Chilpancingo, Guerrero, a 5 de junio de 2026.- La asamblea de Carrizalillo aprobó el miércoles un convenio regresivo por la renta de sus tierras a la empresa trasnacional Equinox Gold, operadora de la mina Los Filos, en Eduardo Neri, en condiciones de desgaste, de presión corporativa y de vulnerabilidad que no les permitió aguantar más en la lucha larga para mejorar las condiciones de los acuerdos, informó la Mesa Ejidal.
Vía telefónica, integrantes de la Mesa Ejidal indicaron que a partir del 1 de julio, la empresa va a reanudar los trabajos para la habilitatación de la nueva Planta CIL, parada más de un año, desde que concluyó el plazo del convenio de arrendamiento anterior (31 marzo de 2025), sin acuerdos de continuidad inmediata. Consideraron que la nueva planta comenzará a operar a cielo abierto en enero de 2027.
Los representantes del núcleo agrario denunciaron los retrocesos del nuevo convenio de arrendamiento que se redujo 57 por ciento en el pago de la renta, respecto al acuerdo anterior.
Pasó de 6.9 onzas por hectárea a 2.85, y queda fija para 20 años. El equivalente a 2.5 onzas que ha pagado durante años la también empresa canadiense Torex Gold.
Recordaron que antes el ejido cobraba por hectárea, y en el siguiente año a veces había un pequeño incremento, según el comportamiento de la onza Troy.
Además, señalaron la reducción en 45 por ciento del convenio social que afecta principalmente las becas que han otorgado a todos los niños y jóvenes, desde educación primaria hasta estudios de posgrado; el pago de los servicios de salud y de medicamentos, y de atenciones a personas con algún tipo de discapacidad por afectaciones de la actividad minera, señalaron.
Enfatizaron que la comunidad tampoco está contenta con las condiciones fijas durante 20 años, porque saben que todo el tiempo hay problemas de cumplimiento por parte de la empresa, y no habrá posibilidades de negociación.
De la sesión del miércoles, informaron que los ejidatarios aprobaron las condiciones del convenio que habían estado discutiendo después de un largo periodo de conflicto, desde el 1 de abril de 2025, cuando instalaron un plantón de la comunidad frente a la mina.
Fue hasta finales de 2025 y a principios de 2026 cuando se reanudó la mesa de negociación con intervención de la Secretaría de Gobernación, y autoridades de las secretarías de Economía y de Medio Ambiente.
Reconocieron que la comunidad está cansada, “ya querían dar vuelta a la página”. Al terminar la asamblea llamaron al vicepresidente de la empresa, Armando Fausto Ortega, para llegar con el notario para la firma del protocolo, con lo que se dio por terminado el conflicto, y dio inicio el nuevo convenio de ocupación temporal de tierras.
De la operación de la empresa, que en marzo recibió autorización del ejido para entrar a las tierras a hacer trabajos de remediación ambiental durante tres meses, para atender las medidas de cinco clausuras que dictó la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente (Profepa), aclararon que ese plazo termina el 31 de junio.
Por lo tanto, indicaron que el 1 de julio comenzará la operación de la minera, que va a arrancar los trabajos del nuevo proyecto de una nueva planta CIL. Cambiará el proceso de extracción de oro.
Informaron que la Profepa ya levantó, de manera paulatina, las cinco clausuras por riesgos ambientales, después de la inspección en 48 puntos, y la minera sigue esperando la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para operar.
También informaron que tras la firma del convenio, la empresa dijo que está lista para hacer las proyecciones financieras y poder comenzar la contratación gradual de trabajadores, de acuerdo con las áreas que se vayan abriendo, para poder acceder a otras, y una vez que arranque el proyecto largo, comenzarán las operaciones.
En teoría, indicaron que rescataron la contratación de todos los trabajadores de la comunidad y los servicios de proveeduría que ofrecen a la empresa.
Explicaron que antes el convenio social incluía los apartados de empleo y proveeduría. Esta vez, el empleo y los servicios a la empresa se separaron en un convenio para los tres ejidos que rentan tierras a la minera: Carrizalillo, Mezcala y Xochipala, como estuvo peleando la empresa, pero con reglas diferenciadas para cada caso.
Indicaron que se estableció la contratación de la misma cantidad de trabajadores para los tres núcleos agrarios, donde Mezcala y Carrizalillo tiene ventaja porque tiene el mayor número de trabajadores en la mina, con experiencia.
En cambio Xochipala, que ha tenido pocos trabajadores, va a incorporar nuevas vacantes con un proceso de capacitación. En total, señalaron que la mina tiene unos mil 500 trabajadores, que serán contratados de manera gradual, primero en túneles y al final en la mina a cielo abierto.
Otras regresiones
Entre otros los retrocesos en el convenio actual, señala que sólo un año van a recibir el pago de renta por adelantado, como antes, que daba la posibilidad a la comunidad de solventar mejor sus gastos, incluso para invertir en vehículos para prestar servicios a la empresa.
Después del primer año, los pagos serán trimestrales, por insistencia del ejido, ya que la empresa pretendía hacer pagos cada mes.
De la reducción en 45 por ciento del convenio social, para mitigar la afectaciones de la minería, a la que cedieron la totalidad de sus parcelas, indicaron que los obliga a establecer criterios para seguir becando a varios estudiantes de la comunidad. Recordaron que el ejido siempre luchó para que alcanzara para todos.
También se recortó el gasto para reducir los daños a la salud. Indicaron que el monto destinado a amortiguar las afectaciones quedará fijo durante 20 años, aunque se tasó en dólares, la moneda tiene alta variabilidad, como ahora que está deprimido, no alcanza para el paquete de medicinas que compraba el ejido, de 250 mil pesos mensuales.
Previeron que en tres o cuatro años ese fondo va a quedar muy chiquito para las necesidades de la comunidad.
Tampoco será suficiente para pagar a los operadores de ambulancia, el mantenimiento del vehículo, los salarios de personal médico y de enfermería que brindan servicios de 24 horas en tres turnos. Adelantaron que deberán ajustar los salarios y no saben si aceptarán las nuevas tarifas.
La empresa restringió también el monto para obras sociales, con la posibilidad de que, si el ejido consigue inversión municipal, entonces la minera podría aportar un apoyo adicional.
Asimismo, indicaron que rasuraron los apoyos para personas con capacidades diferentes, algunos que gastaban hasta 90 mil pesos en atenciones.
Ratificaron que la minera mantuvo su estrategia de sometimiento; “no puede presumir compromiso social, y la comunidad aceptó el convenio después de un proceso de desgaste, de presión de la fuerza corporativa, de vulnerabilidad de la comunidad, de dilación a los derechos, y con poca atención del estado. En esas condiciones es muy difícil poder aguantar una lucha larga para poder mejorar la condición del convenio”.
Texto: Lourdes Chávez
