30 mayo,2025 1:42 pm

Acusan indígenas daños con destrucción de presa de Duarte

Chihuahua, 30 de mayo de 2025 .-Las acciones que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el rancho El Saucito, propiedad del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, afectó a comunidades indígenas y ejidatarios contiguos al inmueble, quienes aprovechaban el recurso para consumo personal y para sus actividades en el campo.

Así lo advirtió el abogado Carlos Omar Villalobos, quien interpuso el amparo contra la destrucción de la presa y represas que intentó realizar la Conagua en la propiedad del ex priista.

Precisó que promovió el amparo en favor de un grupo de rarámuris y de integrantes del ejido “El Trigueño”, en el Municipio de Balleza.

“Por su carácter étnico, son considerados GRUPOS VULNERABLES, protegidos por diversas disposiciones constitucionales para salvaguardar sus derechos fundamentales, incluso por la propia Ley de Amparo”, resaltó el litigante en un comunicado.

Los habitantes le expusieron que desde el 24 de mayo llegó maquinaria pesada a Balleza a bordo de un tráiler.

“Cuyos conductores preguntaron a diversos pobladores por el Rancho El Saucito, que venían procedentes de Guasave, Sinaloa, con la instrucción de derribar con maquinaria y explosivos las represas de ese predio”, agregó.

De acuerdo con lo expuesto, los funcionarios comentaron que recibieron la instrucción de trasladarse a Parral y que regresaban el martes, acompañados de la Guardia Nacional y de elementos de la Fiscalía General del Estado, para dar cumplimiento a la instrucción.

Villalobos se reunió con los inconformes para plantear una estrategia jurídica legal.

“Ante la preocupación de la inminente destrucción de los presones que contienen poca agua, pero que ellos tienen permiso de aprovechar para su sustento diario, para sus actividades incluso de supervivencia, tal como ha venido sucediendo desde hace décadas atrás”, indicó.

Tras el recurso interpuesto, se paralizaron las obras de destrucción que, de acuerdo con lo expuesto, afectaría a las comunidades aledañas.

“Según me informan, ese cuerpo de agua es el más cercano y apropiado para diversas actividades importantes tales como el combate de los múltiples incendios que hay en la región, derivados de la sequía extrema que se padece en los últimos años, además ellos lo utilizan para el consumo diario de sus actividades de supervivencia y salud”, aseveró Villalobos.

“Adicionalmente, el impacto ambiental de derribar ese cuerpo de agua que, sabemos por los medios de comunicación, que la represa tiene más de 100 años construido y con permiso que data desde 1942 y que los jabalíes, conejos, patos, entre otras especies que usan de alimento, necesitan de esa agua, por lo que derribarla los dejará en una situación precaria”.

Además, afirmó, esos cuerpos de agua recargan los mantos acuíferos, crean un microclima y ayudan a mantener humedad en los terrenos aledaños, como el caso de la comunidad indígena.

El juicio de amparo urgente que presentó fue firmado por indígenas del Ejido “El Trigueño”, en tanto que otros estamparon su huella, todos identificados.

Consideró que la información emitida en diversos medios de comunicación está distorsionada. “En primer lugar, es un derecho de las comunidades indígenas el recurso al vital líquido hídrico”, sostuvo.

Además, continuó, en los videos difundidos se advierte que no corresponde a las cantidades de agua referidas.

“Cualquiera que incluso no tenga el conocimiento puede advertir que esa agua al desbordarse de esa manera únicamente se desperdició pues no llegó a ningún río; además, como era evidente a todas luces, la misma se evaporó en el trayecto por las altas temperaturas y la cantidad tan pequeña de agua”.

Llamó a las autoridades correspondientes a tener un acercamiento para garantizar el disfrute de ese recurso hídrico de manera adecuada.

“Y no se continúe realizando como hasta el día de hoy, únicamente para desperdicio, situación que sí constituye una arbitrariedad, reiterando que la destrucción del primer presón, que como se pudo constatar en el video que se exhibió en diversos medios de comunicación, contienen agua superficial, ya que por su antigüedad, tienen más del 70% de lodos y piedras; esa agua no sólo se desperdició, sino que inutilizaron fosas sépticas alrededor, afectando a los habitantes cercanos”, mencionó.

“Es una verdadera lástima que se politice este tipo de temas, surgiendo una serie de rumores y calumnias, lanzando ataques amenazantes por defender los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, razón por la que invito a las autoridades correspondientes a un acercamiento para poder garantizar el aprovechamiento del vital líquido a nuestras comunidades indígenas aledañas, pues la preocupación es alta entre los mismos”.

El miércoles pasado, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Conagua informó que detectó una presa y cinco represas en un rancho del ex gobernador, que le da acceso a 700 mil metros cúbicos para uso personal, por lo que inició un proceso de recuperación del líquido.

Efraín Morales, director de la Conagua, dio a conocer que la dependencia su cargo pretendía derribar las estructuras hidráulicas, debido a que acaparan el recurso y fueron construidas de manera ilegal.

Sin embargo, las acciones fueron frenadas por una determinación judicial. El funcionario advirtió que se denunciará el caso porque la propiedad del ex gobernador no cuenta con la concesión correspondiente para el aprovechamiento del agua y las represas se construyeron sin permisos.

Morales mostró imágenes y un video de las represas, una de las cuales sí pudo ser derribada.

El martes, tras notificar a los propietarios que se ejecutaría la sanción para reencauzar el agua, comenzaron trabajos de demolición, explicó Morales. Pero el procedimiento fue parcialmente obstaculizado por una suspensión provisional obtenida en menos de 24 horas a través de un juicio de amparo.

Actualmente César Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, se encuentra en libertad condicional con un brazalete electrónico, luego de que desde el 6 de junio de 2024 la jueza Hortensia García le modificara la medida cautelar.

Texto: Agencia Reforma/Foto: Archivo