Para el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala la institución es poco confiable para las víctimas. Opinan sobre las conclusiones de la organización civil Impunidad Cero
Iguala, Guerrero, 11 de diciembre de 2021. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la Fiscalía General del Estado (FGE), está colapsada, corrompida, es opaca y hay colusión con intereses de grupos delincuenciales. En tanto, para el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, es una institución en la que no hay confianza para las víctima.
De acuerdo con el informe Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, que presentó la organización civil Impunidad Cero, la Fiscalía de Guerrero es de las peor evaluadas a nivel nacional; en 2020 ocupó el último lugar en resolución de casos con solo el 3.5 por ciento de las denuncias presentadas en los Ministerio Públicos, y es la de menor probabilidad de esclarecimiento de los delitos con el 0.1 por ciento. Además, ocupa el tercer lugar en impunidad de homicidios dolosos con el 98.8 por ciento y el lugar 26 de nivel de confianza entre la ciudadanía.
Barrera Hernández recordó que al inicio de la administración del priista Héctor Astudillo Flores, en coordinación con otra organización de defensa de los derechos humanos intentaron realizar un trabajo, como el que presentó Impunidad Cero, con información oficial para conocer el desempeño de la Fiscalía de Guerrero luego de la implementación del nuevo sistema penal, sin embargo, les negaron la información y les dijeron que no era posible con el argumento de que es información muy sensible, confidencial y que esos datos no se comparten.
Dijo que la FGE es una institución muy opaca, hermética y nada transparente que con el argumento de que son datos confidenciales se escudan, protegen y encubren para que no se dé a conocer el estado real que guarda la institución en cuanto a su productividad y su trabajo en favor de las víctimas.
Denunció que al interior de la Fiscalía hay serias deficiencias en cuanto al trabajo institucional, y señaló que “funciona por presión externa o por instrucción del gobernador, pero por sí misma, es un aparato burocrático que no tiene eficacia, que no tiene sensibilidad, compromiso ni responsabilidad para las víctimas”.
Contó el “peregrinar” que han vivido con el colectivo Luciérnaga con cerca de 30 víctimas de desaparición en el que se ha logrado un avance de apenas el 8 por ciento del proceso, y que solo tiene que ver con documentación y trámites burocráticos. Además que los casos de desaparición de personas carecen de todos los protocolos para hacer las investigaciones, “son las víctimas a las que obligan a aportar información y son las que terminan haciendo el trabajo de la Fiscalía, son las que investigan y las que buscan. Las víctimas suplantan a la Fiscalía, y lo poquito que avanza es por este trabajo”.
Enfatizó que el sistema de investigación penal en Guerrero “está colapsado, corrompido y hay intereses con grupos delincuenciales, también funciona con dinero nada más para darle trámite a un proceso, además que se filtra la información en temas delicados y confidenciales en medios de comunicación, principalmente de nota roja, en los que difunden fotos y nombres con los que revictimizan y denigra a las víctimas”, situación con la que dijo, se pierde la confianza para denunciar y expone a las víctimas hasta de ser asesinados por la complicidad y colusión con grupos delictivos.
Agregó que “hay mucho rezago, hay una improvisación y mucho desorden en el seguimiento de las carpetas de investigación, pérdida de documentos oficiales sin ninguna responsabilidad penal, no hay un control interno, no hay una supervisión ni seguimiento de las denuncias, nadie rinde ni pide cuentas a nadie”.
“Es obvio que los resultados que presenta la organización, está plasmando un problema que es mayúsculo porque si se entrara con lupa a revisar los expedientes, aparecerían realidades más frustrantes y desesperantes”, dijo en las declaraciones por teléfono.
No hay confianza en la Fiscalía de Guerrero
Por su parte la secretaria general y vocera del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz recordó que como organización se negaron a trabajar carpetas de investigación con la Fiscalía estatal por la falta de confianza de las familias, y todas las realizaron con la Fiscalía General de la República (FGR).
Denunció y recordó que cuando las familias llegaron al Ministerio Público a querer presentar su denuncia, los agentes les pedían dinero para iniciar el trámite, y quienes las hicieron recibieron amenazas o fueron acosados por policías ministeriales para pedirles dinero.
“No hay ni cómo ayudar a la Fiscalía (de Guerrero) para decir algo bueno de ellos, porque no lo hay, búscale por donde le busques”, y recordó que el ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos tuvo que salir porque fue evidenciado en un video “sentado con los malos”.
Destacó que está totalmente de acuerdo con los resultados del informe de Impunidad Cero porque “no hay un solo voto de confianza en la Fiscalía de Guerrero”.
Texto: Alejandro Guerrero
