la partería tradicional”.
Planteó abrir un espacio para parteras tradicionales de reconocimiento y su relación con el sector salud, para definir la política pública.
Informó que en Chiapas ya se realizó un diálogo para que las parteras lo expidan a través de una asociación de parteras, para que sean ellas las proporcionen las constancias de alumbramiento, con pase directo al Registro Civil.
Destacó que en la mesa encontraron que en Guerrero, en algunos municipios de la Montaña de Guerrero, las parteras sí reciben el formato de las constancias de alumbramiento del sector salud, pero ya no las validan en un hospital, se pueden llevar al Registro Civil para un nacimiento.
Estuvieron en la reunión como invitado, el representante del INPI, Manuel Vázquez Quintero, y asesores de la Cámara de Diputados.
Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera


