El organismo internacional otorgó a la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que lleva la representación jurídica, cuatro meses para presentar observaciones adicionales sobre el asesinato del luchador social en 2013. Soledad Hernández Mena, hija de la víctima, denunció persecución y hostigamiento a la familia
Chilpancingo, Guerrero, 24 de marzo de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió a favor de la admisibilidad y el fondo del caso de la desaparición y ejecución extrajudicial del luchador social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013 en Iguala.
En conferencia de prensa que se transmitió ayer a través de la plataforma Zoom, representantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad que da acompañamiento legal a los familiares de la víctima, informaron que recibieron la notificación el 23 de febrero pasado.
El abogado del organismo, Ernesto Rodríguez Cabrera, informó que con ello la CIDH se reserva la facultad de adoptar las decisiones pertinentes sobre el caso número 14.874 que integró el organismo internacional.
Informó que la CIDH otorgó a la representación legal, en este caso la Red Solidaria Década contra la Impunidad, un plazo de cuatro meses para presentar sus observaciones adicionales.
Durante la conferencia de prensa, la hija del luchador social, Soledad Hernández Mena, en representación de sus familiares, así como los representantes de la Red Soldaría Década contra la Impunidad, celebraron la decisión de la CIDH al admitir el caso, mismo que este 2022 cumple nueve años de impunidad”, denunció Armando Venegas Martínez, integrante de la Red.
Arturo Hernández Cardona desapareció el 30 de mayo del 2013 junto con siete integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala y su cuerpo fue encontrado en la carretera Chilpancingo-Iguala el 3 de junio con los ojos vendados y con huellas de tortura.
Soledad Hernández denunció que en los últimos meses se ha intensificado la persecución y el hostigamiento a su familia y particularmente en contra de ella.
Dijo que en las noches, afuera de su casa en Iguala, desconocidos estacionan coches y que a veces algunos se han subido a la azotea o le rayan y le arrancan los vidrios de su carro.
Agregó que después de algunos mítines en los que ha participado, ha sido seguida por personas que no se identifican, pero que sabe que pertenecen al Estado y que por eso decidió dejar de asistir a sitios públicos, a mítines y manifestaciones.
Asimismo, denunció que cerca de Cocula, donde tiene su centro de trabajo, ha visto a varias personas con rifles “de alto poder”, quienes siempre buscan estar cerca del lugar donde se desplaza. “Este es como el más aterrador de todos los casos de persecución”, contó.
En un boletín de prensa, la Red Solidaria Década contra la Impunidad explicó que con la admisibilidad y el fondo del caso, la CIDH podrá “abreviar el tiempo de espera para su resolución”.
Recordó que Hernández Cardona fue desaparecido junto con siete integrantes de Unidad Popular, un día después de que cuatro de los activistas, incluido Arturo Hernández Cardona, presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de Iguala, en contra de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala; de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal y presidenta del DIF municipal, y de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal.
Contó que desde entonces, la familia Hernández Mena encabezada por María Soledad Hernández Mena, hija mayor del activista Hernández Cardona, iniciaron “su caminar por justicia, verdad y no repetición acompañada por la Red y que el 5 de marzo de 2018 interpusieron la petición de admisibilidad ante la CIDH, “por la dilación de justicia en nuestro país”.
“Celebramos la decisión de la CIDH, en este caso, al mismo tiempo, exigimos el cese al hostigamiento del que es víctima María Soledad Hernández Mena y responsabilizamos al Estado de la integridad física y psicológica de la familia Hernández Mena”, advirtió el organismo.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Tomada de Internet
