Chilpancingo, Guerrero, a 16 de julio de 2026.- La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, solicitó una audiencia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para exponer los motivos por los cuáles ella cree que el auditor estatal, Marco César Paris Peralta Hidalgo, tendría que dejar el cargo.
La petición de López Rodríguez ocurre una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un falló donde determinó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no tiene facultades para fiscalizar presupuesto federal, derivado de las observaciones que el órgano estatal hizo por 898 millones de pesos de la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Acapulco.
De acuerdo con fuentes de la Jucopo, López Rodríguez busca que se cese al titular de la ASE, Marco César Paris Peralta, derivado del fallo de la corte en donde le dieron la razón a la alcaldesa con licencia.
López Rodríguez pretende plantear a la Jucopo los argumentos que, a su juicio, justifican la renuncia del titular de la ASE.
Aunque esta solicitud la hace como ciudadana, ya que en la actualidad tiene licencia en el cargo de alcaldesa.
Según esta fuente, la Jucopo le dará su derecho de audiencia porque “es algo que no se le puede negar” y que, respecto a las acciones legales y políticas que López Rodríguez quiera emprender contra el auditor, será tema de análisis dentro del Congreso.
Además que también, de manera oficial, en caso de que emprenda una acción legal contra el auditor, los diputados esperan saber a qué instancia la haría.
La solicitud de López Rodríguez derivó de que en abril de 2025, la ASE registró posibles irregularidades por más de 898 millones de pesos en el ramo de obras públicas, ejercidos en 2023 por el Ayuntamiento de Acapulco.
De acuerdo con un informe del órgano fiscalizador, remitido a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Congreso local, la administración de la morenista Abelina López no presentó la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos en 511 obras y dos acciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
El caso llegó hasta la SCJN, que determinó que la ASE no tenía facultades para auditar ese dinero, que después de emitir la sentencia, la propia auditoría estatal aseguró que a pesar de que la corte anuló la revisión, eso no absolvía a la morenista de presuntas irregularidades.
José Miguel Sánchez
