Piden al organismo internacional que haga un llamado al Estado mexicano para que atienda las causas del problema que provoca el desplazamiento forzado interno
Chilpancingo, Guerrero, 17 de marzo de 2026. Durante la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó en Guatemala el 13 de marzo, organizaciones, defensores y víctimas, entre éstas la directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) de Guerrero, Teodomira Rosales Sierra, alertaron que los desplazamientos por la violencia se han convertido en una “crisis humanitaria”, en México.
En un comunicado del Centro Morelos difundido este lunes, se establece que las agrupaciones que participaron pidieron a la CIDH que ante la gravedad del problema haga un llamado al Estado mexicano, para que atienda las causas de la violencia que provoca el desplazamiento interno forzado; la aprobación de una ley nacional y leyes secundarias en las que se reconozca el problema y se apliquen políticas de prevención y atención de los tres poderes y los tres órdenes de Gobierno.
En la audiencia participó el representante permanente de Mexico ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Alejandro Encinas Rodríguez; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra; la representante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Janeth Carrillo Díaz; el representante del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, Julio César Franco Gutiérrez y la directora de Foro para el Desarrollo Sustentable, Rosario Alcaraz.
De acuerdo con el comunicado, en su intervención, la directora del Centro Morelos, Rosales Sierra, quien desde el 15 de mayo del 2020 es víctima de desplazamiento forzado, explicó que en Guerrero el desplazamiento por la violencia está vinculado al control del territorio, a las economías ilícitas y a la explotación de recursos naturales y minerales en las distintas regiones de la entidad.
“Esto obliga a que cientos de familias hayan sido desplazadas de sus comunidades abandonando todo el patrimonio que habían construido en su vida”, relató en su testimonio la activista.
Explicó que el Centro Morelos ha dado acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado desde el 2011, e informó que desde entonces hasta el 2024, hay un registro de 26 mil 700 personas desplazadas en las diferentes regiones de la entidad.
Contó que a partir del 2011 se conocieron los primeros desplazamientos por la violencia del crimen organizado en las comunidades de La Laguna y Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán.
Según el comunicado, Rosales Sierra dijo ante la CIDH que el desplazamiento más numeroso de personas ocurrió en el 2018 cuando dos mil personas salieron de comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.
La activista se refirió en este caso al desplazamiento de cientos de familias por la presión de la autodenominada Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Dijo en la CIDH que el Centro Morelos que dirige ha logrado “avances importantes” en cuanto a la defensa de los desplazados, como la aprobación de la Ley 487 en 2014, la tipificación del desplazamiento interno como delito en 2021 y la Recomendación 171/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero denunció que a pesar de estos avances, en los hechos las familias desplazadas siguen sin atención, sin seguridad, sin una reubicación digna, sin la reparación integral y no hay garantías de no repetición.
Indicó que las familias víctimas de desplazamiento necesitan atención emocional y acompañamiento psicosocial porque el daño que sufren no es solo material, sino que “es más fuerte y profundo en lo emocional”.
Los representantes de las agrupaciones participantes coincidieron, según el comunicado, que el desplazamiento por la violencia en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca se ha convertido en una “crisis humanitaria y en una violación continuada de derechos humanos”.
Refiere, además, que las organizaciones explicaron que las dinámicas del desplazamiento forzado se encuentran vinculadas con las “nuevas tecnologías de la violencia, como el uso de drones con explosivos que generan miedo colectivo y obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares”, y que las familias, al salir desplazadas, pierden todo; “sus viviendas, medios de vida, redes comunitarias, cultura y estabilidad económica”.
De acuerdo con el comunicado, Julio César Franco Gutiérrez del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán denunció que cuando las comunidades se desplazan, no encuentran una ruta clara de protección, y que la respuesta institucional se ha limitado a despliegues de seguridad y apoyos asistenciales, que carecen de una política integral de prevención, protección y reparación”.
Andrea Pochak, relatora sobre Movilidad Humana, habló de la necesidad de que las autoridades reconozcan el problema, “porque esto da pauta al diálogo y a superar el fenómeno”.
Rosario Alcazar, directora de Foro para el Desarrollo Sustentable advirtió que existe una desarticulación entre distintos órdenes de gobierno, “y hay respuestas fragmentadas al fenómeno”.
Se informó que Alejandro Encinas aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo del 2025-2030 establece las directrices para el diseño de una política integral, medidas de prevención y solución.
Asimismo, rechazó que los desplazamientos internos sea un problema generalizado en todo el país.
El escrito refiere que lo secundó la embajadora de Mexico en Guatemala, Luz Elena Baños, quien, al citar datos de la CNDH dijo que de 145 expedientes de queja relacionados con desplazamientos, el 97.9 por ciento están concluidos, y que se han implementado medidas para atender esta situación y que además el 60 por ciento de los desplazamientos se concentran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Conforme al texto, las organizaciones que representaron a las víctimas en esta audiencia pidieron garantizar un presupuesto suficiente y específico para la atención del fenómeno, e incorporar una ruta de atención psicosocial y reconstrucción del tejido social y comunitario; asimismo, que se exhorte al Estado mexicano a fortalecer el acceso de las personas desplazadas al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También demandaron que se establezca un mecanismo nacional de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para una atención efectiva a las víctimas y sus representantes, además de promover espacios de diálogo entre autoridades, organizaciones y comunidades afectadas.
Zacarías Cervantes/Foto: Tomada de Internet
