La necesidad de que la iniciativa para regular la producción, comercialización y consumo de cannabis, aunque bastante completa y progresista, debe enfatizar más su intención de justicia social, además de agregar candados para que el multimillonario negocio no quede en unas cuantas manos, destacan empresarios e investigadores entrevistados por El Sur.
El Sur / Ciudad de México, 19 de abril de 2019. Alberto Kuri guarda en su teléfono videos de mexicanos trabajando en torno a plantas de mariguana en California. Son cientos. Muestra uno en el que aparecen cinco personas dentro de una amplia habitación, donde separan la planta con las manos antes de depositarla en grandes contenedores de plástico al ritmo de canciones de Julión.
“Escucha, escucha: ésos dos son de Guerrero”, dice Kuri antes de bajar el volumen de su celular.
Kuri es empresario y agricultor. Siembra papayas en Caletilla, Michoacán, cerca del Puerto de Lázaro Cárdenas; también maneja tres dispensarios de cannabis en California y es accionista de Circular Systems, una compañía estadunidense cuya apuesta de negocios se centra en el desarrollo sustentable del campo a través de la cannabis. Según lo que ha visto, en California existen cientos de guerrerenses, michoacanos y oaxaqueños que se han involucrado en el proceso de siembra, producción, empaquetado y venta de mariguana.
“Es absurdo –remarca–, ellos podrían obtener mucho más beneficio por ese trabajo, sin tener que abandonar sus tierras”.
En noviembre pasado la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó ante el Senado la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, mediante la cual se normará el uso de la mariguana con cualquier fin, ya sea personal, médico o comercial. Desde ese momento la expectativa en torno a la industria que puede abrirse en México no para de crecer.
“Es importante que la iniciativa le otorgue seguridad a los agricultores tradicionales. En California muchos de los agricultores no han sido capaces de navegar por la estructura legal para obtener una concesión que les permita sembrar cannabis”, advirtió en marzo, durante un foro realizado por la Comisión de Salud del Senado, Dustin Moore, miembro de la consultora especializada Axiom Advisors.
Separar el cáñamo de la cannabis sicoactiva, y aprovecharlo
Procanna es una organización civil fundada por Alberto Kuri con la finalidad de trabajar directamente con los campesinos de la Montaña de Guerrero –sobre todo aquellos que ya cultivan mariguana– para prepararlos y que, una vez que la legalidad lo permita, tengan la posibilidad real de construir una industria autosustentable.
“El problema que yo le veo a la iniciativa propuesta, es que se ha centrado sobre todo en la comercialización y en los derechos del consumidor”, destaca Kuri.
“México podría ser líder en producción de cáñamo, es decir de cannabis no sicoactiva, un producto que actualmente importamos. Y la iniciativa no parece entender lo poderosa que puede ser esta industria, así que no hace una separación clara entre ambas industrias: el cáñamo no sicoactivo no puede sobrerregularse por confundirse con la cannabis de uso recreativo”.
Entre las empresas en las que participa Kuri destaca Agroloop, una biorrefinería que procesa los desechos resultantes de la siembra de cannabis con el objetivo de convertirlos en fibras textiles, papel, energía. Parecería un sueño utópico, casi hippie, pero no: se trata de un negocio redondo.
“Todas las ramas, las hierbas, los residuos que quedan después de la cosecha son oro. Y mientras en Estados Unidos todos esos residuos vegetales se procesan para convertirlos en fibra y otros materiales, en México los campesinos esperan a que se pudran para poder volver a sembrar. ¿Por qué el Estado, o una empresa particular, no se encargan de limpiar el campo y usar todo ese material orgánico para crear energía?”, pregunta Kuri.
“Estamos hablando de un negocio de billones de dólares. Debemos entender que esto tiene que hacerse bien desde un principio. Yo veo voluntad política y qué bueno; se tiene que legislar bien, a detalle, pero se tiene que hacer ya”.
Legalización, regulación y justicia social
En la iniciativa propuesta por Olga Sánchez Cordero destaca un párrafo: “se deberán implementar políticas públicas dirigidas a los grupos sociales, étnicos y minoritarios, que históricamente han sufrido discriminación a causa de injusticias sociales o políticas prohibicionistas (…) El objetivo es mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víctimas”.
Es una de las pocas veces que la iniciativa menciona la necesidad de retribuir a aquellas poblaciones de agricultores que, a lo largo de varias generaciones, se han dedicado a la siembra de mariguana en condiciones de ilegalidad, explotados por grupos criminales, o enfrentados con el Ejército y las diversas fuerzas policiacas.
Y es que, aun cuando la iniciativa de ley prevé la posibilidad de otorgar licencias de cultivo para autoconsumo, así como para cooperativas de consumidores, aún no es claro cómo se otorgarán los permisos para la siembra, cultivo y cosecha de mariguana a nivel agrícola y con fines comerciales.
En el documento no se plantea cómo es que esta justicia social sería aplicada en la realidad.
De ser aprobada, la ley decretará la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que estará encargado de otorgar y retirar las licencias de siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, transporte, distribución, venta y comercialización, además de establecer los lineamientos para otorgarlas, y ejecutar la verificación sanitaria de toda la cadena.
