El paro es ilegal, advierte el presidente López Obrador. Prevé relatora de la ONU mayor corrupción en México con la iniciativa y alertan sobre menos inversiones y riesgos financieros
Chilpancingo, Acapulco e Iguala, Guerrero, y Ciudad de México, 21 de agosto de 2024. Por segundo día, trabajadores de los tres juzgados federales y tres tribunales colegiados y de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en Chilpancingo, se mantuvieron en paro laboral para manifestarse en contra de la reforma judicial, mientras que los de Acapulco cambiaron su movimiento de un paro laboral de dos días, que sería lunes y martes, a uno de manera indefinida.
Y en Iguala además de los plantones en los juzgados, unos 30 trabajadores marcharon por las calles del centro en contra de la reforma.
En Chilpancingo, el movimiento comenzó a las 10 de la mañana del lunes y este martes, en todos los centros de trabajo colocaron lonas con sus consignas en contra de la reforma que promueve el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y que respalda la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
En el edificio del Tribunal Colegiado del 21 Circuito, ubicado al sur de Chilpancingo, que concentra a la mayoría de los trabajadores del PJF, los paristas colocaron una lona en la fachada que dice: “Poder Judicial de la Federación XXI Circuito Guerrero. Los foros fueron una simulación. Por tus derechos y por México carrera judicial sí. Jueces por voto popular no”.
En otra más se leía: “Justicia independiente”. En tanto que en el Juzgado Séptimo de Distrito que se encuentra en la calle 5 de Mayo, en el centro de la capital, otra lona colgada en la facha del inmueble explicaba: “Poder Judicial, por un País Justo y al servicio del pueblo”. En otra más escribieron: “Queremos jueces sin miedo y sin presiones políticas”.
El representante de los trabajadores del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, Nelson García García, dijo que los trabajadores se fueron a paro después de una consulta que se realizó en todos los centros de trabajo.
Indicó que están convencidos que la reforma al PJF atenta contra la carrera judicial y contra los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, “de ahí la necesidad de exigir el respeto y garantizar las condiciones generales de trabajo”.
El representante del Segundo Tribunal y de Trabajo en Materia Civil y de Trabajo, Julio Alfonso Vera Marquez, dijo que la reforma “parte de una falacia al pretender justificar que a través de un ejercicio popular electorero los jueces tengan legitimidad”.
Denunció que se pasa por alto que la legitimidad está en sus resoluciones, en la designación de todo el proceso que dio lugar a que llegaran a ese cargo.
“Se pasa por alto, también, que el sujetar esa designación de juzgadores a que sean a través de un conducto electoral, conlleva a nombrar a personas a fines y comprometidas al poder político, e incluso en la actual situación, a quienes guarden lazos con la delincuencia organizada”.
Añadió que la legitimidad que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación detentan, provienen de todo un proceso y de todo un apostolado, porque iniciaron como oficiales con categorías menores “y hemos accedido a cargos más altos a través de la carrera judicial, la cual se pretende desconocer en demérito de esa legitimización que las sentencias que emitimos nos conceden”.
Añadió que derivado del “atropello” a los derechos de los trabajadores determinaron la suspensión de actividades hasta el 2 de octubre, cuando menos en el caso del Segundo Tribunal en Materia Civil y de Trabajo.
En los centros de trabajo de Chilpancingo, no se realizaron plantones ni concentraciones de los paristas al exterior de los inmuebles, y sólo se colocaron las lonas en las fachadas de los edificios.
La mayoría de los trabajadores sindicalizados y administrativos se mantuvieron en el interior de sus oficinas.
Acapulco
Alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado en la zona Diamante, cambiaron su movimiento de un paro laboral de dos días, que sería lunes y martes, a uno de manera indefinido contra la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo.
La decisión se dio luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) decidió iniciar un paro de labores a partir de las cero horas de este miércoles. En una circular que se les hizo llegar se informó que de mil 403 jueces mil 202 votaron por la suspensión de labores jurisdiccionales y 201 por el no.
