San Luis Acatlán, Guerrero, a 14 de octubre de 2025.- En 30 años la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) pasó de defender a la población de dos bandas de asaltantes en la zona, a enfrentar la penetración de las organizaciones criminales en la región.
Mientras que a cuatro años de administración, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha cumplido su promesa de campaña de otorgarles “presupuesto digno y legal”, contaron a El Sur fundadores y coordinadores de la organización comunitaria.
Han sido decepcionados por los diputados locales postulados por Morena y sus partidos aliados en las últimas tres legislaturas, no apoyaron al sistema de justicia, “al contrario, nos jodieron”.
Sin embargo, afirmaron que el proyecto está más vigente y es más necesario en este momento, por lo que se seguirá manteniendo con el respaldo de la población y sus comisarios.
Desde el 2 de octubre de 1995 en San Luis Acatlán, municipio de la Costa Chica, se acordó proponer el nombre de “Policía Comunitaria” en el segundo foro sobre seguridad y servicios.
El día 15 se anunció el arranque del proceso de nombramiento de los grupos de la policía en 34 comunidades de la Costa Chica y la Montaña, con el apoyo de seis organizaciones sociales.
El 22 enero de 1998 en Potrerillo Coapinole, San Luis Acatlán, se nombró como “Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI)” al nuevo sistema para impartir justicia de acuerdo con los usos y costumbres.
La creación de la organización fue una necesidad debido a la grave situación de inseguridad y violencia que padecían los indígenas por la delincuencia: asesinatos, robos, asaltos y violaciones sexuales a las mujeres en los caminos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, en la región cafetalera en específico, explicaron este domingo en San Luis Acatlán en el programa por sus 30 años de existencia.
Finalmente, el 21 de marzo de 2002 en San Luis Acatlán se nombró como “Coordinadora Regional de Autoridades de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)” después de lograr la liberación cinco de sus coordinadores detenidos en el Ministerio Público de San Luis Acatlán, y vencer el “ultimatum” del entonces gobernador priista René Juárez y del Ejército para desarmar a los policías comunitarios.
El consumo de drogas ya es un problema grave en la Costa Chica-Montaña, advierten
Consultados el fundador Juan Horta Cruz y el actual coordinador regional de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, Ezequiel Catalán Madrid, relataron el origen, las dificultades y la relación actual con el gobierno del estado.
“Eran los asaltos a mano armada, delincuencia común, pandillas. Eran dos bandas en el caso de aquí, San Luis Acatlán y Horcasitas, en la altura de Marquelia, que operaban en el crucero de Pascala”. A las dos bandas de asaltantes las desapareció la policía comunitaria.
También se presentaban violación de mujeres, despojos de terrenos y de casas a familias.
Años después, a finales de los 90 y principios del 2000 empezaron los maltratos por autoridades estatales y corporaciones policiacas y militares contra los coordinadores.
“No había problemas directamente de la droga, apenas comenzaba en ese tiempo. El primero que asesinaron fue un compañero policía comunitario originario de la comunidad de Yoloxóchitl al inicio del funcionamiento de la organización, en diciembre de 1997”, recuerda Juan Horta.
El coordinador regional Ezequiel Catalán mencionó que desde hace ocho años, en el 2017, han estado escuchando que en la región de las costas y recientemente en la región de la Montaña, que se empezó a “filtrar” la delincuencia organizada.
“Hay comunidades que ya están pensando en adherirse a nosotros porque no tienen otra opción. Existe la Policía Municipal del Ayuntamiento, la Policía Estatal, la Ministerial, pero ellos no están ahí cuando los necesitamos, nos tenemos que organizar y proteger a nuestros pueblos”.
Otro de los caídos fue Daniel Félix, un líder de la CRAC-PC que durante una asamblea regional denunció la penetración del crimen organizado con la venta de drogas en sus comunidades.
Otro asesinato fue el del policía comunitario Uriel Cortés en 2019.
En la actualidad el consumo de drogas ya es considerado por los coordinadores de la CRAC consultados como un problema grave en la Costa Chica y la Montaña.
No hay atención de la gobernadora
Los coordinadores recuerdan la promesa de campaña que le hizo a la CRAC-PC en 2021 la entonces candidata a gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el mismo lugar en el barrio de San Isidro donde este domingo celebraron su 30 aniversario.
“Atención con la gobernadora no hay. Cuando tuvimos reuniones como candidata a gobernadora aquí en la Casa de Justicia nos prometió todo lo que le solicitamos”.
“Dijo: ‘va a haber presupuesto digno y legal’ y no la habido. Lo de la Ley 701 que iba avanzar, que iba a mejorarse, ha resultado lo contrario, la echaron para atrás, casi igual que el ex gobernador Héctor Astudillo (entonces del PRI)”.
Durante el 2022, añaden, tuvieron 18 reuniones infructuosas con el entonces secretario general de Gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
Tampoco de los diputados de Morena en las tres últimas legislaturas han recibido apoyo, prosigue el fundador de la CRAC-PC, quien ha estado en la lucha por el reconocimiento.
“Lo único positivo que hicieron fue presentar en diciembre de 2019 una iniciativa de reforma constitucional que procesamos aquí”.
“Estamos en el limbo, ahorita tenemos suspendida una mesa de trabajo con los diputados para que retomen nuestra petición de que se reconozca a la CRAC-PC en la ley del estado”, dijo.
“Nos reconozcan o no, vamos a seguir trabajando para la seguridad de la sociedad, lo que nos hace fuerte, lo que hace legal está institución son los comisarios municipales, ejidales y comunales que son los que avalan nuestra institución”, concluyó.
Luis Daniel Nava
