5 febrero,2025 5:24 am

Acompañar a pueblos indígenas y afros, pide el delegado del INPI a funcionarios

Llama el visitador de la Codehum, Fernando Esteban Ramírez, a que el Congreso homologue la reforma constitucional federal antes del 31 de marzo, que es la fecha límite

Chilpancingo, Guerrero, 5 de febrero de 2025. El representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, pidió a funcionarios dar un acompañamiento flexible y facilitar los procesos para que las comunidades indígenas y el pueblo afromexicano apliquen y desarrollen sus sistemas normativos.

Durante el conversatorio de la reforma del artículo 2 Constitucional, que entró en vigor el 1 de octubre de 2024, como parte de la acciones de la Semana Jurídica 2025 en Guerrero, el también abogado de la desaparecida Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), recordó que antes hablar de la autodeterminación de los pueblos era un delito, pero con esta reforma federal las comunidades son sujetas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que les permite la posibilidad de ejercer recursos públicos.

Destacó además de la reforma el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, sujeta a los principios generales de la Constitución y que va a fortalecer la mediación de los conflictos en las comunidades indígenas.

El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), Fernando Esteban Ramírez, recordó que los congresos de los estados tiene 180 días para homologar las leyes que correspondan para adecuar su contenido con la reforma al artículo segundo constitucional en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos; plazo que termina el 30 de marzo.

Michoacán es a la fecha el único estado que realizó la homologación. En Guerrero, la reforma en materia de Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos no está aún en la agenda legislativa.

El secretario técnico de la Codehum, Ángel Miguel Sebastián Ríos, señaló que si el estado de Guerrero en verdad quiere fomentar  la capacidad intelectual y competitiva de los pueblos indígenas y afroamericanos, para su desarrollo en el sistema capitalista, debe apostar a la educación; esto, en el segmento de preguntas y respuestas, cuando uno de los asistentes denunció la discriminación a la población indígena en el sector educativo.

El secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, destacó en su participación la agenda del gobierno federal para la aplicación de la reforma constitucional federal.

Advirtió que en la última reforma del segundo constitucional la regulación de la representación política indígena, para estar incluidos en los espacios donde se toman las decisiones, que ya se dan en países latinoamericanos. Aclaró que en Guerrero sólo se reconoce la figura del diputado migrante.

Destacó la reforma de Michoacán, donde se reconoce como cuarto nivel de gobierno el comunal. “Incluso, menciona que si los pueblos indígenas se organizan por pueblo, se pueda hablar de hasta un quinto nivel de gobierno regional”.

En el mensaje de inauguración del conservatorio organizado por la Codehum, la presidenta Cecilia Narciso Gaytán, enfatizó la importancia de abrir espacios de diálogo y reflexión sobre los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la promoción de sus derechos.

También informó que momentos antes acudió a un acto de la gobernadora, de inauguración de la semana jurídica, en el marco del 108 aniversario de la de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una actividad cerrada. Al final, reconoció que faltó incluir la voz jurídica de una mujer en el conversatorio, donde también se destacó que la reforma del artículo 2 constitucional, garantiza que mujeres y hombres indígenas ejerzan sus derechos políticos con igualdad.

Artículo 2, madre de los derechos indígenas

El representante del INPI, Manuel Vázquez Quintero, indicó que, para los defensores comunitarios, el artículo 2 es la madre de los derechos indígenas y afroamericanos por los que han luchado para el reconocimiento de la figura colectiva, con un carácter administrativo que le da la oportunidad de aplicar recursos públicos.

Enfatizó que antes, hablar de la libre determinación era un delito: “eran perseguidos los compañeros que hablaban de la libre determinación”.

Una vez que las comunidades adquieren derechos colectivos, subrayó que se fortalece la democracia comunitaria, así como el tejido social. También podrán crear empresas comunitarias para administrar recursos, si adquieren un RFC, precisó.

Informó que en el catálogo nacional hay más de 13 mil pueblos indígenas en la República y en Guerrero son 3 mil:  “hoy vamos a necesitar del apoyo de instituciones que sean flexibles y de acompañamiento en el proceso que impulsa el gobierno federal.

Reconocimiento de la desigualdad

El secretario técnico de la Codehum, Sebastián Ríos explicó que constitucionalismo en México viene de la constitución de Cádiz de 1812, que  no contempló a los pueblos originarios porque todo era igual para todos, “no se pensaba separar a unos y otros. De poco a poco esto fue cambiando, independientemente de la igualdad, había desigualadades”.

Hasta el convenio 107 de la ONU de los pueblos indígenas y tribales de 1957, donde participó México, decía que a los pueblos hay que integrarlos, “aparecerlos, que se volvieran mestizos”. Hasta 1989, en el Convenio 180 de la Organización Internacional del Trabajo se visibilizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales.

“El más trascendente es que se les reconoce como sujetos de derecho público. Eso dice la reforma del artículo 2, que los pueblos y comunidades indígenas son entidades y organismos que forman parte del Estado, que están encargados de ejercer funciones publicas”.

Sólo cuestionó, “¿estos sujetos de quién van a depender, van a ser descentralizados o autónomos?”.

Añadió que eso ya está regulado por lo que anteriormente se llamaban usos y costumbres, ya no podemos hablar de eso, porque el segundo artículo constitucional habla de sistemas normativos jurídicos. Eran minimizados, eran de segunda, de tercera y de cuarta, ahora los sistemas normativos están reconocidos en la Constitución.

Texto: Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera