DE NORTE A SUR
Silber Meza
No hay marcha atrás: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) desaparecerá. Es una decisión tomada por la autodenominada Cuarta Transformación: primero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las razones que motivan esta eliminación no son técnicas, tampoco de combate a la corrupción ni de exceso de gasto de parte del Instituto, como han dicho. No lo son porque técnicamente el Inai se ha ido especializando y ha sido muchas veces citado en el mundo como un ejemplo, aún mejor que el sistema de transparencia de Estados Unidos. Tampoco por combate a la corrupción, porque lo último que le ha interesado a la 4T es iniciar investigaciones y colocar sanciones contra los comisionados y el personal que labora allí por los presuntos malos manejos. Y no lo es por el exceso de gasto y derroche, porque el mismo órgano autónomo ha presentado un plan de austeridad que representa 30 por ciento de su presupuesto.
En realidad, el gran problema con el Inai se divide en tres partes:
1) La obsesión de López Obrador por acabar con todo lo que parezca un triunfo del PAN, específicamente lo relacionado con Vicente Fox y Felipe Calderón. Aunque el Instituto no es atribuible al panismo, sino a la sociedad, esta es la idea que se le ancló al tabasqueño.
2) Librar todo modelo de contrapeso al gobierno dentro del sistema político mexicano. Al gobierno de AMLO nunca le gustó la transparencia. El exmandatario sembró la falsa idea de que el Inai sólo se usa para atacar a su gobierno y que en el pasado sirvió para convalidar las corruptelas del PRIAN. Al parecer, la presidenta Sheinbaum cree lo mismo.
3) Derruir las estructuras que consideran parte del neoliberalismo se ha convertido en una consigna de la 4T. El modelo neoliberal es indefendible desde el punto de vista social, sin embargo, esta destrucción interna del término ha sido totalmente selectiva: por un lado siguen privilegiando la inversión estatal, nacional y extranjera sobre la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, y por otro quieren acabar con los órganos autónomos que les son incómodos.
Al final, lo que busca la 4T es acumular más poder que lo lleve a una estancia de 70 años –mínimo–, tal como lo hizo el PRI en sus épocas de glorias. Para eso está repitiendo el manual priista con algunas modificaciones: eliminar cualquier contrapeso estructural, cooptar a la oposición posible, mantener operadores dispuestos a realizar cualquier acuerdo vergonzoso por debajo de la mesa, no molestar realmente al crimen organizado para que opere en su favor o al menos no opere en su contra, bajar de la esfera pública a los perfiles indefendibles por actos comprobados de corrupción, no castigar a sus aliados verdaderos, estrechar lazos con el Ejército, negar todo tipo de errores en la gestión y, por supuesto, la gran estrategia de la 4T: fortalecer los programas sociales.
Éstos últimos tienen doble función. La muy positiva: disminuir la pobreza, redistribuir la riqueza y otorgar oportunidades a los sectores más desprotegidos; y la partidista: generar un sentimiento de beneficio en la gente que le lleve al partido en el poder –partido de Estado– a obtener aprobación y fidelidad electoral.
Justo en este nuevo-viejo modelo la desaparición del Inai toma relevancia. El jueves pasado, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, delineó los primeros trazos del paradigma de transparencia que viene. Anunció una reforma a la Ley de Transparencia y se comprometió a que el gobierno no sería juez y parte tras la eliminación del Inai. Para evitar esto último se van a habilitar los Tribunales Administrativos. Aún no sabemos los detalles de esta reforma, es demasiado pronto y muy escasa la información para imaginar el impacto que viene, pero confirma, desde ya, la obsesión de eliminar –por todas las vías posibles– al actual órgano garante de la transparencia.
La 4T, los funcionarios y sus propagandistas han reiterado que la gente votó por eliminar al Inai, y por eso su anulación es un acto democrático. Yo difiero de ello. El entonces presidente López Obrador mintió de forma reiterada sobre el Inai, le achacó al órgano garante las facultades y obligaciones de los sujetos obligados. Eso creó una visión distorsionada de buena parte de los seguidores del líder morenista sobre el Instituto. La gente nunca estará de acuerdo en que haya más opacidad, por eso estoy convencido de que la decisión popular no es eliminar al órgano garante real, sino al que falsamente vendió el ex presidente. Aún más, a la gente nunca se le ofreció la alternativa a la eliminación del Inai, modelo que apenas estamos empezando a conocer.
