Ciudad de México, 25 de marzo de 2019. Ante la realización de megaproyectos por parte del nuevo Gobierno federal como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, organizaciones civiles advirtieron que podría haber una escalada de violencia contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Durante la presentación del Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Rodrigo Da Costa, investigador de Amnistía Internacional, dijo que, de acuerdo con el INEGI, desde el 1 de diciembre hasta hace una semana, han sido asesinados 15 activistas, de los cuales alrededor de siete eran defensores del medio ambiente.
“Para nosotros eso representa que ha habido una escalada de los ataques contra personas defensoras”, dijo.
Alejandra Leyva, abogada del CEMDA, expuso que de acuerdo a los informes que presenta la organización año con año, cuando no se respetan los derechos humanos y los derechos colectivos de pueblos indígenas, hay una escalada de violencia.
“Nos preocupa que el cambio de Administración no sea un parteaguas, la situación de violencia continúa”, afirmó en entrevista con el diario Reforma.
“Tienen que haber medidas contundentes para construir una política integral de protección, en la cual uno de los principales pasos es que el Estado reconozca su responsabilidad en la protección de los activistas”, añadió.
En el evento, los activistas recordaron el caso de Samir Flores, principal opositor al proyecto de la termoeléctrica La Huexca, impulsado por el Gobierno del presidente López Obrador, quien fue asesinado el pasado 20 de febrero.
Unos días antes del homicidio, el Mandatario mexicano llamó radicales de izquierda y conservadores a quienes se oponen al funcionamiento de la termoeléctrica La Huexca.
“Se debe cambiar el discurso de que las personas defensoras son opositoras. Al contrario están haciendo actividades de defensa de derechos humanos en este país”, aseguró Leyva.
Afirmaron que además de fortalecer el Mecanismo de Protección para la Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las autoridades mexicanas deben de respetar la legislación y realizar evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas de los proyectos, así como llevar a cabo consultas a los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectadas por los proyectos, para así evitar desde el principio las agresiones a los defensores de los derechos ambientales.
“Por eso para nosotros es muy importante que existan evaluaciones de impacto ambientales y sociales previas a la realización de los proyectos”, afirmó Leyva.
“En el proceso de implementación de un megaproyecto cuando existan agresiones a personas defensoras deberían de ser suspendidos estos megaproyectos”, añadió.
Asimismo urgieron al Senado ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue suscrito en las Naciones Unidas el pasado 27 de septiembre de 2018, y que obliga a los Estados a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Registran 21 asesinatos en 2018
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó 21 asesinatos de personas defensoras de derechos ambientales de enero a diciembre de 2018.
Asimismo, registraron 49 ataques en total a estos activistas entre homicidios, criminalización, amenazas, agresión física, intimidación, hostigamiento, privación ilegal de la libertad y allanamiento.
“Nosotros vemos una alza en la violencia”, aseveró Alejandra Leyva, abogada de la asociación.
Expuso que les preocupa que en años anteriores a 2016 el homicidio no era la principal agresión, este año se colocó en el primer lugar.
“Se han modificado los patrones hacia una violencia mucho más agresiva”, lamentó.
Según el estudio, Puebla, Oaxaca y Chihuahua son los estados donde se han registrado el mayor número de agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
La mayoría de los ataques se generó en el contexto de la disputa fue por la tierra y el territorio, y el mayor número de ataques ocurridos tiene que ver con proyectos de infraestructura.
En 36 por ciento de los casos, el propio Estado fue señalado como el agresor; el 54 por ciento, son autoridades estatales.
Texto: Isabella González / Agencia Reforma / Foto: @CEMDA (Twitter)