Señala la circular que esa decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), pilar del sistema democrático y por ello personal empleados y juzgadores “hemos decidido defender en unidad: la República, la independencia Judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Agrega que en el primer minuto del 21 de agosto del presente año “niciará la suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los juzgados y tribunales federales del país, con las excepciones que se precisarán en la declaratoria correspondiente”.
En las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de Diamante se encuentran 14 órganos jurisdiccionales, cinco juzgados de distrito mixtos, tres juzgados auxiliares, uno mercantil, uno laboral, dos tribunales colegiados, un tribunal de apelación y un centro de justicia penal federal.
Es decir, hay juzgados de Distrito mixtos y especializados en materias laboral y mercantil, Juzgados de Distrito Auxiliares, Tribunales de Circuito en materias Penal y Administrativa, Centro de Justicia Penal Federal.
Hay alrededor de 600 trabajadores, entre sindicalizados, de confianza, jueces, que acudirán a las oficinas, pero nada más se atenderán casos urgentes.
Iguala
En su segundo día de paro laboral con el que se suspendieron todas las actividades de los juzgados Quinto y Noveno de Distrito con residencia en esta ciudad, unos 30 trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación (PJF), encabezados por el Juez Noveno, Carlos Arturo Rivero Verano, marcharon en calles del centro en contra de la reforma judicial, mientras que mantienen plantones en ambas sedes.
La mañana del lunes iniciaron una suspensión de actividades los 32 trabajadores sindicalizados que hay en cada uno de los juzgados federales con sede en Iguala, y por la noche también lo hicieron los jueces.
A las 11:45 de la mañana una comisión de trabajadores inconformes salió en marcha del Juzgado Quinto, ubicado en la esquina de las calles García de la Cadena y Joaquín Baranda de la colonia Centro, donde se quedó otra comisión en plantón en las oficinas tomadas.
Al llegar a la avenida Bandera Nacional, entre la iglesia de San Francisco de Asís y el monumento a la Independencia, se detuvieron por alrededor de media hora para entregar trípticos con información del Poder Judicial de la Federación y su funcionamiento a los automovilistas y transeúntes.
En ellos se habla de la conformación del PJF, en el que destacan que en los Tribunales que lo conforman su finalidad no es resolver controversias entre particulares, sino defender los derechos humanos que establecen la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en el Poder Judicial “no se juzga a personas, sino a autoridades que actúen con arbitrariedad, es un contrapeso”.
Destacan también que “es el único de los poderes que no pertenece a ningún partido político”, y piden a la población que no se deje engañar o confundir, “la extinción de los fideicomisos sí afecta nuestros derechos laborales adquiridos y de seguridad social”.
Al frente del contingente llevaban una lona con la leyenda “Proteger la división de poderes, es proteger la democracia de México”, asimismo iban gritando consignas en rechazo a la reforma judicial y mostraron cartulinas con sus demandas.
“Queremos jueces sin miedo y sin presión política”, “la indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia”, “somos abogados, no somos acarreados”, y “pedimos respeto a nuestros derechos laborales”, se leía en algunas.
La marcha siguió por el Zócalo y parte de la calle Benito Juárez hasta llegar a las 12:50 de la tarde a las instalaciones del Juzgado Noveno ubicado en la calle Mariano Matamoros del centro, donde otro grupo de trabajadores se mantiene en plantón y paro total de actividades.
Acuden magistrados a la CIDH; piden medidas contra la reforma judicial por “daño irreparable”
Jueces de distrito y magistrados de circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares contra la reforma judicial presentada por el Ejecutivo Federal.
La solicitud fue presentada ayer por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de juzgadores Guardianes de la Constitución y el colectivo Circuitos Unidos Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Las organizaciones firmantes… con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia, en representación de más de mil 800 operadores de justicia en los Estados Unidos Mexicanos (magistrados y jueces) y más de 52 mil trabajadores (funcionarios y empleados a nivel federal, del Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación y Juzgados de Distrito), presentamos el día de la fecha una solicitud de medida cautelar ante la CIDH”, dijeron las asociaciones en un comunicado.
“La medida cautelar es un recurso que se presenta ante un organismo internacional ante situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable. Este mecanismo fue activado para denunciar ante la instancia el Proyecto de Reforma Constitucional (relativa al Poder Judicial) sobre la base de las interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía del Poder Judicial”.
