Chilpancingo, Guerrero. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) canceló su emplazamiento a huelga, previsto para el 12 de febrero, y aprobó la realización de giras regionales con integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, para informar a los universitarios sobre las iniciativas de reformas que propusieron PRI y PRD en el Congreso de la Unión, contra los derechos de los trabajadores.
Por mayoría de votos, el Consejo General de Huelga aceptó anular el emplazamiento con el acuerdo de 3.4 por ciento de aumento directo al salario, que propuso la Rectoría; la autorización de 140 recategorizaciones, de 270 solicitudes, y la firma de minutas con la administración central sobre la nivelación salarial, los 90 días de aguinaldo, y el compromiso de seguir gestionado recursos para el pago de la antigüedad real.
Se informó que había un monto de 70 millones de pesos para cubrir el pago de la antigüedad de trabajadores, y que se priorizará a aquellos que tengan problemas graves de salud. Mencionaron que había diez casos de atención urgente.
Un integrante de la dirigencia sindical reconoció que el STAUAG no tiene una lista de los trabajadores que tienen pocos o muchos años sin reconocimiento de antigüedad ante el ISSSTE, para hacer un planteamiento global, “porque no existe en este momento un programa para sanear la plantilla laboral”.
Aceptó que falta certeza sobre el número de afectados, el monto que se necesita para seguir exigiendo el reconocimiento de la antigüedad real y una posición institucional, para acudir a la instancia correspondiente a pedir los fondos necesarios, pues “el sindicato maneja unos datos, y la administración otros”.
Uno de los delegados mencionó que según datos de la administración, se requieren alrededor de 700 millones de pesos para cubrir la antigüedad real en un solo pago, y 800 millones en indemnizaciones para 350 personas en condiciones de jubilarse. También se reconoció que la universidad perdió la mística de la movilización, para exigir el cumplimiento de sus demandas.
En octubre pasado, el STAUAG entregó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 671 demandas laborales en el emplazamiento a huelga. Entre otras, el reconocimiento de la antigüedad real para 12 trabajadores, de más de 800 que esperan acceder a este beneficio.
Entre otros, el secretario general, Ofelio Martínez Llanes, destacó que en el emplazamiento de huelga se aprobó 78 por ciento de incremento de horas y cien por ciento de basificaciones, pero no informó a cuántos trabajadores corresponden.
El delgado Román Zúniga recriminó que hay un desfase de 4.3 del incremento en la UAG con el del Sindicato de Trabajadores la UNAM (STUNAM), que ha sido el referente para todas las universidades del país. En el siguiente tema, planteó que el Consejo General de Representantes (transformado después de la cancelación de la huelga), hiciera un pronunciamiento contra las iniciativas de reforma contra los trabajadores en el Congreso.
El integrante del CEE, David Molina, aceptó que no conocen la iniciativa, ni la han discutido, pero que “que el CGR no está de acuerdo en aplaudir una iniciativa que lastima o que lesione los derechos de los trabajadores de este país. El problema lo debemos llevar a todas las regiones, informarles que se viene una nueva embestida del gobierno federal y en la próxima elección, ahí, deben de fijar bien su apoyo, con quién van”.
En el auditorio hicieron referencia a Andrés Manel Lopez Obrador con la frase, de “ya saben quien”. El dirigente aclaró que los universitarios están en diferentes frentes, y unos con el PRI. Añadió que van a tomar el tema con mucha responsabilidad.
Coincidieron con él otros integrantes del CEE, que plantearon elaborar un plan de acción donde se exprese esta inconformidad.
Advirtieron que esta lucha no sólo es del STAUAG sino de los sindicatos estatales y nacionales, y para ello es necesario hacer reuniones regionales, para invitar a los universitarios a participar de manera activa en las próximas jornadas de protesta por esta reforma que se avecina.
El universitario Román Ibarra, precisó que hay dos iniciativas, una del PRI y otra del PRD, para continuar las reformas estructurales y fortalecer la renta de trabajadores externos, con agencias outsourcing, como ya se hace con los servicios de seguridad interna en la UAG. Aclaró que esos empleos deberían ser de los sindicatos, que hace mucho renunciaron a esos espacios.
La maestra Guadalupe Hernández, de la facultad de Derecho, denunció que también ocurre con la contratación de becarios, maestros invitados de manera unilateral, que cubren horas de clase, porque dicen que no hay dinero para otorgar esa carga de trabajo a los maestros de la institución.
También llevaron a la agenda el tema de la aplicación del ISR al bono de antigüedad, por un rumor de que se aplicaría en esta quincena. Ibarra insistió en que no ocurriría porque la mayoría de los dirigentes del sindicato y de las corrientes de la institución participan en el Grupo Universidad Guerrero, además, todos los universitarios saldrían a las calles.
No obstante se aprobó que en el momento que se aplique el impuesto al bono de antigüedad van a cerrar todas los centros de trabajo, que no implicará un movimiento de huelga, pero sí una acción radical.
El secretario Ofelio Martínez planteó estar dispuestos a luchar por la no aplicación del ISR, y estar atentos a los movimientos nacionales sobre las reformas estructurales en materia laboral.
Román Zúniga insistió en acudir a las actividades nacionales, por ejemplo, el 9 de febrero en la Ciudad de México, habrá un foro de sindicalismo, derecho de asociación y negociación colectiva en la encrucijada de la reforma laboral, con el secretario del Trabajo. Pidió que vaya el STAUAG “para engancharse en este movimiento”.
