En la segunda audiencia pública de la Corte Interamericana, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad parcial en la violación de derechos humanos. El tribunal con sede en la capital de Costa Rica dio un plazo a las partes para entregar alegatos y emitirá su sentencia
Chilpancingo, Guerrero, 28 de abril de 2021. El Estado mexicano reconoció ayer durante la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) su responsabilidad parcial en el caso Digna Ochoa y Plácido, asimismo aceptó reabrir las investigaciones y la reparación integral del daño.
Asimismo, la jueza Elizabeth Odio Benito, quien presidió la audiencia, dio un plazo “improrrogable” a las partes al 27 de mayo para que presenten sus alegatos finales por escrito a la Corte, para que emita la sentencia.
En su intervención, la abogada de Colombia, Ángela María Buitrago Ruiz, quien fungió como perita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reforzó lo que expuso ayer la representante de la Comisión, Esmeralda Arozamena.
Dijo que en las investigaciones del caso, no solamente se generaron omisiones y contradicciones de las autoridades judiciales mexicanas, sino que se careció de una justificación para dar sentido a las evidencias que presentaron los familiares en torno a que la muerte de la abogada no fue un suicidio, sino un homicidio.
Añadió que como parte de las falencias, las autoridades del Ministerio Público no determinaron ni siquiera la fecha y la hora de la muerte de la abogada. Menos la descripción de las heridas, “que deben ser peritajes técnicos serios y profundos”.
Reprochó que no hubo un seguimiento adecuado dentro de la investigación y que se descuidaron detalles como la búsqueda de respuesta a la rotura de un botón de la blusa de Digna, o llamar a declarar a los abogados y testigos que contaminaron la escena.
“La presencia de varias personas en la escena llevó a la contaminación que no se tomó en cuenta”, denunció y planteó asimismo que tampoco se tomó en cuenta la manifestación de que el cuerpo de Digna fue movido del lugar donde cayó. “Elemento fundamental que tampoco tiene una explicación en los 80 mil folios”.
Expuso que mover el cuerpo debió ser fundamental para la reconstrucción de los hechos.
“Estas falencias llevaron a la falta de congruencia entre los elementos levantados en la escena y los analizados”, dijo, por ejemplo expuso el hecho de que hubo diferencia entre el arma levantada en la escena y la que fue objeto de análisis de balística, pues la matrícula entre ambas no coincide, sostuvo.
Durante el interrogatorio que le hizo una representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) a la que fungió como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participó en las investigaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, dijo, en general, que existen muchos elementos que no se tomaron en cuenta para concluir que es “improbable la teoría del suicidio”.
Añadió que en el peritaje, las autoridades que investigaron durante 10 años el caso, dejaron de lado, por igual, las amenazas, que ya habían sido objeto de denuncia por la defensora de derechos humanos.
En su opinión, debió haber sido importante investigar las amenazas como punto de partida por el riesgo de la persona y más de que se trataba de una defensora.
Por el contrario, insistió en lo que dijo el lunes Jesús Ochoa y Plácido, el hermano de Digna, respecto a que las autoridades sesgaron la investigación en torno a la personalidad de Digna, sobre todo en lo que declaró su ex pareja de que era una persona que no tenía cordura, que sufría depresiones profundas, y, por otra parte, obviaron “muchos” testimonios que señalaron a Digna como una persona normal y comprometida con las actividades que realizaba.
A pregunta del juez Ricardo Pérez Manrique, la abogada insistió en que una prueba fundamental de que Digna Ochoa no se suicidó, fue el arma que se recogió en la escena, pues ésta tiene una matrícula diferente a la que se analizó en el peritaje para la confrontación de balística.
Explicó que tampoco se tomó en cuenta que Digna era diestra y en el expediente aparece que se disparó con la mano izquierda, además de que tenía mal puestos unos guantes de látex que le impedían disparar el arma.
Por estos argumentos, Buitrago planteó a la Coidh pronunciarse por la reapertura de la investigación, “creo todavía es posible la reconducción de una investigación seria, imparcial, independiente, que llevaría a generar el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, el derecho a conocer lo que pasó y la reparación del daño a las víctimas”.
Pidió que para ello se nombre a gente capacitada y que cumpla con los estándares para que encabece una investigación con perspectiva de género y derechos humanos.
En nombre del Estado mexicano, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Celorio Alcántara, expresó nuevamente su reconocimiento a la abogada Digna Ochoa “por su legado al fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos en México”.
El funcionario dijo que el Estado mexicano reconoce su responsabilidad al no haberse llevado a cabo una investigación con perspectiva de género, pero que considera que “continuar con ciertos aspectos del caso podría resultar no sólo estéril, sino que, además, podría causar una victimización secundaria sobre la familia de la defensora y abogada”.
