Gaspard Estrada
El pasado viernes, un comunicado de prensa cimbró a Brasil. El presidente de ese país, Jair Bolsonaro, junto con su vicepresidente, Hamilton Mourão, y el ministro de la defensa, Fernando Azevedo e Silva, firmaron un pronunciamiento público, diciendo que el ejecutivo y las fuerzas armadas “no se someterán a decisiones políticas o judiciales descabidas”, en un momento en que ya fueron presentados más de 40 pedidos de destitución del jefe del ejecutivo ante la presidencia de la cámara de diputados, y que el Tribunal Superior Electoral tiene en sus manos un proceso para decretar la nulidad de la elección de Jair Bolsonaro y de su vicepresidente por irregularidades en los gastos de campaña. De tal suerte que el mensaje de estos tres personajes fue muy claro: no aceptarán, bajo ninguna circunstancia, una destitución por el Congreso o por la justicia electoral –que en este caso también provocaría la salida del vicepresidente. Pocas horas más tarde, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, derecha), el diputado Bruno Araújo, anunció que su partido desistía de respaldar la destitución de Bolsonaro. Poco tiempo después, el ex gobernador del estado de Ceara, Cid Gomes, anunció lo mismo, antes de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), se sumara a tal iniciativa. En este sentido, la salida de Bolsonaro de la presidencia parece más lejana que nunca, en parte a raíz de la manifestación ostensiva de apoyo de los generales que lo rodean en el Palacio del Planalto. ¿Es posible entonces decir que la democracia brasileña ya está bajo tutela militar?
Es difícil poder categorizar el proceso político brasileño reciente, en el sentido que Jair Bolsonaro fue electo a raíz de una elección en la cual obtuvo 57 millones de votos, es decir casi 10 por ciento de ventaja frente a su principal adversario, el ex ministro de educación y ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad. La legitimidad de su elección no está en duda. Sin embargo, lo que sí merece la crítica, y ahora la movilización de las fuerzas democráticas, es el análisis de las condiciones en las cuales Bolsonaro llegó al poder, y cómo está ejerciéndolo ahora en la Presidencia de la República.
En efecto, buena parte de las instituciones políticas y jurídicas de Brasil actuaron de manera decisiva a favor de Bolsonaro y en contra del candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Antes de la campaña electoral, la corte de apelaciones de Porto Alegre, que juzgó los procesos en contra del ex presidente Lula, decidió que los procesos en su contra “no necesitaban responder a los ritos procesuales normales”, de tal suerte que las diversas ilegalidades cometidas por los procuradores y por el juez antes y durante el proceso no fueron objeto de sanciones de parte de la corte revisora. Es por eso que Lula fue inhabilitado, y que su candidatura fue desechada por la corte electoral. Si bien eso ya era sabido desde hace años, las revelaciones, el año pasado, del periodista Glenn Greenwald y del sitio de noticias de investigación The Intercept vinieron a confirmar estas aseveraciones. Más recientemente, la prensa reveló que la policía federal y el ministerio público se negaron a revelar información que podría comprometer la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, al tiempo que filtraron a los medios informaciones parciales (hasta falsas en algunos casos), para perjudicar a la candidatura de Fernando Haddad. De tal suerte que se podría decir, a la luz de estos hechos, que el proceso electoral fue viciado, y que las instituciones tenían un candidato: Jair Bolsonaro.
Desde que llegó a la presidencia de la República, este último no ha dejado de erosionar progresivamente las normas y las instituciones democráticas, al atacar de manera impune a la Corte Suprema y al Parlamento. Esta semana, la policía federal –a cargo del ministro de justicia– mandó investigar a dos periodistas y a un caricaturista por “ofensas en contra del presidente de la República”, invocando una ley de la dictadura militar. Al día de hoy no es posible saber si esta denuncia tendrá un efecto penal, pero la voluntad de intimidación de parte del gobierno en contra de la prensa es real y debe tomarse en serio. Es por eso que, si bien es difícil poder afirmar que al día de hoy, ya hubo un golpe de estado en Brasil, la democracia de ese país está en serio peligro.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
