Chilpancingo, Guerrero, a 27 de febrero de 2025.- Un compromiso del tercer Congreso de Unidades de Género de Guerrero, que planteó la universitaria Rosa María Gómez Saavedra, es la creación de un mecanismo de seguimiento con las diputadas locales y el gobierno del estado para asegurar la aplicación de la reforma a la Ley para la Igualdad de Género, a fin de que estos órganos internos sean incluidos en los organigramas de gobierno y reciban presupuesto.
Recordó que la reforma publicada el 28 de junio de 2024 marca 90 días para su aplicación, que ya transcurrieron, y es necesario un seguimiento puntual para su cumplimiento, recordó como coordinadora del panel de Avances legislativos en favor de las mujeres, con la participación de seis diputadas locales.
La también secretaria técnica del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad AC, destacó la disposición de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su mensaje de inauguración, y de las diputadas locales que participaron en el panel, para comenzar ese proceso e integrar a las 25 diputadas de las 64 Legislatura.
Participaron en el Congreso las presidentas de comisiones legislativas para la Igualdad de Género, la diputada del PT Leticia Mosso Hernández; de Morena, la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Gláfira Meraza Prudente, y la de Derechos Humanos, Aracely Ocampo Manzanarez, así como las presidentas de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Catalina Apolinar Santiago, y de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Gloria Citlali Calixto Jiménez.
Mosso Hernández indicó que habiendo sido diputada en tres legislaturas consecutivas, no hubo al inicio el entendimiento que hay ahora de la igualdad de género.
Entre los avances, señaló la paridad sustantiva que permitió 25 diputadas en la actual legislatura, “un triunfo de ustedes que rompieron los techos de cristal”.
Mencionó además la Ley para la Igualdad de Género que incorpora a las unidades de género y sus funciones, como parte de las estructuras de gobierno, y señaló que el Congreso local puede distribuir recursos en el presupuesto de egresos del estado.
Gómez Saavedra puntualizó el compromiso de la diputada Mosso a promover el presupuesto para las unidades de género, y propuso un mecanismo de seguimiento y aplicación a partir de una mesa de trabajo con las diputadas locales y el gobierno del estado, “para poner un marcapasos a estos acuerdos”, que respaldó Calixto Jiménez.
Meraza Prudente refirió el trabajo que realizan con los órganos electorales y del gobierno del estado para reformar la figura del procurador del menor, para fortalecer los derechos de la niñez y de las autoridades locales, “que sepan la gran obligación que tienen para preservar los derechos de la niñez que sigue siendo violentados, lamentablemente desde casa”.
Adelantó que va a armonizar la Ley de Protección de Niñas y Niños con la norma federal, a propósito de los matrimonios infantiles como el que se registró en la comunidad de Huamuchitos, en Acapulco.
La dos veces diputada federal, y ahora local de Morena, Aracely Ocampo Manzanarez, ensalzó al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero en tener un gabinete paritario.
Gómez Saavedra aclaró que el mérito de la paridad no le corresponde al gobierno que lo aplicó primero, sino al movimiento de mujeres. “Un movimiento feminista que le corresponde a las mujeres haber luchado desde hace mucho tiempo, lo pongo porque efectivamente se aplicó en el periodo de un gobierno, pero es la expresión del movimiento feminista en nuestro país y a nivel internacional. Debemos recalcar en un evento que se compromete con la igualdad sustantiva”.
Apolinar Santiago habló del derecho a la salud de las mujeres indígenas y afromexicanas de la Montaña, así como a la partería tradicional.
Denunció que las mujeres de las comunidades originarios siguen sufriendo discriminación y violencia obstétrica en el sistema de Salud.
Calixto Jiménez señaló entre los avances legislativos la interrupción del embarazo, incluso después de las 12 semanas de gestación cuando se señale negligencia médica en el sector Salud, una medida para contrarrestar la cultura de retrasar la atención a las mujeres y para obligar a las autoridades a tener personal disponible las 24 horas del día.
Asímismo, la tipificación de distintos tipos de violencia: violencia ácida, hostigamiento y acoso, violencia repro-ductiva, obstétrica, vicaria, violencia política en razón de género, el protocolo Alba y el agravante en las penas de feminicidio cuando el agresor sea policía o cuando la víctima sea niña, indígena y de comunidad rural.
La ex presidenta de la Junta de Coordinación Política llamó a socializar los avances con muchas mujeres que por falta de conocimiento no hacen uso de las reformas.
Gómez Saavedra destacó la disposición de las autoridades a gestionar y denunció que en el sector salud desapareció un programa para la atención de las víctimas de violencia.
El foro que inauguró la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, comenzó con una hora de retraso, y las actividades programadas se fueron acortando conforme avanzaba.
Las diputadas tendrían 10 minutos de participación. Las panelistas que presentaron el marco referencial de la unidades de género, 15 minutos. Después de las mesas de trabajo dieron tres minutos a las representantes de 13 equipos para las conclusiones en plenaria.
Presupuesto, visibilización, acceso a la toma de decisiones
El personal de unidades de género confirmó que sin presupuesto es difícil llevar cualquier acción contra la discriminación y la violencia de género, por lo que demandaron presupuestos etiquetados con mecanismos de transparencia para que no lo desvíen.
Señalaron también violencia institucional y hacia las unidades de género, y pidieron campañas para revalorizar la política de igualdad y no condicionar los presupuestos.
Además, denunciaron que pese a los avances legislativos, “hay una baja parti-cipación de las mujeres en la toma de decisiones y en la representación política”.
Asimismo, indicaron que el enfoque multifacético de la violencia debe identificarse en las unidades de género, desde la prevención, educación, empoderamiento y la aplicación de políticas públicas efectivas, a través de la nueva gestión para resultados, poniendo en práctica el Presupuesto en Base Cero (PBC) para conocer si funcionan en beneficio de la población.
Una mesa solicitó un refugio para mujeres víctimas de violencia económica y sicológica en Tixtla, que haya traductores de lenguas indígenas en los servicios de salud, y políticas públicas con inclusión, “que se visibilicen a todas las personas sin distinción alguna”.
Personal de unidades de género de la Universidad Autónoma de Guerrero informó que han diseñado protocolos internos por escuelas, reciben capacitación y brindan acompañamiento interno y externo.
Indicaron que la institución expulsó a ocho agresores sexuales de la universidad, pero van a seguir fortaleciendo protocolos y leyes universitarias.
Antes, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Campeche y de la Fe-deración Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Ligia Nicthe-ha Rodríguez Mejía, hizo una exposición sobre la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Aclaró que mientras no se traduzca en acciones, automáticamente no cambia las realidades.
Advirtió que las mujeres no saben identificar cuando están en condiciones de desigualdad, porque la desigualdad está normalizada.
La directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Mirna Eugenia Acevedo Salas, enfatizó que no bastan congresos y encuentros, sino hay acciones, en el marco de su ponencia Aciertos y retos en la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la SHCP.
También participó con su experiencia, la responsable del Área de Sensibilización en Género y Psicología en la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química y docente en materia de igualdad de la UNAM, Denisse Cabrera Hidalgo.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
