Ciudad de México, 20 de agosto de 2019. Las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han sido utilizadas durante más de 20 años para torturar a detenidos para que se autoinculpen o como método para extraerles información en las investigaciones.
“No sólo las víctimas y querellantes son sujetos de extorsión por parte de los funcionarios de la procuraduría capitalina. Los probables responsables también padecen estos delitos”.
Diagnóstico de la Comisión para la Transición
El portal de Datos Abiertos del Gobierno local ubica que las víctimas han presentado, al menos, 137 denuncias contra servidores públicos, desde 1997, por tortura en el búnker de Doctor Río de la Loza, en la Colonia Doctores, en la Cuauhtémoc.
Otras 66 acusaciones han sido ubicadas en las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Homicidios, en Azcapotzalco.
Algunas de las técnicas utilizadas por los elementos van desde las amenazas, la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, golpes, descargas eléctricas en los testículos, entre otras que han sido recopiladas de los propios afectados por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
“Entre siete u ocho policías de investigación lo llevaron a un estacionamiento y le comenzaron a preguntar sobre un secuestro, mientras lo golpeaban con los puños cerrados en el estómago y le exigían un millón de pesos para liberarlo”, dice uno de los testimonios de la CDH recopilados en la recomendación 05/2018.
“Los policías de investigación le mostraron fotografías de sus familiares y lo amenazaron con involucrarlos en la comisión de diversos ilícitos si no aceptaba su participación en los hechos”.
La misma recomendación señala que se iniciaron investigaciones por estos hechos, pero la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ ha intentado no tipificar los casos como tortura.
“Esta inadecuada calificación de los hechos delictivos se materializó como un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas, pues ya no continuaron investigando los hechos como tortura y no se arribó a una determinación de fondo”, advirtió la CDH.
Un estudio más reciente, presentado por la Comisión para la Transición de la PGJ a la Fiscalía el 24 de abril de 2019, sigue advirtiendo deficiencias en la manera en la que investigan los elementos de esta institución y que los servidores ofrecen resultados a cambio de dinero.
Texto: Israel Ortega / Agencia Reforma / Foto: Archivo