El texto difundido no precisa qué tipo de medidas fueron solicitadas al organismo internacional, en favor de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Extraoficialmente se informó que, en principio, se habría pedido a la CIDH que requiera al Gobierno de México un informe sobre las medidas que pretende adoptar y que tendrán un impacto en materia de derechos humanos de los quejosos.
En la demanda presentada ante la CIDH, las asociaciones de juzgadores incluyen un análisis del proyecto de reforma constitucional, incluida la intervención de la Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas.
El documento también hace hincapié en la importancia de la estabilidad de los cargos y las condiciones para la separación del mismo, revisa las obligaciones de México con los tratados internacionales, el límite a las mayorías y el respeto del derecho de las minorías.
Respaldan abogados el paro
El Consejo General de la Abogacía (CGAM) manifestó su respaldo a la defensa de sus derechos que han emprendido los trabajadores del PJF e hizo un llamado al consenso para mejorar la justicia sin dañar la carrera judicial.
“El CGAM hace expresa su solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial Federal en la defensa de sus derechos laborales frente a la reforma judicial. Acorde con lo anterior, el CGAM reitera que su posición central respecto de dicha reforma es la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas para recibir una administración de justicia independiente, objetiva, profesional, calificada, imparcial justa y equitativa”, señaló.
Este comunicado está suscrito por los presidentes de la CGAM, Ricardo Ríos Ferrer; de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez; de la ANADE Colegio de Abogados, Nuhad Ponce Kuri, y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita.
Opinan desde Washington
La reforma judicial planteada por el Gobierno mexicano podría debilitar la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso, de acuerdo con un análisis de Stephanie Brewer, directora de la organización WOLA.
“México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas”, expresó Brewer en una entrevista publicada en el sitio web de la organización.
“La reforma actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en México”.
Brewer advierte que el procedimiento propuesto para la selección de candidatos implicaría un papel preponderante por parte del partido Morena lo que haría que la elección de autoridades judiciales sea filtrada por intereses políticos y fallas.
Y también la ONU
La iniciativa de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de evitar los riesgos de corrupción en el sistema judicial, los amplifica, advirtió la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.
“Entre más político se vuelve el proceso, más riesgo hay de corrupción porque, desde luego que para las fuerzas políticas no solamente se trata del mérito y el honor (del Juez o candidato a serlo), también tratan de encontrar el poder a como dé lugar”, dijo la especialista, quien a finales del mes pasado envió una carta al Gobierno mexicano para expresar sus preocupaciones sobre la reforma.
“Las elecciones suelen permitir que hayan intereses políticos de por medio y, como no conocemos las bases de una elección, también puede permitir que la elección de los Jueces esté basada en otras consideraciones, y no en aquellas importantes”, declaró en entrevista con Grupo Reforma.
La reforma judicial afectará a las nuevas inversiones en el país, según México Evalúa
La propuesta de reforma judicial impulsada por el Gobierno, que busca la elección por voto directo en urnas de jueces, magistrados y ministros, atenta contra la captación de nuevos flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el país, ya que afecta la seguridad jurídica de los inversionistas, alertó México Evalúa.
El centro de análisis indicó que la reforma podría colocar a jueces inexpertos a impartir justicia en sectores técnicos como el energético o de telecomunicaciones, además de que abriría la posibilidad a que los magistrados candidatos a elección entren en contacto con grupos de interés, lo que crearía presiones externas y daría apertura al financiamiento ilegal de campañas a través del crimen organizado.
Reduce la financiera Morgan Stanley su potencial de inversión en acciones mexicanas
La financiera mundial estadunidense Morgan Stanley ajustó su portafolio de inversiones hacia una menor exposición en acciones mexicanas ante la propuesta de reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca la elección de Jueces y Magistrados a través del voto popular.
“Degradamos a México a infraponderación, tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos que presenta riesgos para la narrativa de inversión del país”, indicó la financiera en una nota de estrategias de inversión en América Latina publicada ayer.