Otro delgado, Antonio Albarrán, pidió las reuniones regionales para sensibilizar a los trabajadores, porque en su centro de trabajo 40 por ciento de la carga laboral vacante se asignó de manera unilateral por el director a becarios, maestros invitados y a personal de STTAISUAG que tiene intención de dar clases, pero sin convenio, “todo eso va a suplir plazas, la carga de trabajo que los académicos deberíamos de tener”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
Desconocía que su esposa y funcionaria de la UAG
va en la lista de pluris del PRI, afirma el rector
Tendría que separarse del cargo, señala Javier Saldaña, aunque asegura que los funcionarios universitarios deben mantener las cuestiones electorales fuera de la institución y al margen de los partidos, “para mantener la gobernabilidad”
Texto: Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, aceptó que su esposa, la directora general de Planeación y Evaluación Institucional, Arely Almazán Adame, ha militado durante muchos años en un partido político, y si la llaman a participar en el proceso electoral, “tendrá que pedir permiso” y separarse de la institución.
La funcionaria universitaria está en el número cuatro de la lista de diputados locales plurinominales del PRI, de acuerdo con una lista preliminar elaborada por ese partido y que se publicó este martes 6 de febrero en El Sur, un lugar seguro para acceder al cargo.
Antes, durante la ceremonia de honores a la bandera en la explanada de Rectoría, Saldaña Almazán hizo alusión a la publicación una nota en El Sur sobre la postulación de su esposa a candidata plurinominal por el PRI.
Dijo en el acto que, estando en la Ciudad de México, por una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), recibió muchas llamadas de felicitación, en referencia a la precandidatura de su esposa.
Declaró que los universitarios “no debemos ser de botepronto”, y deben mantener las cuestiones electorales fuera de la institución y al margen de los partidos políticos, “para mantener la gobernabilidad”.
No obstante, señaló que es una gran distinción que los universitarios sean llamados para ocupar espacios de gobierno, porque significa que son tomados en cuenta por el trabajo que realizan.
Sin embargo, insistió en que “no vamos a sacrificar la estabilidad de la institución”.
En entrevista, declaró que a través del Grupo Universidad, le han planteado que algunos de “nosotros” participen en política, pero no lo puede hacer, porque si lo hacen ponen en riesgo a la institución, como si descartara la precandidatura de funcionarios de su gobierno.
Sin embargo, cuando se le preguntó si su esposa tenía aspiraciones políticas, dijo que lo desconocía, porque estuvo varios días fuera del país, y no ha habido con ella sobre el tema, “a lo mejor, ella sabrá si tiene aportaciones, no me ha comentado nada”.
Añadió que ella estaba abocada en su trabajo y señaló el acto público en las canchas de la universidad, de entrega de equipamiento y un autobús, adquirido con recursos de fondos concursantes de la federación.
No descartó que sea candidata del PRI, pero a la fecha no había presentado su renuncia, “ha sido militante de un partido, si su partido la llama tendrá que pedir permiso como lo han hecho todos”. Estimó que unas diez personas de la universidad se han integrado como activistas de diferentes partidos.
Aunque otro de los precandidatos a alcalde de Cruz Grande por Morena, el ex rector, Alberto Salgado Rodríguez, estuvo ayer, como parte del gabinete a la ceremonia de honores a la bandera.
Pidieron rectores con bajos indicadores más recursos a la federación
Saldaña Almazán informó que en la reunión de la ANUIES, los rectores de las siete universidades que están debajo de la media nacional en los indicadores de la asociación, pidieron al secretario de Educación, Otto Granados Roldán, que mejore sus presupuestos para el reconocimiento de la plantilla real de trabajadores, y de la antigüedad real de los universitarios ante al ISSSTE.
También denunció que continúan las complicaciones con el convenio de colaboración con el estado y la federación, para obtener el presupuesto ordinaria de este año en la Secretaría de Educación Pública.
Aseguró que el pago de las primeras dos quincenas de enero, se realizó con préstamos del gobierno estatal.
En entrevista indicó que la petición a la federación es que al menos, apruebe 240 millones de pesos adicionales para la universidad, que represente el déficit anual para cubrir 30 mil horas sin techo o mil 800 plazas, “con eso estaríamos del otro lado”. Señaló que siempre los envían con la Secretaría de Hacienda, que reconoce la labor de la institución educativa, pero no la traduce en mayor respaldo financiero.
Aunque destacó que la situación de Guerrero es menos complicada que las universidades de Oaxaca, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán o Zacatecas, por los recursos que obtienen de los fondos federales: “desde varios lugares, hemos mitigado los problemas”.
En otro tema, informó que los directores de las unidades académicas ya no serán parte del proceso de admisión, para evitar conflictos como el que suscitó en la Unidad de Medicina, donde un grupo de la delincuencia buscó a universitarios que se habían comprometido a meter estudiantes por un pago y no lo cumplieron. Aseguró que el único medio para ingresar a la universidad es el examen.
Aseguró que el universitario implicado en ese caso ya está siendo investigado por el tribunal universitario, y está vigente la solicitud a los militares para que vigilen las zonas escolares donde han surgido problemas. Aclaró que no sólo es Acapulco y Chilpancingo, sino en otras regiones del estado.
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