Madrid, España, 11 de julio de 2022. Familiares del activista opositor cubano Guillermo Fariñas denunciaron que éste está “secuestrado” desde el viernes, cuando fue detenido por efectivos de las fuerzas de seguridad en su casa de la ciudad de Santa Clara.
“Está secuestrado por oficiales de la seguridad del Estado en la Unidad Provincial de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Solo le permitieron a mi abuela la entrada a esta unidad para que pudiera verlo y llevarle sus medicinas, comida y aseo”, explicó la del hija activista Haissa Fariñas en su cuenta en Twitter en un mensaje publicado el domingo.
Ya el lunes Haissa Fariñas denunció que las autoridades impidieron a la madre de Fariñas, de 87 años, visitar al activista. “Ésta pidió que al menos lo dejaran hablar con él por teléfono y la respuesta fue ‘no’. Mi familia y yo tememos que algo le haya pasado a mi padre ya que estamos incomunicados con él”, apuntó.
Ante el aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, las autoridades parecen haber incrementado el hostigamiento, las amenazas y también las detenciones de opositores, activistas y periodistas para que “no salgan a la calle”, según la oposición.
El pasado 30 de junio fue detenido Fariñas y, según relató más tarde, fue amenazado con ser acusado por un delito de rebelión o incitación a la guerra si continuaba “emitiendo instrucciones” a incitar a que se produzca otro estallido social.
Asimismo, instaron al líder del Foro Antitotalitario Unido “que pensara bien las cosas” que escribe en las redes sociales. Su hija ha denunciado también que esta semana la vivienda de su padre ha sido vigilada. Fariñas fue galardonado en 2010 con el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo.
Otros activistas hostigados
También la periodista independiente Luz Escobar fue citada el viernes para recibir una advertencia muy clara: que los próximos 11, 12 y 13 de julio tendrá “vigilancia” en su casa y, por lo tanto, no podrá salir.
“El oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ramsés, y que me reprime con frecuencia, me ha llamado esta tarde para decirme que estoy citada mañana a las 10:00 horas a la oficina del carné de identidad para una ‘entrevista'”, relató el jueves Escobar en sus redes. “Dice que, a partir de nuevas regulaciones, no están obligados a dejarme un papel por escrito”, dijo, según recoge el portal 14yMedio.
También este viernes fue citado Leo Fernández Cruz, de Guanabacoa. “El pasado 11 de julio no salí a la calle”, aseguró Fernández, quien pasó seis horas detenido en noviembre.
Otros activistas dentro de la Isla, como Yerly Velázquez, de Santa Clara, también han sido citados por la policía y fuentes de Cienfuegos aseguran que hay escuelas que estaban cerradas desde el viernes para poder alojar a policías y militares.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a los presos del 11-J, Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, quienes “estarían en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha”, según ha denunciado el organismo.
Así, pide que las condiciones de detención sean “compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia” y advierte de informes sobre “hacinamiento carcelario; insuficiencia de medicamentos, alimentos y agua potable; inadecuada higiene y salubridad; deficiente asistencia médica y amplio margen de discrecionalidad con que cuentan sus agentes al garantizar el orden al interior de los centros penitenciarios”.
Cuba, ante inestabilidad política y la crisis económica un año después de las protestas antigubernamentales
Un año después de la ola de protestas antigubernamentales registradas en julio de 2021 en Cuba, cuando miles de personas salieron a la calle para exigir una mayor estabilidad económica y una mejor asistencia sanitaria, la isla se encuentra sumida en una grave crisis.
La que fue la primera manifestación masiva en décadas se saldó con más de un millar de detenidos y cientos de imputados, lo que ha llevado a la imposición de sentencias por delitos como sedición, sabotaje y robo con fuerza, entre otros, que han sido condenadas por la comunidad internacional por considerarlas un intento de acallar a las voces disidentes.
El principal detonante de las marchas que tuvieron lugar entre la capital, La Habana, y Santiago de Cuba, fue la falta de recursos para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Entonces, los manifestantes pedían más vacunas al Gobierno y hacían un llamamiento contra la represión y la censura.
El Gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió entonces a sus seguidores que salieran a las calles a responder a los manifestantes alegando que muchos estaban “confundidos” y señaló a Estados Unidos como el responsable de impulsar las protestas.
Así, acusó a Washington de restringir la economía de la isla y buscar su “desestabilización” durante décadas. La Habana culpa al embargo de Estados Unidos sobre la isla y cuyas consecuencias se habrían agravado durante los últimos años. Sin embargo, las voces críticas con el Gobierno aseguran que se trata de una mala gestión y abogan por un cambio en el sistema político del país caribeño.
Según el diario oficial “Granma”, el objetivo es generar la “idea falsa” de que las carencias y dificultades materiales responden a la “ineficiencia de la gestión del Gobierno revolucionario y encubrir la causa real: el inhumano cerco económico de Estados Unidos”.
Texto: Europa Press
