Lourdes Chávez
Chilpancingo
Hoy se cumplen nueve años de la desaparición y posterior asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, cuando realizaba una investigación de robo de medicamentos en al clínica 17 del IMSS de Petacalco, municipio de la Unión, y su familia exige que se castigue al asesino por desaparición forzada, delito independiente al de homicidio calificado por el que fue sentenciado en 2016.
Asimismo, demandó que se aplique la ley a directivos del IMSS que falsearon información para ocultar la gravedad del delito ante la Fiscalía Antisecuestro del estado, que se limitó a presentar un caso por homicidio calificado, y la condena impuesta al responsable fue mucho menor a la que habría recibido de haberse juzgado como secuestro.
Vía telefónica, Bolívar Darío Rojas Rivas, hijo de la doctora, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al asesino, Edgar Arturo Cuellar, por el delito de desaparición forzada, y el 26 de septiembre está programada la audiencia intermedia.
Sin embargo señaló que en una reunión el jueves con el Ministerio Público federal para pedir que se amplíen las entrevistas del caso sobre el robo de medicamentos, les dijeron que tal vez no se realice la audiencia porque esperan la resolución de un procedimiento que promovió la defensa del acusado, donde alegan doble enjuiciamiento por un mismo hecho.
Rojas Rivas aclaró que el homicidio calificado condena el arrebato de la vida, y la desaparición tutela otro bien, el de la libertad, del ser.
También recordó que como parte de la investigación que inició la la Fiscalía General de Guerrero después de la desaparición de Rivas Obé el 22 de septiembre de 2016, y posterior asesinato, el IMSS inició una investigación interna sobre el robo en la clínica 17 de Petacalco, por instrucciones de su jefa inmediata, María Teresa Díaz Martínez.
Esto se confirmó con un memorando interno fechado el 26 de octubre de ese 2016, por el entonces titular de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, José Zavala Escamilla, dirigido a la Jefa de Departamento de Suministro y Control de Abasto y Sistema del IMSS, la doctora Areli Reynosa Rojas, para que se realizara una supervisión en la clínica 17 de Petacalco.
En atención a esa indicación, señaló que la doctora Areli Reynosa instruyó a Juan José Salvatierra Rodríguez y Adolfo Labastida Carrillo, que fueron a la clínica de Petacalco y a otras tres más para realizar una auditoría en las farmacias.
Aunque Salvatierra Rodríguez y Labastida Carrillo concluyeron que sí había faltantes de medicamentos en la clínica de Petacalco, opinaron que no tenía importancia por la cantidad que detectaron.
“Dicha situación fue evidenciada en juicio por el Ministerio Público de la FGE, que presentó el robo de medicamentos controlados y la investigación de la doctora Adela Rivas Obé como línea de investigación y como el móvil de su posterior desaparición forzada y homicidio”, indicó.
Así, en 2018, Cuéllar Bravo fue sentenciado a 38 años de prisión como autor material del homicidio calificado de la doctora Adela, sin responsabilidad institucional para el IMSS, en particular de los auditores Juan José Salvatierra Rodríguez y Adolfo Labastida Carrillo, que omitieron deliberadamente en su informe la cantidad real de medicamentos faltantes y cuáles eran esos medicamentos, que reflejara el robo sistemático que realizaba el encargado de farmacia de Petacalco.
En este sentido, demandó que se investigue, por cadena de mando, a Díaz Martínez, quien instruyó a la doctora Rivas a supervisar la clínica 17 de Petacalco; al delegado de entonces del IMSS-Guerrero, José Luis Ávila Sánchez, quien negó públicamente que hubiera robo de medicamentos al interior del IMSS y por lo cual fue destituido días después de esa declaración a medios.
En este sentido, reiteró la demanda, para que el IMSS entregue todos los expedientes relacionados al caso de la doctora Adela Rivas, y que se instale una mesa de trabajo interinstitucional ordenada por Presidencia, las sanciones a funcionarios omisos del IMSS y reconocimiento pleno de los delitos pendientes.
Asimismo, denunció que la Comisión Ejecativa de Atención a Víctimas (CEAV) se ha negado a inscribir a Emiliano, hijo menor de Rivas Obé en el Registro Nacional de Víctimas, lo que le ha impedido acceder al Fondo de Ayuda, a pesar de que su calidad de víctima ya está plenamente reconocida.
Denunció también que el asesor jurídico que asignaron al caso, Julio César Beaz Olivos, sigue omiso en estudiar el caso y establecer comunicación con los familiares, a pesar de que el 26 de septiembre está programada la audiencia intermedia, luego de cerrar el periodo de investigación complementaria.
Enfatizó que “nuestra exigencia es que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y deje de encubrir a los autores materiales intelectuales del caso, y garantice el acceso a la verdad, a la justicia y reparación. No pedimos favores: exigimos derechos. Ella fue asesinada por cumplir con su deber”.
