Ciudad de México, 7 de noviembre de 2023. Karla Quintana, la ex comisionada nacional de Búsqueda de Personas (CNB), quien renunció en agosto, acusó una intención del gobierno federal para borrar de las listas a los desaparecidos con un nuevo censo oficial, coordinado por la Secretaría de Bienestar, y dar la apariencia de una disminución de la gravedad del problema.
“Es clara la intención de este (nuevo) censo, que es el reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio. Si no se hace cuidadosamente, y hasta lo último que supimos no se estaba realizando cuidadosamente, con un análisis detallado de la información, se corre el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas, solamente con un indicio de localización”, afirmó al confirmar que ese fue el motivo de su renuncia.
“El tema el disenso y la crítica que yo hago y es una de las razones de mi salida es que el nuevo censo sólo se está haciendo con una finalidad y con una temporalidad y es con la finalidad de reducir el registro de personas desaparecidas en un periodo particular”, sostuvo en una conferencia del “Seminario sobre Violencia y Paz”, de El Colegio de México, coordinado por Sergio Aguayo.
Quintana, quien estuvo cuatro años y medio en el cargo para localizar a más de 110 mil personas desaparecidas en México, criticó que el censo anunciado en junio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no puede dar crédito que en su gobierno haya más desaparecidos que en otros sexenios, no es coordinado por las autoridades responsables como la CNB y las comisiones de búsquedas estatales que reciben el 30 por ciento de las denuncias, sino por la Secretaría de Bienestar y las fiscalías locales quienes no cuentan con elementos para confirmar las desapariciones.
“Puede haber una chica de 20 años que esté siendo víctima de trata que saque un pasaporte y que sólo con esa información se le dé de baja y siga desaparecida. Puede haber una persona tenga un acta de defunción que su propia familia la haya pedido y la persona siga desaparecida o puede estar fallecida y la familia no saberlo, puede estar en una fosa común. Hay muchos riesgos, puede ser que se dé de baja a personas homónimos con tal de reducir el número y también puede ser que se dé la instrucción al código fuente de quitar del registro a personas que, por ejemplo, no tengan el segundo apellido en el registro”, alertó.
“Nadie está en contra de que haya una actualización de un registro, lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número. El problema es que se está realizando en términos de forma. Es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas. La intención es y es muy clara, y es lamentable, que es el reducir la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno, eso es muy claro, y también está dirigido específicamente a los 23 gobiernos estatales (gobernados) por el partido en el poder”, añadió.
Quintana, mazatleca, doctora en Derecho y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, renunció el 23 de agosto, luego de que el presidente revelara que había encargado su propio censo de desaparecidos con los gobiernos estatales, pues aseguró que tenía otros datos que indicaban que era menor el número de personas desaparecidas en México. En octubre nombró como nueva titular a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, ex integrante de la Comisión de Elecciones de Morena, sin experiencia en su nuevo cargo.
Quintana dijo que no la conocía y criticó que a pesar de la gravedad del problema de desaparecidos, el gobierno se ha centrado en intentar reducir las cifras en el sexenio y no en considerarlo como un problema de Estado.
Quintana señaló que un problema del nuevo censo es la diferencia de las cifras que manejan las fiscalías estatales, que participan en el nuevo registro de López Obrador, pues dijo que cuando ella estuvo en el cargo varias se negaron a firmar convenios sobre identificación de víctimas.
“Hay otras que incluso no quisieron firmar solicitudes de subsidios con tal de no dar información, eso evidencia mucho la cerrazón”, afirmó.
La ex comisionada lamentó la politización del tema, y que el gobierno no se enfoque más que en reducir sus cifras, en políticas de prevención, investigación y la eliminación de la impunidad.
“Tenemos que ver hacia el futuro y el reto es que la Comisión Nacional y las comisiones estatales permanezcan y sean instituciones de Estado y no instituciones partidistas. Tiene que permanecer el personal capacitado, tienen que permanecer las metodologías que den respuestas estructurales y no uno a uno, tienen que para permanecer y fortalecerse los centros de identificación humano, tiene que ver avances normativos y no regresivos”, afirmó.
Texto y foto: Agencia Reforma
