Ciudad de México, 3 de junio de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a José Héctor Sandoval Pérez, administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco, de programar hasta un año después las audiencias de imputación que se le han solicitado contra presuntos implicados en delitos fiscales, y con ello impedir que la hacienda pública recupere más de 422 millones de pesos.
En un inusual comunicado, ya que por lo regular este tipo de comunicaciones las emiten contra jueces y magistrados, la FGR advirtió que, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), procederá contra dicho funcionario administrativo que al menos en 23 ocasiones ha incurrido en responsabilidad legal por dilatar la impartición de la justicia.
La Fiscalía señala que el responsable de fijar las fechas de las diligencias judiciales ha violado los artículos 16 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el primero garantiza el derecho a la justicia pronta y el segundo obliga a llevar a cabo estas audiencias dentro de los 15 días posteriores a su solicitud.
“En flagrante violación al artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales y negando a la Ciudadanía el derecho humano al acceso a la Justicia dependiente del Poder Judicial de la Federación, el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Jalisco ha agendado audiencias iniciales relacionadas con delitos fiscales y financieros con extrema e inusitada dilación, sin justificación legal alguna, llegando incluso al absurdo de señalar fecha de audiencia inicial 12 meses después de haber sido solicitada, quedando un daño irreparable al patrimonio Público Federal, representado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, y el SAT”, dijo la FGR.
Sin mencionar el nombre del imputado, la Fiscalía menciona de forma “repetitiva”, a modo de ejemplo, un caso concreto en el que pidió en febrero pasado fijar fecha para la audiencia inicial contra un imputado y Sandoval Pérez agendó la diligencia para febrero de 2026.
“La omisión de señalar fecha de audiencia inicial por más de 11 meses y medio después (esto es, 350 días), constituye un solo caso de la comisión reiterada en 23 ocasiones de un delito contra la administración de justicia por parte del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco con sede en el Complejo Penitenciario Puente Grande, ya que con ello ha impedido que se recuperen más de 422 millones de pesos por concepto de impuestos que se han dejado de pagar por parte de quienes defraudan al fisco federal. Tanto la FGR, como la PFF y el SAT, habrán de actuar en consecuencia”, advirtió.
Texto e imagen: Agencia Reforma
