Quiere darles información que seguramente no les han proporcionado sus asesores, dice. La investigación del asesinato de Kothan no se encamina a la verdad y justicia, advierte Vidulfo Rosales. Insiste en que se abra la línea sobre la presencia del normalista en la protesta en Palacio Nacional. Revelan la identidad del policía prófugo. Suspenden el paro en la Fiscalía
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2024. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que se reunirá con padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y dejó abierta la posibilidad de que sea con la presencia de abogados y asesores.
“Queremos poner todo esto en claro. Si ellos dicen ‘no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos’ pues entonces también dialogamos. Pero quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo (sin la presencia de los abogados y asesores), si no lo consideran, de todas maneras los voy a recibir”, ofreció.
Ayer en la conferencia de prensa matutina, el presidente declaró que prefiere que el encuentro sea únicamente con los familiares de los 43 desaparecidos, sin que participen sus abogados y representantes.
“Vamos a dialogar. Estamos esperando que nos den sus puntos de vista acerca del planteamiento que les hice de que quiero hablar con ellos, sin los abogados y sin sus asesores de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos”, dijo.
El presidente aseguró que uno de los objetivos por los cuales se quiere reunir directamente con los padres de los 43 desaparecidos sin sus asesores, es para brindar información que, aseguró, no ha sido entregada por los abogados.
“Quiero hablar con ellos, ellos son gentes mayores, muy conscientes, y quiero darles información que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación, no tienen por qué terminar creyendo, lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista”, declaró.
López Obrador afirmó que existe un ambiente hostil de distintas organizaciones de derechos humanos ya que, según él, están vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Garantizarles que estamos buscando a fondo, intensamente, como nunca, y que tenemos avances en la búsqueda y que por eso también sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la CIDH de la OEA”, comentó.
Agregó que existe un grupo que saca “provecho del dolor humano”, y que el caso Ayotzinapa ha fungido para algunos como un interés político, más que para buscar justicia.
“Hay intereses políticos, mejor dicho, politiqueros, que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. No van a sacar absolutamente nada, es gente que no quiere que realmente se haga justicia”, señaló.
Con poco más de seis meses restantes a su administración, López Obrador dijo que se mantiene en espera de realizar avances, y que por eso los actos de provocación han aumentado.
“Estoy esperando tiempo para que avancemos más, porque como hay intereses, no necesariamente buenos, sino gente que lo que busca es que quedemos mal y que no encontremos a los muchachos, y como también ya saben que andábamos trabajando y que vamos avanzando, están queriendo ponernos obstáculos, por eso las provocaciones se han intensificado, nada más que nosotros llevamos muchos años, décadas, evadiendo el acoso, cayendo en trampas, evitando provocaciones”, dijo.
La investigación del asesinato de Kothan no se encamina a la verdad y justicia, advierten
En la investigación del asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta falta abrir la indagatoria de la responsabilidad de los altos funcionarios que renunciaron, de la fuga del policía que disparó y la línea sobre la participación del normalista en la protesta en el Palacio Nacional de la Ciudad de México un día antes del crimen en Chilpancingo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, analiza en entrevista los acontecimientos y considera que como se observa actualmente, la investigación no se encamina a la verdad y la justicia.
El 18 de junio un juez federal con sede en Acapulco vinculó a proceso a dos policías detenidos como responsables del homicidio, identificados como Francisco “N” y Sigifredo”N”, y un tercer policía, David “N”, el principal implicado porque presuntamente es quien disparó la bala en la cabeza del estudiante, sigue prófugo. Según información recabada con defensores de la familia de Kathan, los principales elementos que presentó la Fiscalía General de la República en el juzgado prueban que los agentes actuaron con uso excesivo de la fuerza.
La protesta en el Palacio Nacional
El abogado de Tlachinollan plantea que el uso excesivo de la fuerza es una línea, pero es fundamental investigar si el asesinato de Yanqui Kothan tiene relación con su participación en la primera línea de la protesta en el Palacio Nacional, el 6 de marzo, cuando los normalistas derribaron una puerta del histórico edificio.
Los manifestantes pretendían entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador un documento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos que piden diálogo con el mandatario. Ahí estuvo Yanqui Kothan, como se muestra en los videos difundidos.
