EDITORIAL
Acapulco, una ciudad marcada por violentos contrastes, vivirá este viernes una jornada insólita. Sesionará en el puerto la Convención Nacional Bancaria, que escuchará en la clausura al presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la mañana a las candidatas y al candidato presidencial, quienes, además, realizarán sendos actos de campaña en la vía pública.
Se reúnen los representantes de uno de los negocios más redituables del país. Con una regulación que les favorece en forma desproporcionada y con una coyuntura de altas tasas de interés, los bancos privados, de propiedad mayoritariamente extranjera, cerraron 2023 con ganancias récord de más de 273 mil millones de pesos, según el más reciente informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El aumento en el ritmo del beneficio es de 15.1 por ciento sobre el periodo anterior, equivalente a cinco veces la expansión de la economía nacional el año pasado, que fue de 3.2 por ciento.
La sede del cónclave del gran capital financiero es Guerrero, uno de los estados más pobres del país. Décadas enteras han pasado, sexenios enteros de gobernadores y presidentes se han consumido y la entidad sigue como una foto fija, anclada en el pasado, en el atraso. Ninguna de las grandes inversiones de infraestructura de la actual administración federal pasó por aquí. No existe el empleo suficiente y bien pagado y predominan los trabajos precarios e informales sin seguridad laboral ni prestaciones sociales. Según el INEGI, en el tercer trimestre de 2023, la tasa de informalidad laboral en Guerrero fue de 77.4 por ciento de la población con empleo.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mostró en su informe de 2022 que el 66.4 por ciento de la población de Guerrero estaba entonces en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema. El 72.9 por ciento de ese universo estaba en el medio rural. Más de la mitad de la población de la entidad carecía de servicios básicos en la vivienda y de acceso a la seguridad social.
La violencia se ha vuelto endémica en el estado. Apenas ayer consignamos en estas páginas que, a pesar de un leve descenso en el mes de marzo, el primer trimestre del año fue el segundo con mayor número de víctimas de homicidio doloso en lo que va del actual gobierno federal, con 410 casos y es el primer trimestre del año con mayor cifra desde el inicio de la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en octubre de 2021.
Según el informe oficial correspondiente, Guerrero ocupa el octavo lugar en número de casos de homicidios dolosos y Acapulco es el cuarto municipio del país con mayor incidencia de ese delito. Más allá de los registros, la vida cotidiana de los guerrerenses es un testimonio vivo del clima de inseguridad, no sólo marcado por hechos de sangre, sino también por la zozobra y las amenazas derivadas de la extorsión. Está claro que ha fracasado la política en la materia y que urge una rectificación.
Encima de esos conflictos estructurales, el golpe demoledor del huracán Otis aún es notable, casi seis meses después del paso del fenómeno de categoría 5 por la ciudad. Cientos de damnificados tienen que enfrentar todavía ahora el laberinto burocrático para alcanzar parte de la ayuda oficial. Persisten escombros y basura acumulados, además de edificios, condominios de lujo, plazas comerciales y hoteles destrozados, y cuya suerte es incierta. La operación de negocios aún es incipiente y ninguna sala de cine ha reabierto lo que es un duro golpe a la autoestima de los acapulqueños y a su derecho a la recreación.
Lo peor del efecto del huracán es que no ha servido –y quizá no sirva– para una revisión integral del horizonte de desarrollo de Acapulco y su regulación urbana. Un crecimiento anárquico, marcado por el abuso, la ilegalidad y la marginación, han llevado a esta ciudad en el último medio siglo a una decadencia acelerada, a convertirse en las antípodas del polo de atracción turística que fue.
Otis precipitó el deterioro del puerto y la inercia y las omisiones de los gobiernos terminaron por propiciar el desastroso balance que se puede observar ahora: sólo parches, paliativos, pintura barata sobre las ruinas.
Por último, y no menos grave, los anuncios del gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa arrojan nuevas adversidades al estado. Al parecer no habrá solución en este sexenio para esta herida abierta. Las instancias construidas para la investigación quedaron desechadas o desmanteladas o disminuidas al extremo. La negativa de los militares de entregar la información de inteligencia claramente señalada y precisada, cerró la puerta a una solución que hace apenas un año parecía al alcance.
El presidente López Obrador ha respaldado esa negativa, protege al Ejército y, en cambio, señala a los investigadores, activistas y hasta a los abogados de los padres de familia de ser causantes del descarrilamiento de la investigación.
Habrá que ver qué dicen este viernes tan ilustres visitantes y sus anfitriones los banqueros. Si les merecerán un comentario los demasiados agravios que dan forma al infierno de este estado, o si preferirán no salirse de la burbuja de bienestar que se forma alrededor de la Convención Nacional Bancaria cada año haciendo abstracción de lo que sucede en la ciudad que les brinda tan cálido hospedaje.
