No atendieron la recomendación de la Conavim para quitar restricciones al derecho de las mujeres violadas a interrumpir el embarazo, señalan. Critican la intervención de la Iglesia católica en el Congreso y a la diputada morenista que preside la comisión de género
Chilpancingo, Guerrero, 17 de diciembre de 2019. Feministas anunciaron acciones legales contra diputados que no atendieron la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim), de homologar la Norma 046 que establece los criterios para prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra las mujeres y el artículo 10 de la Ley General de Víctimas con el Código Penal del estado de Guerrero, para garantizar el acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo en casos de violación.
En conferencia de prensa, cuestionaron también la intervención de la iglesia en el Congreso del Estado, para evitar la armonización de las leyes sobre el aborto, que se evidenció ayer, cuando se supo que el obispo de la diócesis Chipancinco-Chilapa, Salvador Rangel, y el sacerdote, Artemio Flores, se han reunieron con diputados de manera individual y con bancadas para fijar posición en este tema.
De Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias recordó que México es un Estado laico , y los representantes populares son pagados por el pueblo, no deben olvidar que responden a las leyes, “que no son divinas”, y a sus electores, no a posiciones personales.
Del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, Rosa María Gómez Saavedra, añadió que el Estado laico costó vidas, y es una vergüenza que la autoridad obligue a las mujeres a tener hijos productos de una violación, por cuestiones personales.
“Yo creo que para los partidos es una oportunidad de revisar la capacitación a sus militantes para que cuando lleguen a cargos de elección o de gobierno, tengan capacidades. Nos ofenden esas declaraciones”, dijo de la posición de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso, la diputada de Morena, Erika Valencia, de que la homologación de la NOM 046 no va a terminar con las violaciones de las mujeres, y que son más importantes otras iniciativas que han promovido.
De la Asociación Guerrerense contra la violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, aclaró que el movimiento feminista busca que no se pongan en riesgo la vida ni la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, por no tener acceso a un aborto legal, ni se les obligue a tener hijos no deseados. No promueven abortos.
De omisión del Congreso local que hace inminente la declaratoria de la segunda alerta de violencia de género en Guerrero por agravio comparado, indicaron que sí van a emprender acciones legales, y tiene que a revisar la estrategia para denunciar la falta de voluntad de los legisladores.
Sin embargo, señalaron ejemplos de situaciones similares en otros estaos, como Hidalgo, donde la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena llamó a comparecer a los diputados locales por violentar los principios que el partido enarbola, o en Veracruz, donde las asociaciones promovieron un amparo a la Justicia federal por el incumplimiento de una recomendación de la Conavim.
En cuanto a las reuniones de los religiosos, Gómez Saavedra recordó que en la legislatura pasada se promovió una queja en la Secretaría de Gobernación cuando la exdiputada del PRI, Julieta Fernández, encabezó una oración en el Congreso, en la campaña para impedir al legislación del aborto.
De Zihuame Xotlametzin, Brígida Chautla, denunció que los diputados que tienen que garantizar los derechos, son los primeros en violarlos, pues en Guerrero “hay casos de mujeres castigadas por abortos espontáneos”.
Los derechos de la mujeres
En la conferencia de prensa, Marina Aguilar recordó que, resultado de la solicitud de la segunda Alerta de violencia de género por agravio comparado que promovió Obvio Guerrero, representada por Viridiana Sotelo Gutiérrez, el Grupo de Trabajo Interdisciplinario de la Conavim pidió al Congreso de Guerrero, reformar la causal excluyente de violación señalado en el artículo 159 del Código Penal, fracción 1, sobre el aborto.
Esta recomendación esta vinculada al sexta recomendación de la declaratoria de la primera Alerta de Violencia de género de 2017, donde se instruye al Sector Salud a capacitar al personal médico sobre la NOM 046, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) a garantizar el derecho de las víctimas de violencia sexual a interrumpir el embarazo.
En la evaluación de cumplimiento de esta sexta recomendación, el Grupo de Trabajo de la segunda alerta de Violencia de género por agravio comparado, pidió al Congreso local la armonización del Código Penal, y lo que no se había cumplido de capacitación en el sector salud y en la FGE.
Recordó que en su sexto informe el año pasado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), manifestó dos preocupaciones específicas en México: sobre las disposiciones de las leyes penales que restringen el acceso al aborto legal y que obligan a las niñas a someter a aborto en situaciones de riesgo a su salud y su vida.
Asimismo, la falta de coherencia de los Códigos penales de los estados con la NOM 046 y la Ley general de víctimas que garantiza el aborto en caso de violación. El organismo internacional pidió acelerar la armonización de las leyes para garantizar el aborto legal y la capacitación adecuada al personal personal médico.
Las propuestas recomendaciones del Grupo de Trabajo, para la segunda alerta están alineadas a las reformas internacionales”.
Por lo tanto, las activistas demandaron al Congreso local que no someta a votación ni a negociación los derechos de las mujeres, y los diputados cumpla su responsabilidad.
Violencia feminicida
Como integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Reyna Aguilar, denunció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para que la comisionada, Candelario Ochoa Dávalos, recibiera a las promoventes de AVG en el país.
En ese encuentro, la comisionada acordó sostener reuniones trimestrales con las activistas, y que cuando visite los estados alertados, se tendrá que reunir con representantes de la sociedad civil.
Recordó que este año, se canceló una reunión del grupo interdisciplinario de la Alerta de violencia feminicida en Guerrero, y al siguiente día se dieron cuenta por la prensa día que la comisionada tuvo reunión con el gobernador y secretario de gobierno y las asociaciones no fueron convocadas.
Esto, porque la violencia contra las mujeres continua, y un indicador son los asesinatos documentados en la prensa, 182 mujeres hasta el viernes pasado, y 233 en 2018.
“Eso no quiere decir que la violencia feminicida haya bajado, esto nos da otros indicadores: la violencia feminicida se ha expandido, se ha recrudecido, ahora tenemos más municipios en los que están sucediendo estos lamentables casos de mujeres asesinadas”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
