5 febrero,2019 5:54 am

A la carta

 
 
Florencio Salazar
 
Hoy cumple 102 años nuestra Constitución Política, Constitución que es la misma, pero no es igual. “Sigue teniendo 136 artículos, sólo que cada uno de ellos ha incrementado sus contenidos propios”, afirma José Ramón Cossío Díaz. Por lo cual se ha hecho más compleja y de menor comprensión popular.
La Carta debería ser un texto llano y mínimo,  como si fuera un catecismo para que todos los mexicanos la conociéramos a fondo y así pudiéramos defender derechos y cumplir obligaciones.
Al pretender que la Constitución, además de su parte dogmática, se integre con otra programática, la hemos convertido en una panacea. Los problemas del país primero los resolvemos en el ámbito de la Constitución  y luego, con el mandato constitucional a cuestas, se procura traducirla en hechos. La distancia entre el mandamiento y el resultado es francamente deficitario.
Presidentes y legisladores han llevado sus propuestas a la Constitución, como si ese hecho lo convirtiera en realidad. Ejercicio de lo más surrealista: según la Constitución somos un país igualitario, justo y de leyes.
Consagrar en nuestra Carta Magna los derechos a la educación gratuita en todos sus niveles, a la alimentación, a la salud, al empleo, a la cultura, a la vivienda… no han abatido la mala calidad de la educación, el déficit en los servicios de salud y menos ha resuelto el desempleo.
La consagración de “nuevos derechos”, y de manera destacada la protección de los derechos humanos en concordancia con los protocolos internacionales a los que se ha subordinado la Constitución, señala la satisfacción de las necesidades básicas de los mexicanos como parte de sus derechos humanos.
Ello significa que cualquier mexicano podría demandar el amparo de la justicia federal para disfrutar de educación, salud y empleo. En esas circunstancias, no podría argumentarse, por ejemplo, incompetencia profesional para ocupar un puesto de trabajo si se demostrara que tal incompetencia fuera resultado de una mala educación y de la desnutrición.
En el excelente estudio de la constitucionalista Cecilia Mora-Donatto: Análisis retrospectivo de las Constituciones de México, editado por acuerdo del gobernador Héctor Astudillo, se observa cómo cada presidente de la República ha introducido una cantidad de reformas, que superan las 700 a partir de 1917.
Por ejemplo: reformas de Luis Echeverría 40, Miguel de la Madrid 66, Ernesto Zedillo 77, Felipe Calderón 110 y Enrique Peña Nieto 151.
Los presidentes que menos reformas promovieron fueron: Álvaro Obregón, ocho; Emilio Portes Gil y Adolfo Ruiz Cortines, dos cada uno;  Lázaro Cárdenas 15; Adolfo López Mateos 11 y Vicente Fox 31.
Como la misma Mora-Donatto ha señalado: “La Constitución vigente es muy diferente a la promulgada en Querétaro”.
Encuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2016), indican que los mexicanos no conocemos ni es objeto de conversaciones familiares nuestra Constitución, como sí ocurre en otros países. Y ello significa que al ignorar nuestra ley suprema expresamos nuestra falta de aprecio por el Estado de derecho.
La misma encuesta “considera que nuestra Carta Magna se cumple poco y ya no responde a las necesidades del país” y que “uno de de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”, por los cual “la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones”.
Con tan lamentables conclusiones, debería pensarse –como la ha dicho repetidamente Porfirio Muñoz Ledo–, en una nueva Constitución. Tarea formidable, que exigiría visión de país, responsabilidad política y voluntad de estadistas.
Pero por ahora, mejor ahí la dejamos. No vaya a resultar una Ley Suprema a la carta.