Al día siguiente en la noche, Kothan y dos estudiantes más iban de Ayotzinapa a Chilpancingo en una camioneta que alumnos tomaron el 29 de febrero y la tenían en la escuela. En la entrada a la ciudad , fueron detenidos por policías estatales del grupo especial Centauro que dispararon y causaron la muerte del joven de 23 años y detuvieron ilegalmente a sus dos compañeros. De inmediato, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del estado fabricaron un informe que dice que los policías actuaron en un retén en persecución de una camioneta robada y que los estudiantes dispararon primero.
Esa versión es desmentida por las pruebas. Vidulfo Rosales argumenta que “las condiciones en que es asesinado: no hay retén, no hay arco de Repuve en ese lugar, dicen ellos que es una camioneta que tiene reporte de robo la que están persiguiendo. En efecto, esa camioneta fue tomada por los estudiantes, el 29 de febrero, y se levantó una carpeta de investigación, el gobierno tenía pleno conocimiento de que los estudiantes de Ayotzinapa la tenían. Y ya sabemos que los estudiantes toman camionetas y después negocian y las dejan.
“El gobierno sabía que en esa camioneta iban estudiantes de Ayotzinapa. Por eso es importante la investigación que incorpore la línea relacionada con la protesta en el Palacio Nacional el 6 de marzo”.
Dice que la Fiscalía debe empezar a direccionar la investigación hacia allá, que no quede fuera de la órbita de las pesquisas la protesta en Palacio Nacional. Hoy en día la investigación solamente está girando en torno al exceso policial, al uso excesivo de la fuerza, es una línea, la más evidente, la más clara, pero no solamente debe investigarse el uso excesivo de la fuerza, sino la protesta”.
Renuncias de altos funcionarios, sólo para desinflar protestas
La renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera, y la destitución de la fiscal general teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el 14 de marzo, deben ser un paso para que se investigue su responsabilidad, es necesario que se abra investigación contra ellos, plantea el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Expone que las renuncias de los funcionarios, no deben ser un movimiento en el tablero del ajedrez político nada más para desinflar la inconformidad social, para aminorar las protestas que tienen lugar y el enojo de los normalistas y de los padres y madres de familia.
“La destitución de estos funcionarios sería el primer paso para realizar una investigación imparcial, pronta, porque si nada más es un movimiento político, estratégico, para desinflar la inconformidad, el enojo, la protesta, eso no es garantía de justicia, no es garantía de verdad”.
–¿De qué se puede acusar a los secretarios y a la fiscal?
–Hay varios cargos que ahí se pueden dar, cargos por omisión que pueden ser obstrucción a la justicia, ejercicio indebido de la función pública, hasta privación de la libertad personal por haber permitido que los jóvenes (que viajaban en la camioneta y fueron retenidos ilegalmente) estuvieran desaparecidos, pueden enfrentar cargos de tortura a los mismos detenidos.
–¿Cómo se puede entender la fuga del policía?
–Creo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo dejó en libertad, y eso es producto de que no hay la intención de sancionar a los policías, la SSP nunca los vio como responsables, al grado de que nunca los puso a disposición del Ministerio Público, ¿cuál debió ser la actuación de la SSP?, inmediatamente que hay una persona asesinada, debió concentrar a los policías, abrir un procedimiento administrativo, quitarles las armas y ponerlos a disposición de la autoridad para una investigación, cosa que no hizo.
Explica que los policías fueron retenidos por la Fiscalía en la vía de los hechos, cuando llegaron con el estudiante detenido. Pero la Fiscalía comete un error de no decretar su detención legal sino dejarlos en libertad.
–¿Sería un error?
–Yo creo que fue error de la Fiscalía. Decidió que como la SSP no se los puso a disposición, entonces los dejó libres y no decretó la detención legal.
Se va construyendo un andamiaje para la impunidad
El policía David se fugó de las instalaciones de la SSP el martes 12 de marzo porque no estaba detenido sino libre. Vidulfo Rosales explica:
“En primer término es responsable la SSP porque no abrió un proceso administrativo por uso excesivo de la fuerza, ni aseguró a los policías ni los puso a disposición (del MP).
“Y el segundo error es de la Fiscalía General de Justicia que los retiene y les asegura el arma en la vía de los hechos, pero de manera formal no lleva a cabo la detención y los deja en libertad, regresan a la SSP, y la SSP sigue con su omisión, de nueva cuenta no abrió un proceso administrativo, lo abre después. Entonces están en condición de libertad los policías, ahí ya tienen responsabilidad esas dos instituciones”.
