La comisionada federal, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, se reunió este viernes en Chilpancingo con esa organización y con el Colectivo María Herrera. La funcionaria dijo que vino a revisar las necesidades de salud, educación y vivienda que tienen las víctimas, informan representantes
Chilpancingo, Guerrero, 23 de julio de 2022. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), federal, Marta Yuridia Rodríguez Estrada, se reunió este viernes a puerta cerrada en Chilpancingo con integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos y desplazados por la violencia.
En la reunión la funcionaria se comprometió a apoyar a familiares de víctimas de desapariciones, pero se negó a reconocer la calidad de víctimas de la violencia a familias de desplazados, informaron al final de la reunión representantes de organismos que asistieron.
El encuentro se realizó en un salón del Palacio de la Cultura de las 12 a las 3 de la tarde, y al terminar Rodríguez Estrada salió por una puerta trasera para evitar encontrarse con reporteros que la esperaban en la entrada principal.
La reunión se realizó con integrantes del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera que encabeza Gema Antúnez Flores. También asistió un grupo de desplazados de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) que dirige Teodomira Rosales Sierra.
Rosales Sierra informó que la comisionada de la CEAV traía una lista de varios colectivos con los que se reuniría, “pero sólo asistimos el María Herrera, los desplazados y nosotros”, dijo en referencia a la falta de convocatoria.
Antúnez Flores celebró que la comisionada haya venido hasta aquí “a ver las condiciones en que vivimos las víctimas de la violencia en el estado”.
Explicó que Rodríguez Estrada y los integrantes de su equipo vinieron a revisar las necesidades que tienen las víctimas en cuanto a salud, educación y vivienda.
“Mucha gente quedó vulnerable al desaparecer su familiar; ya no está la persona que sustentaba la familia, se perdió la estabilidad en el hogar, a veces tenemos que pagar renta, la mayoría no tiene casa propia y todo esto vino a conocer para ver cómo solucionarlo”, informó la presidenta del colectivo María Herrera.
Declaró que los principales problemas que enfrentan y que se comprometió a atender la presidenta del CEAV, son salud y vivienda.
Agregó que les dijo que para ello se coordinarán con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro con quienes ya se reunieron en días pasados “y están trabajando en coordinación”.
Informó que en el colectivo María Herrera son 80 familias, de las que por lo menos 50 no tienen vivienda propia y que viven con algún familiar o rentan. Agregó que les dijo que ya están en contacto con el Fovissste para ver el problema de vivienda.
En cuanto a los problemas de salud, explicó que lo común que padecen los familiares de desaparecidos son depresión, diabetes, problemas de la vista y de la dentadura, derivado de los nervios por la desaparición de su familiar.
Antúnez Flores celebró que la comisionada haya venido por primera vez a ver a las víctimas hasta aquí; “es grato que la CEAV por primera vez venga a conocer la problemática real que estamos viviendo las familias de los desaparecidos”, declaró al término de la reunión.
En cambio, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, se dijo insatisfecha de los resultados del encuentro porque la comisionada nuevamente no quiso reconocer la calidad de víctimas a las familias desplazadas por la violencia.
Explicó que esta negativa no es nueva, sino que desde 2019 no han querido reconocerles sus derechos como víctimas con el argumento de que no hay recursos.
La directora del Centro Morelos explicó que al reconocer su calidad de víctimas a las familias desplazadas implica, en automático, entregarles la ayuda humanitaria que consiste en pago de alimentación, renta o su reubicación en un lugar seguro, debido a que el gobierno no les garantiza un retorno seguro al lugar de donde fueron desplazados.
Añadió que a las familias desplazadas les urge el reconocimiento a su calidad de víctimas, porque sin ese reconocimiento no cuentan con la ayuda humanitaria “y es urgente que se les dé esa calidad a estas víctimas que vienen arrastrando su problema desde el 2018”.
Dijo que las familias desplazadas ya no pueden seguir esperando más. Reprochó que el sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está terminando “y él prometió el segundo día que tomó protesta que se atendería el problema del desplazamiento, pero vemos que ya hasta están comenzando otra vez las campañas y no se resuelve el problema”.
Rosales Sierra denunció que las autoridades argumentan que no hay recursos para que les den la ayuda humanitaria.
Expuso que derivado de que no se les reconoce su calidad de víctimas los hijos de los desplazados no reciben las becas que todos los demás niños sí tienen, porque no están en su pueblo estudiando.
“Por ejemplo los del nivel de la universidad se casan rápido porque no pueden seguir con sus estudios, o algunos se están yendo al extranjero mayoritariamente a Canadá o a Estados Unidos”.
Recordó que en el 2021 participaron en un plantón de tres meses afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, y que no se cumplieron los acuerdos ni con el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, ni ahora con la comisionada entrante.
“Eso a nosotros nos preocupa; nuestra propuesta es que se atienda en su calidad de víctimas, la reparación del daño, el pago de la renta, alimentación o, de preferencia su reubicación porque la mayoría están rentando y no tienen un lugar seguro donde vivir”.
Reclamó a las autoridades que si bien la Ley de Desplazamiento Forzado Interno sigue “atorada” en el Senado de la República, pero hay una Ley General de Víctimas y que deben cumplir con ésta, de lo contrario estarían violando esta Ley.
Informó que en Chichihualco y Helidoro Castillo hay 305 familias que están solicitando su reconocimiento como víctimas de desplazamiento. Informó que de ellas sólo 80 familias recibieron en 2019 su calidad de víctimas, pero que faltan 115.
Agregó que en Acapulco hay otras 48 familias, y aunque no precisó el número agregó que el Centro Morelos también da acompañamiento a las familias de La Tondonicua, municipio de Petatlán.
Rosales Sierra reconoció el esfuerzo de la funcionaria de venir hasta aquí a platicar con las víctimas, “pero nos daría más gusto que nos trajera respuestas, a lo mejor recursos no hay pero que se comprometan a buscarlos”, pidió.
Reclamó que no puede haber víctimas de primera y de segunda; “o tal vez las autoridades piensan que porque el desaparecido no está, la familia queda desprotegida, mientras que las familias desplazadas viven, pero jamás han llegado a pensar que todos los familiares de desplazadas tienen un familiar desaparecido o asesinado”.
Anunció que ante la falta de atención a los desplazados en agosto y septiembre van a realizar acciones para que prospere la iniciativa de Ley de Desplazamiento Forzado Interno en el Senado.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