Ejecutivos de finanzas alertan por la existencia de riesgos financieros con la reforma
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que una posible aprobación a la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador incrementaría los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y el crecimiento económico.
“En cualquier democracia lo deseable es la existencia de pesos y contrapesos para mantener un sistema democrático equilibrado, justo y transparente donde el poder esté distribuido de manera que se protejan los derechos de todos los ciudadanos”, advirtió el IMEF en un comunicado.
Pide AMLO agregar la protección a jueces con casos del crimen organizado a la reforma judicial
El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a “algún legislador” proponer en la reforma judicial un mecanismo de protección a jueces que resuelven casos de delincuencia organizada.
Durante la mañanera, López Obrador dijo que se les fue plantear la protección a los juzgadores.
“Por cierto, una de las cosas que quiero recomendar, a ver si algún legislador puede, porque todavía están en posibilidades de hacer cambios, ¿no?”, dijo López Obrador.
“Hay algo que pienso que debe tener la reforma que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada, cómo protegerlos”.
-¿Jueces anónimos?, se le preguntó.
“Sí, un mecanismo en donde resuelvan autoridades sin que se conozca”, respondió el mandatario.
“Buscar una forma que se pueda hacer porque muchos están sometidos a amenazas, a presiones, es lo que nos sucede también eso con los policías, si son policías municipales están más expuestos porque conocen a sus familiares, ahí están, policía estatal también”.
“Por eso es importante, entre otras cosas, la Guardia Nacional y Marina y Defensa, las Fuerzas Armadas, porque hay menos conocimiento y van cambiando, en cambio el policía municipal está ahí y están sus familiares y los identifican, los amenazan.
“El caso de los jueces que tienen que decidir sobre estas cosas también hay que buscar un mecanismo de protección”.
Diputados de Morena incluirán la propuesta del presidente
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, tomó nota ayer de la “sugerencia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó que presentarán una adición a la iniciativa de reforma judicial que considere un mecanismo de seguridad para jueces que lleven casos relacionados con el narcotráfico.
Calificó de oportuna la propuesta del mandatario, por lo que adelantó que presentarán una reserva cuando se discuta la reforma, aunque no quiso adelantar qué figura propondrán.
“Hoy (ayer) la escuché (la propuesta del presidente) y se me hace oportuna, poder presentar una reserva cuando se esté discutiendo para garantizarle que se preserve la seguridad de los juzgadores. Yo creo que es muy oportuno”, señaló.
El morenista adelantó que tras la eventual aprobación de la reforma judicial, iniciarían de manera inmediata el análisis de una reforma integral en materia de seguridad y justicia, pues son temas que no se incluyeron en el predictamen actual.
“Ya lo incluimos nosotros como parte del temario de los diálogos nacionales, aun cuando no viene en la reforma constitucional, porque lo primero que hicimos fue una revisión al poder superior, que es el el Poder Judicial.
“Después, inmediatamente, vamos a iniciar el estudio para presentar una iniciativa con la participación de los Congresos de los estados, en un ejercicio de parlamento abierto, para construir una iniciativa de reforma integral de todo el sistema juridicial, incluidas seguridad y fiscalías”, adelantó.
De acuerdo con el morenista, el paro de labores de jueces, magistrados y empleados no detendrá la reforma el Poder Judicial, y acusó a quienes participan en él de formar parte de la composición “casi feudal” del Consejo de la Judicatura Federal.
Afirmó que cerca de 60 por ciento de los trabajadores que se manifiestan tienen una relación directa familiar, de amistad y de grupo con jueces y magistrados, a quienes acusó de usar la incertidumbre para desinformarlos.
“Hay una discrepancia de algunos trabajadores que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 57 por ciento, casi el 60 por ciento de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y jueces. Y ellos son los que utilizan la incertidumbre para desinformar a los trabajadores”, dijo.
El legislador rechazó que el paro frene la discusión de la reforma judicial y les pidió a los trabajadores que lean el artículo 10 transitorio, en el que, aseguró, se establece que no se violará ninguno de sus derechos laborales adquiridos.
Confió en que una vez que los inconformes profundicen en el análisis del dictamen, el paro será levantado.