Explica que cuando los policías estuvieron en la FGE, y el MP les tomó declaraciones y pruebas, éstos demandaron amparo por la detención, en contra de la FGE. Esto demuestra que la FGE sí los tuvo detenidos, aunque no hizo los documentos correspondientes, y los deja libres. Formalmente la detención nunca se llevó a cabo, no hay un documento.
De la responsabilidad de la FGR en la fuga explica que ésta “recibe el expediente desde el viernes en la noche (un día después del crimen), ya totalmente integrado, ya con datos de prueba suficiente para una orden de aprehensión, y no lo hace, pasa domingo, lunes martes y hasta el miércoles gira la orden de aprehensión.
–¿Por qué esa dilación?
–Desconocemos por qué, ellos (los agentes de la FGR) sabían que los policías estaban retenidos, que estaban en espera de que se les notificara la orden de aprehensión, entonces no hubo coordinación de la FGR con la SSP para que en lo que se estaba tramitando la orden de aprehensión hubiera una detención legal, hubiera un proceso administrativo por lo menos o arresto, de 36 horas, tiempo suficiente para que la FGR hubiera actuado. Hubo descordinación y desde mi punto de vista dilación de la FGR, la emisión de la orden de aprehensión fue tardía, y propició la fuga.
–¿Es incompetencia o hubo una intención de no detener a los policías?
–Yo creo que en el fondo de estas omisiones e irregularidades estamos hablando de una investigación desaseada, turbia, en la que la vida de un estudiante de Ayotzinapa poco vale, poco interesa, da lo mismo que esté un detenido u otro detenido, al fin es un estudiante de Ayotzinapa, no va a haber mayor repercusión aunque haya maquinaciones y turbiedades.
“Pero también hay la intención deliberada de ir construyendo un andamiaje para la impunidad, que al rato permita la salida de los policías. Jurídicamente hay rutas que pueden permitir la liberación. Por ejemplo los policías que estuvieron retenidos, en el juicio de amparo su defensa va a querer invalidar las pruebas que se recabaron mientras ellos estuvieron retenidos en la Fiscalía pero sin que se les declarara detenidos formalmente, ¿y eso qué es?, es un andamiaje de falencias e irregularidades para garantizar la impunidad”.
Revelan la identidad del policía prófugo al que se señala de disparar a Yanqui Kothan
Información presentada por Milenio Televisión reveló la identidad del tercer policía involucrado en el asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien se fugó el 11 de marzo cuando estaba bajo arresto administrativo en el cuartel de la Policía Estatal y en custodia del Grupo Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Según Milenio, se trata de David Ramírez García quien era parte de la Unidad de Reacción Inmediata Centauro y que las investigaciones lo colocan como el responsable del disparó que provocó la muerte de Yanqui Kothan.
El 12 de marzo, durante su conferencia matutina, fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó que el policía involucrado en la muerte del normalista se había fugado de las instalaciones donde lo mantenían para investigaciones. Dijo que se sabía la identidad pero no ofreció más detalles.
Milenio, que además compartió la fotografía del policía, señaló que Ramírez García tiene 42 años de edad y desde el 4 de junio de 2001 estaba adscrito a la Policía Estatal de Guerrero.
Además, detalló que el policía aprobó cinco evaluaciones de control de confianza, una en 2013, dos durante 2017 y las últimas dos fueron en 2021, pero tuvo observaciones para aplicar exámenes de distintos tipos.
“En su última evaluación se recomendó que le aplicaran exámenes toxicológicos sin previo aviso, así como técnicas para reducir su estrés y de asertividad” dijo Alejandro Domínguez en su espacio de noticias en Milenio Televisión.
Actualmente, los policías del Grupo Centauro Francisco y Sigifredo fueron vinculados a proceso por homicidio doloso y tentativa de homicidio. Para Francisco, en sus evaluaciones se recomendó reasignación a un puesto con restricción de arma de fuego por problemas de salud, y en el caso de Sigifredo se sugirió hacer examen toxicológico sin previo aviso.
Suspenden el paro laboral en la Fiscalía tras pacto con el encargado
Los trabajadores administrativos de la Fiscalía General del Estado (FGE) suspendieron ayer a las 6 de la tarde su paro laboral y quitaron su plantón instalado afuera de las instalaciones de esa institución el miércoles para exigir la salida de todo el personal que llegó con la exfiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
La secretaria general del Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG), Adela Hernández Angelito y la secretaria de la sección séptima, Ana Jazmín Acosta González acordaron una “tregua” en una reunión que tuvieron después del mediodía con el vicefiscal de Prevención y Seguimiento en funciones de encargado de despacho, Gustavo Romero Rosas.