“La clandestinidad es lo peor que le puede pasar a la mariguana”
Consumidor declarado y editor de la revista Cáñamo, Polo es uno de los activistas más visibles en el tema de la legalización y regulación de la mariguana; es dueño de un pequeño local en el Centro Histórico de Ciudad de México dedicado a la venta de pipas, papel para cigarrillos, jabones de cannabis, camisetas fabricadas con hemp, revistas y material informativo.
En noviembre, Polo estuvo en Filo de Caballos para presentar a un grupo de campesinos mariguaneros con un empresario interesado en invertir en la incipiente industria.
“El campo mexicano ya está muy atrasado a estas alturas”, dice a manera de diagnóstico.
“En Guerrero todavía secan las plantas al sol, en los tejados. No manches. Las plantas se deben secar a oscuras en un lugar ventilado, por ejemplo, para que no pierdan sus elementos sicoactivos. Para mí, como amante de la cannabis, ver esa manera de secarlas es como mirar un video de esquimales matando foquitas bebés. ¿Por qué le hacen eso a la mota?”.
Polo ríe. Pero su preocupación no es menor. Han bastado poco más de tres años, desde que se reguló la mariguana en Estados Unidos y Canadá, para que la diferencia sea notoria. Mientras en casi todo México se siembra la planta todavía usando sulfato de amonio como fertilizante o Paratón como pesticida –químicos prohibidos fuera de México por su alta toxicidad–, en otros países la mariguana sigue códigos estrictos, bien sea para aumentar su potencia o para garantizar la salud del consumidor.
“Todo eso es resultado de pensar el cultivo como una actividad furtiva”, sentencia Polo convencido.
“La clandestinidad es lo peor que le puede pasar a la mariguana. Además de afectar su calidad, atenta contra la salud de los consumidores y de los agricultores. Si no estuvieran pensando que los van a fumigar o encarcelar, los campesinos podrían tener la oportunidad de pensar mejores prácticas”.
Ganar el derecho a cultivar; crear cooperativas de campesinos
La historia no es reciente. El Paraquat es un producto químico de alta toxicidad usado por el Ejército para erradicar cultivos de amapola y mariguana; se le rocía desde el cielo en avioneta y puede contaminar varios sembradíos a la redonda. La práctica ha resultado inútil para combatir la siembra de mariguana.
Según ha documentado Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los campesinos han aprendido que después de una fumigación deben cortar inmediatamente las matas, así las hojas no se secarán y podrán salir al mercado.
Resulta imposible saber cuántas toneladas de mariguana envenenada llegan a los consumidores mexicanos. En 2014, según informó la extinta Procuraduría General de la República en su sitio web, entre mayo y octubre se erradicó “un promedio de 30 hectáreas diarias (…) empleando 7 litros de herbicida Paraquat por hectárea”.
Todavía en mayo de 2017, según documentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se reportaban varias fumigaciones con Paraquat en Zapotitlán para eliminar campos de amapola, lo cual provocó que se secaran las milpas de maíz, frijol, cilantro, pápalo y calabaza, además de causar graves enfermedades en la región.
“Históricamente, los campesinos y los consumidores de cannabis han sido los más criminalizados –explica Polo–. Los campesinos son, encima, los menos beneficiados de toda la cadena comercial. Es un tema pendiente detallar cómo se otorgarán estas licencias para cultivar mariguana. Resulta claro que el Estado no lo controlará, como pasó en Uruguay, pero ¿qué modelo comercial se va a seguir?
“No tiene caso que unas cuantas empresas sean las responsables de regular todo el negocio de la mariguana. El derecho que tenemos que ganar es a cultivarla; si en un futuro sólo podemos comprar mariguana en el Oxxo, ¿qué ganamos? No, se tienen que crear cooperativas de campesinos que puedan producir a escala pequeña. Que sean ellos quienes más se beneficien”.
Hay que otorgar licencias para no crear monopolios
En enero de este año 142 personas fueron asesinadas en Guerrero, 95 con arma de fuego; en febrero, 136 corrieron la misma suerte y, de ellas, 112 murieron por el impacto de una bala, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El 80% de los homicidios tienen que ver con ejecuciones del crimen organizado y no de cualquier crimen organizado, sino sobre todo del que tiene que ver con tráfico de drogas”, subraya Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, organización que da seguimiento cada mes a la incidencia delictiva en el país, con base en una metodología propia.
Respecto a Guerrero, sus datos de los últimos meses no difieren de las cifras oficiales, pero sus análisis sí aclara cuáles son los municipios donde el delito de homicidio doloso se ha agudizado durante los últimos dos meses: Tlapa de Comonfort, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo de Azueta, Acapulco de Juárez, San Marcos, Chilpancingo de los Bravo.
Esta violencia, afirma, “es resultado de la prohibición y de la estrategia fallida para combatir el tráfico de drogas. Es simple: no se usa a la milicia ni a la policía para combatir un mercado. Un mercado no se combate con balas, sino con principios económicos”.
“Yo espero que los legisladores tengan en cuenta algo: es necesario otorgar licencias, muchísimas, para no crear monopolios. La carga administrativa será gigante, pero será mucho más benéfico. Y tienen que facilitar esas licencias a las personas que han sido afectadas por la prohibición”.
“El nombre del juego es que no haya mercado negro: si diste pocas licencias, si creaste monopolios, crearás mercado negro. Y si hay mercado negro, la violencia no parará”.
Texto: Carlos Acuña / Foto: Carlos Alberto Carbajal
