Manifiestan Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh que las acciones legales contra funcionarios de la investigación del caso Ayotzinapa “confirman lo que las familias siempre denunciaron: la manipulación de la investigación”.
Ciudad de México, 18 de marzo de 2020. Representantes de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confiaron en que las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) pueden romper los pactos de silencio en el caso.
A petición de la FGR, la Interpol giró una Ficha Roja para la detención de quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la antigua PGR, Tomás Zerón de Lucio.
El ex funcionario huyó a mediados de agosto de 2019 a Canadá, antes de que la FGR solicitara, el 10 de marzo pasado, una orden de aprehensión contra Zerón de Lucio al juez de distrito especializado en el sistema acusatorio del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México.
“Reconocemos las primeras acciones legales de la FGR contra funcionarios que cometieron tortura y/o irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa, pues confirman lo que las familias siempre denunciaron: la manipulación de la investigación”, manifestaron las organizaciones Tlachinollan, Fundar, Serapaz y el Centro Prodh, que acompañan el caso.
“De sostenerse, estas acciones pueden contribuir a romper los pactos de impunidad y silencio que han impedido alcanzar la verdad”.
En otro aspecto de la investigación del caso Ayotzinapa, la FGR detuvo ayer a un ex agente ministerial y a Ezequiel Peña Cerda, quien actualmente se desempeñaba como director de área en la AIC, por haber torturado en 2014 a Carlos Canto Salgado, uno de los imputados por la desaparición de los normalistas.
En la misma orden de aprehensión se solicitó la captura de Carlos Gómez Arrieta, quien fuera jefe de la Policía Ministerial Federal y después subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo
