Representantes de comunidades de Petatlán, Coyuca de Catalán y Tecpan, del corredor Santa Rosa-El Durazno, exponen al director de Gobernación que desde diciembre no han podido cosechar el maíz, ni comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y no tienen médicos ni medicinas y en El Durazno hombres armados corrieron al doctor
Santa Rosa de Lima y Chilpancingo, Guerrero, 9 de febrero de 2023. Comisarios municipales, comisariados ejidales y habitantes del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, que agrupa comunidades de la sierra de Petatlán, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán pidieron a funcionarios del gobierno estatal que no los dejen solos ante el clima de violencia e inseguridad que desde diciembre viven en esa región, y demandaron la colocación de Bases de Operaciones Mixtas en localidades estratégicas, caminos, maestros, doctores y medicinas.
Este miércoles, las autoridades locales de comunidades como El Parotal, Corrales, El Durazno, Arroyo Verde, El Porvenir, Las Mesas, El Callado, El Mameycito y San Antonio de las Tejas se reunieron con el director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Tecpan.
Ahí, el funcionario anunció que en los próximos días, las autoridades federales y estatales en materia de seguridad, llevarán a cabo en esa región acciones encaminadas a disminuir el índice de inseguridad y violencia, y pidió que dejen actuar a las corporaciones policiacas. Advirtió que si durante esas acciones los uniformados encuentran a algún ciudadano de esa zona en flagrancia, se le aplicará la ley, “pero la ley se va a aplicar pareja, sin distingos”.
Rodríguez Cisneros estuvo acompañado en esta reunión por el director de Derechos Humanos de la misma Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores; el comandante Moreno, en representación del 75 Batallón de Infantería de Petatlán, representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. También estuvieron los delegados de Gobierno en zona sur de la Costa Grande, Juan Méndez; de Gobernación en la zona norte de esta región, Onésimo Llanes; de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcos Luna y Juan José de la O Luca, así como la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud estatal, Paloma Chavarría Rodríguez y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Somos campesinos pero nos da miedo ir a trabajar por el problema que se está viviendo
El comisario municipal de El Parotal, Francisco Solorio García, pidió que el gobierno federal los apoye con seguridad en esa parte de la sierra, “una sierra productiva, somos campesinos que la verdad nos da miedo ir a trabajar por la cuestión que se está viviendo, queremos una base militar por Las Mesas”.
Por su parte, el comisario municipal de El Mameycito, Celerino Maciel Portal y el de Corrales, Julián García Sánchez coincidieron en solicitar una base de militares en La Higuera para dar seguridad a la población de ambas localidades, pues señalaron que debido al clima de inseguridad, las personas no pueden salir al campo a hacer sus actividades cotidianas para mantener a sus familias porque tienen temor de sufrir alguna agresión.
La comisaria de El Durazno, Coyuca de Catalán, Azucena Rosas García, comentó que a raíz de lo ocurrido en esa comunidad el pasado 10 de diciembre, cuando hombres armados presuntamente integrantes de un grupo delincuencial, entraron a ese pueblo y asesinaron a siete campesinos, dejaron herido a uno más, así como balearon viviendas y el templo católico del lugar, “son todas estas reuniones, pidiendo seguridad para toda la sierra, no tan sólo El Durazno, porque todos estamos expuestos a la inseguridad”.
Para su comunidad pidió específicamente un cuartel militar, “ya nos está apoyando la fiscal, también el gobierno militar y espero que así apoyen a todos los compañeros”.
La comisaria de Arroyo Verde, María del Carmen Salas Orozco, expuso que a partir de que se ha recrudecido la violencia en esa región, los niños y adolescentes han dejado de tener clases, “de por sí no sabían y ahorita otra vez los maestros tienen miedo y pedimos que haya seguridad en toda la zona” porque tienen miedo.
El comisario municipal de El Porvenir, Jesús Ayala Guillén, pidió que se ponga una base militar en El Crucero de San Antonio; dijo que él es ganadero y tiene una camioneta en la que diariamente comercializa mil litros de leche de vaca desde su comunidad hasta San Luis La Loma, “una poquita junto de mi rancho y otra poquita se la compro a mis vecinos, pero cuando de buenas a primeras, a media semana, entrando la semana “que ya vienen, que ya vienen” (los delincuentes) y todo mundo suelta las vacas y ya no llevo leche”.
Dijo que comprarle la leche a sus vecinos para comercializarla a 11 pesos por litro, “llevo una buena lana a la comunidad y a causa de esa inseguridad, pues la gente que de ahí nos mantenemos estamos completamente perdidos, necesitamos el apoyo para que llegue la leche a San Luis temprano, no queremos apoyos de ninguna clase, queremos la seguridad para trabajar, nosotros trabajamos para mantenernos, nosotros sabemos trabajar, somos campesinos”.
El presidente del comisariado ejidal de Las Mesas, Guillermo Díaz Ávila y el comisario municipal de la comunidad del mismo nombre, Pablo Mejía, coincidieron en que necesitan una base militar en ese núcleo agrario porque no han podido cosechar su maíz y que debido a la inseguridad, desde que salieron al periodo vacacional de diciembre, los maestros no han regresado a dar clases, “en esa parte queremos que nos apoyen lo más pronto posible”.
El comisariado denunció que además, se están enfrentando a la tala ilegal de la madera en ese ejido, “se la están robando y queremos saber si nos pueden ayudar, no nos dejen solos, queremos que nos ayuden”.
Israel González, comisario de El Callado, pidió ayuda con seguridad para todo ese corredor serrano desde Santa Rosa hasta El Durazno y cuando tocó el turno al comisario de La Lajita, Rodrigo Mendoza, señaló que en esa zona hay ganaderos, campesinos, agricultores, “y por esa inseguridad que está pasando en la región, muchos no han acabado sus cosechas, otros tienen días con sus vacas encerradas, no han podido ir a verlas por la inseguridad que hay y se está pidiendo el apoyo, esperamos contar con ustedes para que se acabe esta violencia”.
Se coordinarán con autoridades de seguridad para que los maestros puedan regresar: SEG
En esta reunión hubo dos quejas constantes que fueron la falta de maestros en las escuelas de nivel básico y falta de médicos y medicamentos en los centros de salud.
Las autoridades locales que hicieron uso de la palabra para tocar ambos problemas, se dolieron de que los maestros no van a dar clases a sus hijos porque no hay condiciones de seguridad para que ellos puedan hacer su trabajo, y reiteraron su petición a Francisco Rodríguez de que les instalen bases militares en los puntos donde aseguran que es paso obligado de los delincuentes para que dejen de molestarlos.
Los representantes de la Secretaría de Educación Guerrero ahí presentes se comprometieron a enviar a los maestros, pero destacaron que sí es necesario que haya seguridad para garantizarles su integridad física y dijeron que se coordinarán con las autoridades para que los maestros puedan regresar a sus centros de trabajo sin problemas.
Denunciaron que en el caso de El Durazno, tenían un doctor con 11 años de antigüedad, pero que luego de lo ocurrido el 10 de diciembre, el médico fue corrido por los hombres armados y desde entonces el centro de salud permanece cerrado.
En las comunidades El Porvenir, Las Mesas, El Mameycito y Corrales, desde hace seis y ocho años en promedio que los centros de salud están cerrados, y no hay médicos ni medicinas y la gente tiene que trasladarse hasta la costa y a veces hasta Zihuatanejo para tener atención médica.
No andamos yendo a perjudicar a nadie, nosotros nos defendemos: Víctor Espino
Más adelante, hizo uso de la palabra el presidente del Comité de Caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, quien manifestó que debido a que ha salido en defensa de toda esa región de la sierra, ha recibido muchos señalamientos donde lo acusan “de tantas cosas, dicen que uno es, que hace y deshace, pero la realidad es muy diferente”.
Comentó que, “necesitamos muchas cosas, pero en este caso lo que más nos urge es la seguridad, nosotros, los pueblos de aquí no andamos yendo a perjudicar a nadie, a nadie le andamos faltando al respeto, nosotros nos defendemos”.
“Tenemos que defender nuestras familias, nuestras casas, nuestros pueblos, nosotros somos gente de trabajo, esta guerra es de la gente que no le gusta trabajar contra la gente que trabajamos, por eso queremos pedirles las tres bases, es taparles el camino a los delincuentes que vienen a perjudicarnos, que no nos dejan trabajar”.
Dijo que recientemente hicieron un censo del ganado en la región y contaron 10 mil cabezas de ganado y 2 mil becerros; además cuentan con potencial forestal en la mayoría de los ejidos y tienen estudios de manejo ambiental, “no es nomás de llegar y tumbar, nos gustaría que nos visitaran para que vean cómo es la realidad de las cosas para que no se figuren cosas que a veces no son”.
Comentó que a él lo difaman en algunos medios de comunicación porque siempre da la cara por los pueblos de esa zona, contrario a sus detractores, “yo nunca me he escondido porque no le debo nada a nadie”.
Más adelante, habló del incumplimiento de los acuerdos que desde hace un año se pactaron con el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo para la pavimentación de caminos, “le pedimos que los acuerdos se cumplan”.
Sostuvo que los pobladores de esta zona se han enfrentado ya “a cuatro guerras” contra grupos de la delincuencia organizada, “es cierto, porque aquí no hay un secuestro, aquí a nadie se le pide nada, aquí no hay extorsiones, eso es lo que hacemos los pueblos de esta región y por eso no nos quieren, porque no nos gusta dejarnos, es que no vamos a permitir que alguien venga a obligarnos y a decir qué es lo que vamos a hacer”.
“No dialogamos con criminales”, director de Gobernación
El director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, señaló: “nosotros no dialogamos con criminales, nosotros no pactamos con delincuentes, nosotros hablamos y dialogamos con el pueblo y lo hacemos de manera pública, de manera abierta, de manera franca y de manera decidida contra aquellos que están fuera de la ley, quienes son responsables, la parte operativa del estado y la parte operativa del gobierno del estado de Guerrero y de la federación han actuado de manera incansable”.
Dijo que han llevado a cabo acciones “muy contundentes” en todas las regiones de Guerrero, “desafortunadamente el problema de la inseguridad y la violencia está en la agenda nacional, no es privativo de nosotros”.
Al igual que en sus dos intervenciones anteriores durante esta reunión, el funcionario estatal reiteró a los asistentes a que fomenten una cultura de la legalidad “desde su propia casa, con nuestros hijos, construyamos una mejor sociedad”.
“Nosotros ya tomamos nota, nos llevamos una tarea en materia de seguridad, el planteamiento que ustedes han hecho, pero se los vuelvo a repetir, es importante que primero permitan que las fuerzas tanto del estado como de la federación realicen su trabajo, no nos vean ustedes a nosotros, al estado mexicano como sus enemigos, véannos como aliados, hay que vernos todos como parte de una oportunidad de cambiar las cosas”.
Difunden en redes video de los 32 policías sometidos en El Parotal; declaran que iban con tres de la Familia Michoacana
En un video difundido en redes sociales de Internet se ve al grupo de 32 policías estatales retenidos por pobladores de El Parotal, en el municipio de Petatlán el 28 de enero, que se encuentran ya desarmados, en dos hileras, hombres y mujeres, algunos hincados y otros de pie, y sometidos a un interrogatorio, en el que responden a coro que iban acompañados por integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, los tres civiles que fueron asesinados aquel día junto a dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En la red social Facebook en la cuenta de un usuario de nombre “Mata Pescados” creada el 30 de enero de este año, dos días después de que fueron desarmados y retenidos 32 policías estatales, y asesinados dos policías estatales y tres civiles en El Parotal, municipio de Petatlán, se difundieron videos y fotografías de lo ocurrido ese 28 de enero.
En un video que dura 56 segundos se observa al grupo de policías –algunos hincados en el piso de terracería, otros de pie, cerca de una valla metálica– es de noche y sus rostros son iluminados por dos lámparas.
En el segundo seis del video se escucha una voz de un hombre que les pregunta: “¿Con qué grupo venían? ¿con qué grupo venían?”.
–La Familia Michoacana–, responden los agentes.
–¿Y qué les pasó a los que venían con ustedes, a los de la Familia Michoacana, qué les pasó?–, les preguntó la voz.
–Se murieron –responden los agentes.
–¿Sí saben por qué se murieron verdad, qué hicieron antes de que les sucediera eso no?, ¿antes de que se les sometiera a ustedes sí saben lo que hicieron no, sí saben lo que hicieron en las casas aquellas, sí saben, sí ubican no, lo primero que hicieron porque varios andaban ahí, contesten.
–Sí–, responden los agentes, sin mucha convicción.
–¿Qué hicieron?– insiste la voz masculina.
–Llegaron y se metieron sin autorización–, se logra entender a algunos agentes.
–A ver cómo, más fuerte–, les insiste la voz de una persona que nunca sale en el video.
–Robaron en las casas– señalan los policías.
–Ah bueno, ya está–, es lo último que se escucha decir de la voz de quien interrogó a los agentes.
En un segundo video que dura 36 segundos, se observa cuando les indican a los agentes que se deben hincar.
En un tercer video que dura 40 segundos, se observa el interrogatorio a la policía estatal Blanca Esthela Valente Gutiérrez, a quien dos mujeres se le acercan cuando está a bordo de una patrulla, y le piden que retire sus manos de su cara antes de interrogarla.
–¿En dónde fue que recogiste a los civiles que vienen ahí?–, le dicen a la agente.
–En Acapulco–, responde ella.
–¿En dónde?–, le insisten.
–Afuera del hotel Fiesta Americana– dice la policía.
–¿Como a qué hora los recogiste?–, la cuestionan.
–Como a las 6 de la mañana–, expone la agente.
–¿Qué ropa portaban?–, le preguntan las mujeres.
–Una playera blanca y una camisa negra o azul– detalla Blanca Esthela.
–¿Y tú sabías que ellos no eran soldados verdad, no eran estatales?–, le preguntan.
–No me dijeron, pero supuestamente me dijeron que recogiéramos a alguien y ya– comenta la policía.
A 11 días de lo ocurrido, aún el gobierno del estado no ha aclarado si los tres civiles asesinados en El Parotal, eran integrantes del crimen organizado la Familia Michoacana, como lo denunciaron los pobladores de esa zona, tampoco quién ordenó que los llevaran a esa zona a bordo de las patrullas de la Policía Estatal y cuál era el objetivo del operativo.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez declaró a El Sur que lo ocurrido en El Parotal no fue un enfrentamiento sino un ataque directo, sin embargo no aclaró las dudas del por qué fue asesinado el jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz de quien sólo se sabe era cercano al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y recién había sido nombrado en ese cargo.
Sin embargo, la muerte de esos tres civiles desató una serie de enfrentamientos armados en las localidades vecinas de Tecpan y Petatlán, en Santa Rosa de Lima, Coyuquilla Norte, Loma Baya, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, donde el 30 y 31 de enero los pobladores informaron de enfrentamientos contra presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.
Ese grupo resaltó desde julio y en septiembre del año pasado porque transportistas bloquearon la carretera federal de Ciudad Altamirano a Iguala, para evitar que llegara una operación militar que supuestamente buscaba detener a los jefes de ese grupo delictivo, Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, así como que transportistas expulsaron en dos ocasiones a grupos de militares con el argumento de que robaban durante los cateos en las casas.
La violencia llegó a un clímax el 5 de octubre cuando fueron asesinadas 22 personas en Ea cabecera municipal de San Miguel Totolapan, entre ellos al alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda, y a su padre el expresidente por dos periodos, Juan Mendoza Acosta, de lo que el gobierno federal responsabilizó a este grupo delictivo.
El 2022 terminó con un segundo ataque armado que dejó siete muertos el 10 de diciembre en la comunidad El Durazno, ubicada en parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, por presuntos integrantes de La Familia Michoacana.
Hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer si hay detenidos por las dos masacres, tampoco si hay detenidos por los asesinatos, tampoco ha dado a conocer nada de lo ocurrido en El Parotal.
Al parecer, según la información publicada, La Familia Michoacana vive una expansión a otras regiones de Guerrero fuera de su bastión que había sido la Tierra Caliente, y ahora tiene enfrentamientos en otras como la zona Norte, luego de que en Buenavista de Cuéllar e Iguala mediante cartulinas presuntamente esta organización criminal se ha adjudicado recientes asesinatos en los primeros días de 2023, y en los que ha advertido de su presencia, así como en enfrentamientos armados en la Sierra y Costa Grande.
Texto: Brenda Escobar y Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Brenda Escobar