También asumió la responsabilidad internacional del Estado mexicano en relación con los familiares de Digna Ochoa, “tomando en cuenta la ausencia de verdad y justicia en el caso”.
Asimismo, reconoció la responsabilidad del Estado “en perjuicio de Digna Ochoa como víctima por la imagen negativa que se generó respecto de su persona después de su fallecimiento y por el manejo de la investigación de su muerte”.
Admitió que existieron diversas falencias en la investigación, sobre todo en la primera etapa, “que incidieron de manera determinante sobre su desarrollo” y que derivaron en las violaciones señaladas por la CIDH en su informe.
El consultor de la SRE reconoció la responsabilidad “parcial” del gobierno mexicano en el caso. No reconoció los alegatos relacionados con la violación a los derechos humanos, argumentó que el contexto en que ocurrieron los hechos con el actual, no es el mismo.
También dijo que ya hay pláticas con los familiares y sus representantes para la reparación integral del daño.
“El Estado reitera que como parte de su compromiso ineludible a favor de la defensa de los derechos humanos y la justicia y derivado del reconocimiento de responsabilidad, se ha propuesto a las personas víctimas un convenio de reparación del daño”, aseguró el funcionario.
A su vez, Marcos Moreno, representante de la Secretaría de Gobernación, explicó que el convenio de reparación integral del daño contiene 12 acciones de reparación.
Aclaró que el Ejecutivo federal ha implementado en los últimos dos años una política que prioriza un sistema de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, “alejado de monetización y enfocado en mecanismos que permitan el fortalecimiento del Estado de derecho, mediante políticas de largo alcance como medidas de no repetición y dignificación de la imagen de Digna Ochoa”.
Agregó que el convenio incluye medidas de indemnización y también establece un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
Dijo que también se proponen ocho medidas de satisfacción y rehabilitación, además de la reapertura de la investigación “efectiva y diligente” con enfoque y perspectiva de género.
El funcionario informó que para la reparación integral del daño hay diálogo con Jesús Ochoa, hermano de la víctima y sus representantes.
“La propuesta de reparaciones es producto no sólo de una obligación del actual gobierno con las víctimas, sino producto de su convicción de que toda violación cometida por el Estado tenga que repararse integralmente”, sostuvo.
La representación de la CIDH objetó al representante del gobierno respecto a que el contexto de violaciones a los derechos humanos es distinto ahora, pues aseguró que las condiciones no han cambiado a casi 20 años del asesinato de Digna.
Sostuvo que el gobierno de México no ha presentado prueba en contrario para demostrar que el contexto no es el mismo, aseguró que hay un factor permanente que tiene que ver con la impunidad y con el riesgo de los defensores.
“Tal pareciera que el Estado es contradictorio al aceptar su responsabilidad, pero no reconoce que fueron parte de sus obligaciones generales prevenir agresiones contra cualquier persona y garantizarles su vida y su integridad”.
También planteó que, en efecto, hay pláticas para la reparación del daño a los familiares de Digna pero que todavía no han firmado ningún convenio.
En tanto, Esmeralda Arozamena, también de la CIDH, manifestó su reconocimiento por la aceptación del gobierno de México a la reapertura de las investigaciones del caso.
Como parte de las observaciones finales, valoró el reconocimiento realizado por el Estado, el cual “contribuye a la dignificación de las víctimas, a la obtención de justicia y a la reparación integral del daño”.
Dijo que la Comisión observa que ha “cesado la controversia” sobre las violaciones de fondo, y solicitó a la Corte que emita una sentencia y resuelva de fondo en ella los aspectos aún controvertidos entre la representación del Estado mexicano y las víctimas.
En sus conclusiones finales, la juez y presidenta de la Corte Elizabeth Odio Benito, celebró el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, el cual “consideramos que es un gesto de buena voluntad procesal importante”.
Pidió a las partes que envíen por escrito sus alegatos finales antes del 27 de mayo, así como las conclusiones de los acuerdos de la reparación del daño que está en curso.
Dijo que para la Corte es importante que aporten por escrito en documentos todo lo que se refiera al camino que están siguiendo o van a seguir respecto a la investigación y acuerdos posibles sobre reparación del daño.
A los representantes de la CIDH les recriminó que no hayan incluido como víctima en el caso a Digna Ochoa.
En tono enérgico, dijo: “Para mí, es muy importante que la Comisión me aclare una duda, que no he podido aclarar ni leyendo documentos, ni en estas audiencias, por qué razón Digna Ochoa no fue incluida como víctima en este caso, quiero que, por favor, de una manera concreta, sin mucha historia, se refieran a este punto que para mí, en lo personal como juez, es muy importante”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Tomada del video de la audiencia
