Jesús Mendoza Zaragoza
La presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó esta semana pasada, pone de relieve el diagnóstico que el nuevo gobierno tiene de la inseguridad y la violencia que padece el país y la respuesta que pretende dar a esta compleja situación, mediante 8 puntos detallados en la estrategia. Desde mi punto de vista, este plan tiene importantes aciertos pero también algunos desaciertos. Es de esperarse que en la medida en que se vaya implementando, se vayan haciendo los ajustes pertinentes para acertar al objetivo.
Los aciertos, primero. Este plan, a diferencia de lo que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto promovieron, atiende algunas de las causas más sustanciales de la violencia y de la inseguridad. En los sexenios anteriores se dio una verdadera simulación al enfocar la atención en los síntomas y en los efectos de la violencia y al desarrollar una omisión mayúscula en relación con las causas.
Una primera causa es política: la corrupción y la impunidad, que en este plan serán afrontadas de manera decidida. De hecho el combate a la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia están en el centro de las políticas públicas del nuevo gobierno. Esta perversa combinación de corrupción-impunidad, dio pie al desarrollo de la delincuencia organizada que logró adueñarse de variadas instituciones del Estado. Para desmontar y para derrumbar estos flagelos será necesaria la tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad.
Otra medida que atiende a causas de la violencia es la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos, en lo que toca a las garantías individuales y en lo que respecta a garantizar empleo, educación, salud y bienestar. La creciente desigualdad social, asociada al modelo económico promovido desde el gobierno, que ha obstaculizado el acceso de gran parte de la población al empleo, a la educación y a la salud ha generado condiciones activadoras de violencia por todas partes. Desde esta perspectiva de derechos humanos se tocarán las raíces económicas de la violencia, y se abrirán cauces de fortalecimiento social, factor indispensable para la paz y la reconciliación.
Lo que el plan llama “regeneración ética de la sociedad”, toca una honda carencia, que tiene postrada a la sociedad. Acomplejada, enferma, impotente y vulnerable, la sociedad no se da cuenta de que aún tiene potencialidades importantes para reconstruirse y para ponerse de pie. Esta regeneración ética debe empoderar a la gente y fortalecer el tejido comunitario, como la mejor estrategia para una paz sostenible. Tiene que darse una serie de medidas para proteger y fortalecer a la familia, a los sectores vulnerables, a las comunidades indígenas y rurales y al entramado urbano para que los intereses mafiosos no vuelvan a prosperar.
Otro acierto lo constituye la ruta para la construcción de la paz, que estará basada en los mecanismos extraordinarios de justicia transicional, tales como la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición, mecanismos que estarían centrados en la dignificación de los cientos de miles de víctimas de la violencia a lo largo y ancho del país. El gran rezago en materia de justicia podría ser superado con el paso de los años con este tipo de medidas.
La reformulación del combate a las drogas y la recuperación y dignificación del sistema penitenciario, son dos puntos fundamentales que requieren de políticas públicas totalmente diferentes para que se alineen como factores positivos de paz y contribuyan a desactivar aspectos críticos que tienen que ver directamente con la delincuencia. En estos dos casos, se trata de poner condiciones diferentes para disminuir de manera sustancial la comisión de delitos y los riesgos sociales que de ellos se derivan.
Lo que yo considero un desacierto es mantener la presencia militar en este plan de paz y seguridad en un primer plano. La creación de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado bajo mandos militares es una variación de la misma estrategia represiva y militarista de Calderón y de Peña Nieto, que demostró su fracaso y complicó mucho las cosas. ¿Qué presiones recibiría el presidente electo? ¿O ha cambiado su percepción de la realidad, que se muestra muy comedido con las fuerzas armadas? No tengo duda de que es necesaria la presencia provisional de los militares, que tiene que ir siendo sustituida paulatinamente por policías debidamente profesionalizados. Y me llama la atención que el anuncio de la Guardia Civil se hace justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que daba vía a la presencia legal de los militares en tareas de seguridad pública. A mi juicio, debiera revisarse este punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad.
Por otra parte, me hubiera gustado ver junto al presidente electo, durante el anuncio de este plan, al próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, mostrando el sistema educativo como un componente privilegiado para construir la paz en el país. Si la reforma educativa promulgada por Peña Nieto no va a tener vigencia, estamos ante una gran oportunidad para pensar y proyectar la educación pública como una herramienta para la paz y para el desarrollo. Con un modelo educativo que responda a las condiciones reales del país y coherente con una visión de paz, se construirían condiciones subjetivas que hicieran sostenible la paz. Como constructora de una cultura de paz, la educación puede diseñarse para dar las herramientas que los ciudadanos de hoy y de mañana necesitamos para contribuir, de manera clara y contundente, a la democracia participativa, al desarrollo sustentable y a la paz sostenible. Creo que hay que apostarle a la educación en lugar de apostarle al aporte de los militares.
Ciertamente requerimos de un gobierno fuerte, con instituciones firmes y transparentes. Pero también requerimos de una sociedad sólida y bien fortalecida para poder desmontar toda la trama de la delincuencia organizada que se ha trepado a las instituciones públicas y a las empresas privadas y que, además, tiene atrapada a la sociedad. Si en este plan, el Estado ofrece a la sociedad las oportunidades que necesita, ésta puede dar un aporte decisivo para la paz y la seguridad. La sociedad –no las fuerzas armadas– debe ser la aliada fundamental del nuevo gobierno para entender lo que está pasando en el país y para actuar corresponsablemente en la construcción de la paz. De eso, estoy seguro.
