Guillermo Álvarez Nicanor
La conmemoración oficial de 1992, bautizada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, como el “Encuentro de Dos Mundos”, intentó ser una fiesta, un cierre de ciclo. Sin embargo, para los pueblos originarios de América, la efeméride representaba 500 años de saqueo, discriminación, genocidio y atrocidades cometidas desde la invasión europea. No había nada que celebrar.
Desde 1986, diversas organizaciones indígenas del continente venían articulando una reflexión profunda sobre la invasión. Mientras los jefes de Estado de Iberoamérica se preparaban para la gran celebración, en 1988, líderes indígenas reunidos en Colombia lanzaron la Campaña 500 Años de Resistencia Indígena.
Este movimiento se consolidó rápidamente. En 1989, el Primer Encuentro Campesino Indígena en Bogotá acordó la constitución de Comités Nacionales. Más tarde, el movimiento se amplió y fortaleció, culminando en el III Encuentro Continental 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular en Nicaragua (1992). La inclusión de los pueblos negros y populares subrayó la amplitud de la opresión y la necesidad de una alianza histórica.
México no fue ajeno a este despertar. En julio de 1990 se constituyó el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, impulsado por un centenar de organizaciones nacionales. El acuerdo fue replicar esta estructura en los estados.
En Guerrero, nuestra historia de lucha tomó forma el 14 de septiembre de 1991. Así nació el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Fue integrado por organizaciones y representantes de diversos municipios, hablantes de las cuatro lenguas: amuzgo (ñon da), mixteco (tu’un savi), tlapaneco (me’phaa), y nahua.
La misión era impedir la celebración del “Encuentro de Dos Mundos” que anunciaban el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el rey de España.
El Consejo Guerrerense se integró con organizaciones regionales combativas, como el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que sostenían una lucha crucial contra la intención del gobierno mexicano de construir la Presa Hidroeléctrica San Juan Tetelcingo.
En octubre de 1992, varios sectores organizados acordamos marchar al Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Partimos en medio de la lluvia de Chilpancingo el 2 de octubre. En el trayecto por Iguala y Cuernavaca se sumaron contingentes de diversas comunidades. Si bien llevábamos demandas locales (principalmente infraestructura), el propósito central era la protesta unificada contra el Quinto Centenario. Para el Alto Balsas, la demanda era la cancelación definitiva de la presa.
A pesar de la lluvia, el hambre y las enfermedades, cientos de guerrerenses, unidos a otros contingentes del país, llegamos al Zócalo. El 12 de octubre yo regresaba del III Encuentro Continental en Managua, Nicaragua, donde saludé a Rigoberta Menchú que cuatro días después sería galardonada con el Nobel de la Paz.
La culminación llegó el 13 de octubre de 1992. En una reunión con el presidente Salinas de Gortari, donde se le manifestó nuestro total rechazo a su celebración con el Rey de España, los nahuas del Alto Balsas le exigimos la cancelación de la Presa de San Juan Tetelcingo. El presidente aceptó la petición y estampó su firma en el mismo documento que ya había sido expedido y firmado por el gobernador de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu. Fue una victoria histórica que salvó las tierras de nuestros hermanos del Alto Balsas.
Un año después, para consolidar esta victoria y asegurar el desarrollo regional, constituimos el Fondo Regional del Alto Balsas (luego apoyado por el INI/CDI). Este fondo financió proyectos productivos, aunque por la falta de compromiso de muchos beneficiarios no se logró detonar el desarrollo regional como se esperaba.
El 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas resonó en todo el país.
El Consejo Guerrerense, sin compartir el método armado, se solidarizó de inmediato con la justa lucha por la dignidad y la libertad. El 24 de enero, enviamos una carta al EZLN, expresando que nuestros hermanos amuzgos, mixtecos, nahuas y tlapanecos conocíamos bien su causa.
La respuesta del EZLN, publicada el 1 de febrero en el diario La Jornada, fue un abrazo fraterno. Nos dijeron que nuestro mensaje, que había llegado “brincando montes y ríos, ciudades y carreteras, desconfianzas y discriminaciones”, hacía fuerte su corazón. Reafirmaron su lucha: “nada para nosotros, para todos todo”, concluyendo con un llamado que une nuestras luchas históricas: “Hermanos, que nuestro camino sea el mismo para todos: libertad, democracia, justicia”.
Esta relación se fortaleció con nuestra participación en la Convención Nacional Democrática convocada por el EZLN el 8 de agosto de 1994 en Guadalupe Tepeyac.
Gracias al movimiento indígena nacional se lograron importantes reformas a la Constitución Política que reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Sin embargo, la violencia política y la represión han sido constantes. Recuerdo la mañana del 14 de septiembre de 1994, en Chilpancingo, en nuestras oficinas de la calle Juárez, cuando la Policía Montada, en un acto de barbarie, nos desalojó violentamente: destrozaron instrumentos de nuestras bandas de música de viento, rompieron una bandera de nuestro México, golpearon brutalmente a muchos compañeros.
A pesar de las amenazas, los abusos y los reveses, la lucha del Consejo Guerrerense siguió siendo fundamental en la historia de Guerrero y México. Nuestro legado es la demostración de que la resistencia indígena, negra y popular tiene la fuerza para detener megaproyectos y generar cambios constitucionales.
El avance en el reconocimiento de derechos indígenas continúa haciendo honor a los 533 años de resistencia que nos definen; una victoria histórica, forjada en gran medida por la resistencia social y el levantamiento de los pueblos indígenas. Si bien las reformas constitucionales han marcado un precedente, su plena implementación y la garantía de una justicia intercultural aún son una deuda histórica.
En este contexto, la reciente llegada del magistrado Hugo Aguilar Ortiz, un hermano indígena, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre una nueva puerta de esperanza. Su liderazgo representa no solo la inclusión en la más alta esfera judicial, sino la expectativa de una visión de la justicia que incorpore efectivamente la justicia indígena.
La llegada de Aguilar Ortiz no es solo un nombramiento, es un mandato de la historia. Los pueblos indígenas esperamos que su gestión se traduzca en sentencias y jurisprudencia que materialicen, por fin, los derechos largamente conquistados en las calles, en los foros y que ahora deben ser honrados en los más altos tribunales.
