Ciudad de México, 3 de ferbero de 2026.- José Woldenberg, expresidente del que fuera Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Federal Electoral (INE), advierte que los planteamientos que han trascendido desde el oficialismo sobre una eventual reforma electoral representan una “auténtica regresión” en distintos ámbitos de la vida democrática del país.
Si bien aún no ha sido presentado la iniciativa formal por el Poder Ejecutivo, el debate público se ha intensificado a partir de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum; de Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y de otros actores políticos de Morena –partido en el poder–, lo que ha encendido alertas entre especialistas y exautoridades electorales.
Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, subraya en entrevista con El Sur que durante el sexenio anterior se intentó en al menos tres ocasiones modificar la legislación electoral, sin éxito, y que los mensajes recientes desde el gobierno y Morena apuntan “a cambios que afectarían principios básicos del sistema de representación”.
Entre ellos, menciona la posible eliminación de diputados y senadores plurinominales, así como de los senadores de primera minoría, una idea que, dice, “puede sonar atractiva para una ciudadanía descontenta con el desempeño del Congreso, pero que oculta una discusión de fondo mucho más compleja”.
Representación proporcional, el núcleo del problema
Para Woldenberg, la discusión central no debe girar en torno al número de legisladores, sino a la manera en que los votos ciudadanos se traducen en escaños: “Si un partido obtiene 20 o 30 por ciento de la votación, debe haber una correspondencia razonable entre ese porcentaje y el número de curules que recibe”, explica.
De no existir esa proporcionalidad, enfatiza, “se rompe uno de los principios fundamentales de la democracia: la representación de las distintas fuerzas políticas”.
Recuerda que la reforma electoral de 1996 fue resultado de un amplio acuerdo político que buscó evitar mayorías artificiales en la Cámara de Diputados. En ese momento, se estableció en la Constitución un límite a la sobrerrepresentación, “de tal manera que ningún partido o coalición pudiera tener más de ocho puntos porcentuales de escaños respecto a su votación, ni superar los 300 diputados de un total de 500”.
El objetivo era claro: garantizar que cualquier cambio constitucional requiriera el consenso de diversas fuerzas políticas.
Ese diseño, sostiene el expresidente del IFE, permitió durante años una representación más equilibrada en el Congreso. Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, una interpretación “literal y miope” de la norma por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral derivó en que una coalición con 54 por ciento de los votos obtuviera alrededor del 74 por ciento de las diputaciones, lo que, en los hechos, marginó a las oposiciones.
Presupuesto del INE y capacidad operativa
Uno de los ejes de preocupación, apunta Woldenberg, es también la insistencia del oficialismo en reducir el presupuesto del INE. El planteamiento, dice, está mal enfocado: “El problema no es cuánto dinero se le da o se le quita, sino qué tareas tiene que cumplir el Instituto y qué recursos necesita para realizarlas”.
Adelgazar el presupuesto sin revisar previamente las funciones asignadas, advierte, conduciría inevitablemente a un INE con menor capacidad y peores resultados.
El INE ha sido una institución construida a lo largo de varias décadas, recuerda, y ha garantizado procesos electorales limpios, equitativos y transparentes. Cada vez que hay comicios, instala casillas en absolutamente todas las regiones del país, incluidos los rincones más apartados, una tarea que requiere recursos suficientes.
A modo de ejemplo, Woldenberg menciona procesos recientes en los que, debido a restricciones presupuestales impuestas desde la Cámara de Diputados, el INE tuvo que reducir de manera significativa el número de casillas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de revisar el modelo electoral y el costo de las elecciones, en coincidencia con las posturas expresadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, o Pablo Gómez, al frente de la Comisión Presidencial para la Refoma Electoral.
No obstante, para Woldenberg, “cualquier modificación que debilite la representación plural o la autonomía operativa del INE pondría en riesgo los equilibrios democráticos alcanzados en las últimas décadas”.
Para el catedrático de la UNAM, la eliminación de los legisladores plurinominales “alteraría la lógica de la representación proporcional y profundizaría las distorsiones ya existentes en la conformación del Congreso”. Basta revisar los resultados electorales recientes, remarca, para observar cómo partidos como Movimiento Ciudadano, el PAN o el PRI cuentan con un porcentaje de curules significativamente menor al porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas, “mientras que la coalición gobernante integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se encuentra ampliamente sobrerrepresentada”.
En su análisis, señala que con alrededor de 54 por ciento de los votos, la coalición oficialista concentra cerca de 74 por ciento de las diputaciones, lo que confirma “que el problema central no es reducir espacios de representación, sino corregir los mecanismos que permiten estas asimetrías.
“De lo que se trata es de que los votos se traduzcan en escaños de manera fiel, porque los votos son la voluntad popular y esa voluntad es plural”, afirma. En ese sentido, resalta, sobrerrepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías debilita el carácter democrático del sistema político.
Financiamiento público vs. recursos ilícitos
Sobre la intención de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, Woldenberg añade que este planteamiento responde a una lógica clara: debilitar a las fuerzas de oposición en un contexto de alta concentración del poder político.
“La reforma electoral de 1996 estableció el principio de que el financiamiento público debía ser preponderante sobre el privado por tres razones fundamentales: garantizar la transparencia, equilibrar las condiciones de competencia entre partidos y evitar que las fuerzas políticas dependieran de grandes grupos económicos o, en el peor de los casos, de recursos de origen ilícito. Esos objetivos siguen vigentes hoy”, subraya.
Advierte que, aunque en el discurso público la idea de reducir recursos a los partidos suele ser bien recibida por una ciudadanía cansada de la clase política, no existe política sin dinero. Por ello, plantea que la discusión debe hacerse “en frío y preguntarse de dónde se quiere que provengan los recursos que financian la actividad política”.
A su juicio, el modelo adoptado en los años noventa sigue siendo el más adecuado para preservar la equidad y la legalidad del sistema.
Riesgos autoritarios y llamado a la ciudadanía
En un contexto marcado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones, Woldenberg llama a la ciudadanía a no reducir la discusión de la reforma electoral a un tema de ahorro presupuestal.
Dice que el financiamiento destinado a elecciones y partidos es mínimo si se compara con el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que centrar el debate exclusivamente en el costo de la democracia responde a una lógica demagógica.
Desde su perspectiva, México ha experimentado en los últimos años retrocesos significativos en materia democrática. Enumera, entre otros, “la desaparición de una Suprema Corte independiente, la eliminación de órganos constitucionales autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la ampliación de las causales de prisión preventiva oficiosa”. Todo ello, dice “configura un escenario de debilitamiento institucional”.
Por tanto, alerta, una reforma electoral diseñada “desde el gobierno para el gobierno podría convertirse en un nuevo eslabón hacia el autoritarismo”.
Si bien reconoce que el sistema electoral mexicano requiere ajustes y mejoras, consideró que, bajo las condiciones actuales y con los planteamientos que han trascendido, quizá lo mejor sería no impulsar ninguna reforma: “Lo que deberíamos estar discutiendo es cómo fortalecer nuestra democracia germinal, no cómo destruirla”, concluye.
Guillermo Rivera