El coordinador parlamentario informó que el INE ya trabaja en el costo de los procesos en los que serán electos jueces, magistrados y ministros, el cual se costeará con los fideicomisos del Poder Judicial.
Ironiza AMLO sobre el paro
El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó este martes sobre el paro en el Poder Judicial al considerar que, gracias a esa protesta, los juzgadores dejarán de liberar a los criminales.
Durante su conferencia mañanera, el mandatario federal sostuvo que a los ciudadanos simplemente no les importará la huelga anunciada.
“Han decidido los del Poder Judicial irse a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, yo les diría con toda franqueza y respeto, hasta nos va a ayudar.
“Que si no están los jueces ministros y magistrados en activo, tenemos por lo menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, dijo.
Es su derecho, pero el paro es ilegal y lo saben, remarca
Ayer, en Palacio Nacional, AMLO consideró que los trabajadores están en su derecho de manifestarse, por lo que podrán protestar con plena libertad.
Sin embargo, advirtió que los propios inconformes están conscientes de que el paro viola la ley, aunque el encargado de sancionarlo sería el propio Consejo de la Judicatura Federal.
“Ellos saben que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionarlo, le corresponde al Consejo del a Judicatura; es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aun, si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga”, mencionó.
El titular del Ejecutivo federal manifestó que la única preocupación que le genera el paro de labores es la posible tardanza de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver el adeudo fiscal por 25 mil millones de pesos de Grupo Salinas.
“La única cosa que me preocupa es que tienen ahí guardado un expediente de 25 mil millones de pesos. Ese quisiera que le dieran curso, pero -por lo demás- no va a suceder nada, no pasa nada. Y, por lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad”, agregó.
El diseño de la boleta
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ayer una boleta con la que, en caso de aprobarse la reforma judicial, se podría elegir a ministros, magistrados y jueces en 2025, en la que se identifica si fueron la Presidencia y el Congreso, dominados por Morena, o si fue el Poder Judicial quien los propuso.
En la boleta azul que presentó ayer en conferencia en el Palacio Nacional se prevé que los electores escriban a mano los nombres de los cinco integrantes por cada cargo en disputa, a partir de una lista propuesta por cada Poder de la Unión, más los servidores que ya se encuentren en funciones, quienes tendrán pase directo.
“Vamos a recibir una boleta, este es un ejemplo, y vamos a votar por cinco mujeres y cinco hombres para el caso de jueces, para el caso de magistrados, para el caso de ministros. Habremos de votar por nueve ministros, cinco mujeres y cuatro hombres, y para el Tribunal de Disciplina por cinco”, dijo.
Alcalde señaló que será el INE el que organice, supervise y fiscalice la elección, que tendría una segunda parte en 2027, y que habrá dos meses de campaña sin financiamiento público, pero con debates y tiempo en radio y televisión.
Antes “era más dedazo que examen”, dice Sheinbaum sobre la carrera judicial y la reforma
La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que respeta el paro en el Poder Judicial, pero enfatizó que no coincide con los inconformes.
Reiteró que “está muy claro” que la reforma judicial va a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
“Respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales.”, afirmó en conferencia.
“Hay un tema de carrera judicial, (…) eso permanece, también lo dice ahí la iniciativa. Lo del nepotismo (en el PJ) es una cosa impresionante”.
Sheinbaum argumentó que, con la reforma judicial, podrán tener oportunidad de ser jueces, magistrados y ministros quienes antes no podían.
“Antes, en realidad, era más dedazo que examen”, afirmó Sheinbaum.
Dijo que tampoco coincide con la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien nuevamente defendió la independencia judicial como indispensable para la protección de derechos y la democracia constitucional.
“Es un cambio muy profundo lo que representa elección de jueces, magistrados y ministros en el País. Es un cambio muy profundo, pero se propuso en la campaña”, añadió.
Lo que hay que pensar no es qué problemas va a generar, planteó, sino “qué bien le va hacer a México” y cómo se va a construir un Poder Judicial que le responda a la gente.
Texto: Zacarías Cervantes, Karina Contreras, Alejandro Guerrero y Agencia Reforma / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