El acuerdo que se dio a conocer por la dirigencia del SUSPEG establece que dicha “tregua” termina a las 9 de la mañana del 1 de abril, en tanto, durante este tiempo, se revisará la actuación de los funcionarios que son impugnados por los trabajadores, y las denuncias de represión y cambios de adscripción que denunciaron mediante su dirigencia sindical.
El paro, el plantón y el cierre de las instalaciones continuaron todo el día de ayer por parte de los trabajadores administrativos.
Descubren a agentes de la Guardia Nacional dentro del inmueble
Incluso a la una de la tarde ocurrió un altercado entre los paristas y un grupo de al menos siete agentes de la Guardia Nacional, que fueron descubiertos en una de las áreas del edificio.
Algunos de los trabajadores denunciaron que los agentes forman parte de la escolta de la ex fiscal Valdovinos Salmerón, y que nada tenían que estar haciendo adentro del inmueble.
Aseguraron que a través de ellos se estaban trasladando de un edificio a otro documentos para sacarlos de la institución, “burlando” con ello el movimiento de los trabajadores y la toma del inmueble.
Los paristas integraron una comisión que entró hasta una de las oficinas donde encontraron a los agentes vestidos de civil, incluso, uno de ellos en camiseta, “fuera militares”, “fuera militares”, les gritaron algunos de los integrantes de la comisión que fue designada para irlos a desalojar.
Uno de los agentes que dijo es el coordinador de zona Martiniano Mendoza, explicó que fueron designados para el resguardo de las instalaciones, pero no precisó por quién, si por el actual encargado de despacho, el teniente coronel del Ejército, Gustavo Romero Rosas, o por la exfiscal, la también teniente coronel Valdovinos Salmerón, como lo denunciaron los paristas.
Dijo que como parte de sus responsabilidades era el resguardo del edificio y que debido a ello tenían que quedarse a dormir ahí, en un área del edificio, pero una de las trabajadoras le reprochó que “aquí no es hotel, ni cuartel”, y le exigió que se salieran porque el edificio estaba tomado por los trabajadores, y que no debía haber nadie adentro.
Los acusó de que estaban trasladando documentos de un edificio a otro, al parecer para sacarlos del edificio, pero el agente Martiniano Mendoza negó la acusación y dijo que lo que estaban recibiendo era su comida, “porque tenemos que comer”.
Luego de un diálogo, a veces ríspido, entre los paristas y los agentes, acordaron que esperarían la tarde de ayer en lo que pedían instrucciones a sus superiores para abandonar el edificio, porque, aclaró Martiniano, tenían ahí su equipo y objetos personales y requerían que entrara una camioneta, “ahorita no podemos salirnos así nomás”, dijo.
En grupos de Whatsapp algunos trabajadores denunciaron que los agentes de la Guardia Nacional forman parte del grupo de escoltas de la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que son militares de un grupo denominado ETI y su función era “sacar” del inmueble tomado por los trabajadores “expedientes, archivos y documentación de la ex fiscal”.
El señalamiento no se confirmó, y el agente a cargo del grupo aseguró que su única función era resguardar el edificio.
Entrevistada en la mañana, la secretaria general de la sección séptima, a la que están agremiados los trabajadores administrativos de la FGE, Ana Jazmín Acosta González, informó que en el transcurso del día se reunirían con el encargado de despacho de la fiscalía, Gustavo Romero Rosas.
Romero Rosas, quien es teniente coronel del Ejército y según la dirigente sindical apenas llegó a la FGE hace aproximadamente 20 días, no es de los que están impugnando para que se vaya de la institución.
La dirigente sindical explicó que aunque el vicefiscal llegó cuando todavía estaba la ex fiscal Sandra Luz, “no sabemos si fue puesto por ella, pero un día antes de la marcha (el martes) nos atendió el señor muy amablemente, con él nunca nos habíamos sentado a dialogar, yo ni lo conocía”, informó.
Además dijo que los trabajadores son conscientes que alguien tiene que recibir la Fiscalía y estar al frente, “y es con el único que aceptaríamos negociar, con los demás no”.
Las oficinas centrales de la Fiscalía continuarán semiparalizadas y cerradas al público debido al periodo vacacional.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela, Maribel Gutiérrez y Zacarías Cervantes / Foto: Tomada de Internet
