Chilpancingo, Guerrero, 26 de enero de 2026. La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero aclaró este lunes que no existe una “carta de liberación” emitida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que exonere a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, sobre la falta de comprobación de 898 millones de pesos de la Cuenta Pública de 2023.
La declaración de la ASE es parte del conflicto que mantiene con López Rodríguez y que se encuentra a la espera de una decisión de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
López Rodríguez exhibió el pasado jueves un oficio de la ASF, que notifica que el organismo atiende una solicitud de aclaración al resultado de una auditoría al Ayuntamiento de Acapulco en el rubro de Participaciones Federales a Municipios para 2023.
La alcaldesa aseguró que, con ese documento, todas sus cuentas estaban saldadas con la ASF y que no existen observaciones al manejo del presupuesto federal durante el ejercicio fiscal 2023.
A través de un comunicado emitido esta mañana, la ASE precisó que el oficio que difundió la alcaldesa sólo es una respuesta a la solicitud de aclaración, relacionada con la revisión del Ramo 28 de Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2023, y no un documento que exonere responsabilidades.
Afirmó que ese oficio y la investigación sobre la comprobación de los 898 millones de pesos de recursos federales son procedimientos y conceptos diferentes.
“Es importante precisar que esta Auditoría Superior del Estado de Guerrero revisa conceptos diferentes al mencionado en las declaraciones, respetando siempre el debido proceso y en beneficio de la transparencia pública”, indica el comunicado.
El órgano fiscalizador local también aseguró que acatará la resolución definitiva que emita la Corte en la controversia constitucional, promovida por el municipio de Acapulco.
En junio del año pasado, la SCJN concedió sendas suspensiones que protegen por tiempo indefinido a la alcaldesa ante dos procedimientos legales. Hace dos semanas, por unanimidad de votos, la Corte, en su nueva composición, ratificó la decisión.
El fallo de la Corte de 2025, ratificado este mes, frena cualquier acción que se derive de la controversia constitucional 174/2025, donde la ASE reclama la comprobación de 898 millones de pesos del gobierno municipal.
Las dos sucesivas resoluciones también frenan las consecuencias de otra controversia constitucional, la 176/2025, relacionada con la búsqueda de revocación de mandato de la presidenta municipal.
José Miguel Sánchez/ Foto: Archivo
